El Constitucional rechaza el último recurso de las afectadas por el medicamento para la menopausia Agreal
El Tribunal Constitucional ha rechazado el último recurso de las mujeres afectadas por los efectos secundarios del medicamento Agreal, suministrado durante dos décadas para paliar algunos síntomas de la menopausia.
La sala segunda del tribunal de garantías, según ha sabido elDiario.es, rechazó este lunes la petición de la Asociación Agreal Luchadoras de considerar que las autoridades sanitarias españolas habían incurrido en inactividad al no atender sus peticiones y reclamaciones en los últimos años contra los laboratorios Sanofi.
El medicamento Agreal se comercializó en España entre 1983 y 2005 y estaba pensado para mujeres con menopausia para hacer frente a los sofocos que produce. Su principio activo era la veraliprida y fue en 2004 cuando las primeras alertas saltaron en el Sistema Español de Farmacovigilancia: había casos de trastornos y síndrome de abstinencia en mujeres que habían tomado el tratamiento y un año después la Agencia Española de Medicamentos revocaba la autorización para comercializarlo. Fue retirado definitivamente de las farmacias en septiembre de 2005.
Los cálculos de la asociación hablan de varios miles de mujeres afectadas que impusieron cientos de demandas en los tribunales, la inmensa mayoría rechazadas, sobre todo por prescripción: había pasado demasiado tiempo. La Audiencia Nacional, según explica el propio tribunal en algunas de sus resoluciones, ha dictado más de 90 sentencias rechazando este tipo de reclamaciones y en este pleito afirmó que “no se estaba ante una intoxicación masiva, sino que la retirada se basó en una reevaluación del balance beneficio- riesgo”.
“La aparición de reacciones adversas no implica por sí misma que se esté ante una especialidad farmacéutica defectuosa”, añadió el tribunal antes de rechazar la responsabilidad de las autoridades sanitarias españolas por inactividad. Entre otras cosas, la asociación de afectadas reclamaba que la Agencia Española del Medicamento reconociera los efectos adversos, elaborara un informe al respecto y la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar sobre el tema.
El caso también se llegó a tramitar sin éxito por la vía penal. La Audiencia Nacional archivó hace un lustro la querella que la misma asociación presentó contra el grupo francés Sanofi y varios de sus directivos por delitos de lesiones. Los jueces reconocieron que el medicamento se dejó de comercializar a nivel europeo, pero sin que se hubiera acreditado que su consumo generase reacciones adversas masivas en las pacientes.
La sala segunda del Constitucional, formada por seis magistrados, ha decidido rechazar este recurso. Fuentes del tribunal explican a elDiario.es que, entre otros argumentos, no se puede acusar a las autoridades sanitarias de inacción ante las reclamaciones de las afectadas por Agreal: existió la respuesta administrativa, aunque haya sido contraria a su recursos y peticiones para buscar reparación por los efectos secundarios de un medicamento que, denuncian desde hace años, ha “envenenado” a “mujeres de toda España”.
Depresión, ansiedad y síndrome de abstinencia
A lo largo de las últimas dos décadas, las afectadas por este síndrome y los efectos secundarios del medicamento han denunciado que el Grupo Sanofi diseñó un producto farmacéutico “que causaba daño a la salud, inventándose una indicación farmacológica sin base científica”, omitiendo alertas públicas y ocultando, según dijeron por ejemplo en una querella desestimada en 2019, que había ensayos que mostraban desde el principio la posibilidad de esas “reacciones adversas”. Acusaban a Sanofi y sus filiales de haber puesto en marcha un medicamento que causó “trastornos neurológicos, psiquiátricos y reumatológicos”.
Los jueces rechazaron sus reclamaciones por la vía civil y también por la penal, llegando a acusar a las afectadas de haber iniciado todos estos procedimientos judiciales si aportar “base científica”, lo que la Audiencia Nacional definió como “un intento de conseguir una reparación denegada” presentando “distintos estudios médicos que de manera interesada tratan de desmentir” las conclusiones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, “coincidentes” según la Audiencia Nacional con las autoridades sanitarias europeas.
La vía penal quedó enterrada y entonces las afectadas, a través de la asociación, emprendieron un nuevo camino legal buscando que los tribunales declararan la inactividad del Ministerio de Sanidad “al no reconocer el síndrome por Agreal y los daños ocasionados por el fármaco y no permitir que los médicos puedan conocer la etiología del daño”. Una reclamación rechazada en 2020 por la Audiencia Nacional y que ahora también ha desestimado de forma definitiva el Constitucional.
Las asociaciones denunciaban que la actuación de las autoridades sanitarias españolas habían lesionado sus derechos fundamentales a “la integridad física, moral, libertad, igualdad, honor y tutela judicial efectiva”. La Abogacía del Estado, en su oposición a su última reclamación, explicó que la Audiencia Nacional había dictado “más de 90” sentencias desestimando sus recursos y denuncias. En los que las afectadas afirman que el Agreal arruinó sus vidas.
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