¿En qué consiste? ¿Qué familias pueden acogerse?: claves de la red pública de canguros aprobada por el Gobierno

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a la transferencia de créditos del Plan Corresponsables, una iniciativa diseñada por el Ministerio de Igualdad que tiene por objetivo facilitar la conciliación de las familias, especialmente las mujeres, con menores de 14 años a cargo. El acuerdo, que según la Secretaría de Estado de Igualdad se ha negociado con las comunidades en los últimos meses, deberá ser ratificado por la Conferencia Sectorial, y se espera que en abril ya esté en marcha. La idea es crear una “bolsa estatal de cuidados” para implicar al Estado en la conciliación, pero este primer año está concebido como un proyecto “piloto” con un importe austero (190 millones de euros) dirigido, de momento, a familias “prioritarias”. Estas son sus principales claves:

¿En qué consiste?

El Plan Corresponsables está dividido en tres líneas principales de actuación. Y serán las comunidades, que recibirán el crédito en forma de transferencias directas, las que deberán desarrollar las tres obligatoriamente. La más destacada será la “habilitación de servicios de cuidado profesional” que puedan prestarse en el domicilio, por un número determinado de horas semanales, es decir, de 'canguros' a domicilio. También podrán prestarse en dependencias públicas “como escuelas, centros municipales o polideportivos, entre otros”, destaca la propuesta de acuerdo.

La segunda línea será el fomento del empleo “de calidad” en las bolsas de cuidado. Especialmente de jóvenes con perfiles profesionales como técnicos de actividades socioculturales, monitores de ocio y tiempo libre, técnicos superiores de animación sociodeportiva, educación infantil o auxiliares de guardería y jardín de infancia. También de personas con experiencia profesional en el cuidado, especialmente mujeres mayores de 45 años, especifica el texto. Esto sea hará a través de convenios con el SEPE o los organismos de empleo autonómicos.

Y el tercer punto es el diseño de mecanismos públicos “de acreditación” de la experiencia profesional en el cuidado, precisamente con el objetivo de habilitar a estas personas para que puedan incorporarse a las bolsas de cuidado profesionalizadas. Fuentes de Igualdad han aclarado que esto está pensado específicamente para las mujeres “que llevan toda la vida cuidando de forma precaria y a las que se les paga en B por hacer un trabajo de cuidados” y con el objetivo de que “puedan pasar a formar parte del mercado laboral en condiciones dignas”.

¿Cuál es el objetivo?

La idea es dar un primer paso en el diseño de “sistemas integrales de cuidados” que promuevan la corresponsabilidad entre “hombres y mujeres, el Estado, el mercado, las familias y la comunidad” y hacerlo “desde una concepción que eleve el derecho al cuidado al rango y protección de otros derechos humanos”. Ya era una realidad evidente antes de la emergencia sanitaria, pero la COVID-19 ha ampliado la brecha de género en este ámbito, debido a que los cuidados recaen especialmente sobre las espaldas de las mujeres, condicionando su vida y su participación en el ámbito laboral. Por ello, según Igualdad, esta política adquiere en estos momentos “una relevancia mayor”. De hecho, Barcelona está ensayando también un sistema similar a través de seis puntos públicos de cuidados para familias que tengan urgencias en la conciliación.

¿Quiénes podrán acogerse?

Durante este primer año de implantación, la medida está pensada de forma “prioritaria” para la atención de familias monoparentales, víctimas de violencia machista, mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres mayores de 45 años o a unidades familiares en las que haya otras personas dependientes además de los hijos o hijas menores de 14 años. Además, se tendrá en cuenta le nivel de renta de quienes pretendan acogerse al programa, aunque el acuerdo no concreta baremos.

¿Con qué presupuesto cuenta?

El Ministerio destinará 190 millones de euros para esta política que define como “proyecto semilla” que prevé que camine hacia el establecimiento en España de un sistema estatal de cuidados. Por el momento, Igualdad reconoce que el presupuesto es austero, de ahí que durante el arranque tenga un público objetivo muy concreto, pero sí es “un primer paso” en un escenario, el de los cuidados, en el que “apenas hay iniciativa política en nuestro país”, ha trasladado la ministra portavoz María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, fuentes del departamento de Irene Montero confían en que “a partir de 2022 sea bastante mayor la cuantía” con el objetivo de ampliar el número de familias beneficiarias.

El acuerdo especifica que no se exigirá compromiso de cofinanciación a las comunidades, pero en las fichas de presentación de proyectos deben consignar qué cantidad total han asignado a los programas, desagregando la que corresponde al Ministerio y la aportada “con cargo a fondos propios o de terceros”. Sin embargo, la exigencia de copago, explican fuentes de Igualdad, “será un asunto a valorar después de este primero año”, algo que no se exige este 2020 porque “entendemos la necesidad”.

¿A cuántas personas se podrán contratar?

Aún no hay una previsión de contrataciones ni de número de familias que se podrán acoger. Es algo que, según ha explicado el ministerio, deberán hacer las propias comunidades autónomas. Las acciones concretas con las que se materializarán las líneas del plan dependerán también de las autonomías, a las que Igualdad ha dado un amplio margen de actuación. Con todo, deben informar a Igualdad de los proyectos.

¿Cómo se garantizará el empleo digno y de calidad?

Uno de los objetivos del proyecto es fomentar empleo “digno y de calidad” en el sector de los cuidados, pero el acuerdo no establece concretamente qué se considera tal y cómo se va a garantizar. Ante la ausencia “líneas rojas” en este sentido, fuentes de Igualdad explican que “ va a haber una comisión de trabajo conjunto entre el ministerio y las comunidades para hacer un seguimiento y controlar que se ejecuta bien”, pero reconocen que los criterios “son relajados” porque “este primer año en el que la situación está como está, la prioridad es que se pueda atender a las familias de forma urgente”.

¿Cómo se repartirá el dinero entre las comunidades?

Los criterios que se tendrán en cuenta para la distribución de los fondos son la población menor de 14 años, la superficie, la dispersión de la población y las grandes urbes, además de las especiales características de las islas y de Ceuta y Melilla. De acuerdo con esos parámetros, Igualdad señala que la comunidad que más recibirá será Andalucía, con algo más de 30 millones de euros, por delante de Cataluña (23,1), Madrid (22,1), la Comunidad Valenciana (16,4), Castilla-La Mancha (16,2), Castilla y León (15), Galicia (10,7) y Aragón (10,4). Les seguirán Canarias (9,8), Extremadura (9,7), Murcia (7), Baleares (4,9), Asturias (4,4), La Rioja (3,3) y Ceuta y Melilla, con 1,7 millones cada una. 

¿Qué pasos quedan?

Lo que ha hecho el Consejo de Ministros este martes es autorizar los créditos, que es un paso habitual para cualquier política cuyo importe supere los 12 millones de euros. El plan ha avanzado en los últimos meses mediante la negociación con las autonomías, que según Igualdad han acogido “positivamente” el plan, pero deberá ser ratificado en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad, que el ministerio prevé “para finales de marzo o principios de abril”. Una vez se cuente con el acuerdo definitivo de todas las comunidades, “estaríamos en disposición de hacer las transferencias”, destaca el departamento de Irene Montero.