Crear una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia de conocimiento a la sociedad y mejorar la gestión de la I+D+i. Estos son los tres principales objetivos que persigue la reforma de la Ley de Ciencia, que acaba de sacar a información pública el ministerio que dirige Diana Morant y que es la segunda versión del mismo tras la que había presentado su antecesor, Pedro Duque, que fue muy criticada por la comunidad científica en algunos aspectos que ahora han sido modificados.
Para mejorar el sector, el anteproyecto de la Ley de la Ciencia, Tecnología y la Innovación –que aún está abierto a sugerencias de mejora hasta el próximo 26 de enero– propone ampliar a entre tres y seis años la duración de los contratos de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Investigación (SECTI), crear una modalidad de contratación indefinida, facilitar el acceso de los jóvenes investigadores a los puestos titulares, incluye indemnizaciones por fin de contrato para pre y posdoctorales, introduce varias medidas para fomentar la igualdad de género en el sector, para mejorar la transferencia, como la creación de sexenios específicos, reduce la carga burocrática que ahoga y limita a los investigadores y se acuerda del personal técnico desarrollando su carrera, entre otras medidas.
Desde la sección sindical de CCOO en el CSIC creen que la nueva redacción de la ley “mejora sustancialmente” respecto a la primera versión del texto, “pero sigue sin resolver los problemas más importantes que afectan al sistema científico técnico español”, tanto los estructurales como los de nuevo cuño que ha creado la crisis del coronavirus, explican desde el sindicato.
Un nuevo contrato indefinido
Una de las principales novedades de la propuesta del Gobierno es la introducción de un nuevo contrato indefinido que sustituirá los actuales contratos por obra y servicio que tienen miles de investigadores. El ministerio pretende dar estabilidad a los investigadores con esta nueva modalidad de contratación, que tiene el objeto de “ejecutar tareas vinculadas a líneas de investigación o a servicios científico-técnicos” y que “podrá ser para personal científico o para personal técnico y de gestión”.
Además, este nuevo contrato no estará sujeto a la tasa de reposición (a que se jubile otro investigador para ocupar esa plaza) “si dispone de financiación externa o procedente de convocatorias en concurrencia competitiva”.
Esta medida se enmarca en la reforma laboral que tramita el Gobierno, que CCOO califica de “gran oportunidad” para reducir la “altísima temporalidad” en el sector, que cifra en un 45% en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y un 30% en los Organismos Públicos de Investigación (OPI).
Para el sindicato, sin embargo, la tasa de reposición debería desaparecer por completo y aunque admite que esta medida “avanza en la estabilización del personal” sostiene que debe ir acompañada cada año de “un compromiso del Estado de dotar al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Investigación (SECTI) con un número suficiente de plazas para que, a medio plazo, estos trabajadores y trabajadoras puedan optar a un puesto fijo en la administración”.
Este cambio, que parte del Real Decreto de medidas urgentes para la reforma laboral aprobado a finales del pasado año, no ha encantado a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) –en los campus se da una buena parte de la investigación pública en España–, que alerta de que podría impedir la contratación de 25.000 investigadores en las universidades españolas, que utilizan esta fórmula habitualmente para proyectos de investigación. La CRUE solicita “una alternativa” o que se amplíe el plazo de tres meses que el RD otorga para adaptarse a esta disposición.
Hacia una estabilización de la carrera
Ofrecer una carrera más estable y con posibilidades de desarrollo es otro de los objetivos que tiene el texto de Ciencia, según el ministerio. Para ello, se amplía la duración que tienen los actuales contratos de acceso al sistema investigador, de entre un año y cinco, por un mínimo de tres años y un máximo de seis. Estos contratos, que dan acceso a universidades públicas, organismos, fundaciones y consorcios de investigación públicos, tendrán una docencia limitada a 100 horas para que los investigadores se puedan centrar en su labor principal. Además, se contempla que tengan derecho a indemnización (12 días por año trabajado), una reivindicación del sector de años.
Sin embargo, el plan se queda a medias, según CCOO, porque aunque califica de “gran avance” estas indemnizaciones lamenta que no tendrán carácter retroactivo y solo aplicarán a los contratos firmados a partir de la entrada en vigor de la ley. Además, lamenta el sindicato, el desarrollo normativo “carece de la definición necesaria relativa a retribuciones base, derechos a complementos, independencia para la solicitud de proyectos propios y un largo etcétera”.
El anteproyecto del Gobierno incluye para estos contratos de acceso una evaluación a la labor investigadora del contratado pasado el segundo año de contrato, que en ningún caso supondrá un despido, aclara el texto. Sí podrá incluir un aumento salarial si se supera y el contrato está financiado por el Gobierno (aunque esto es una declaración de intenciones que se queda fuera de la ley) y sobre todo permitirá a la persona contratada obtener el certificado R3 de investigador establecido, lo cual a su vez le eximirá de tener que realizar algunas partes de las pruebas de acceso a científico titular en los Organismos Públicos de Investigación (OPI). El 15% de las Ofertas de Empleo Público (OPE) de las Universidades y el 25% de las de los OPI tendrán que reservarse para este perfil.
“La reserva un 15% de la OEP para el personal que ha obtenido el certificado R3 (antiguo I3) tras su contrato Ramón y Cajal ya existe en las universidades.”, rebaja el anuncio CCOO. Además, el sindicato afea a Ciencia que limite la obtención de este certificado al personal doctor que ha realizado su carrera posdoctoral en programas considerados “de excelencia” por considerarlo “claramente insuficiente para promover la recuperación del talento perdido” y propone a cambio que se abran las convocatorias a todo el personal que tenga una experiencia mínima de entre tres y seis años “al margen de dónde hayan adquirido esa experiencia”.
Críticas de los colectivos investigadores
Para el colectivo FPU Investiga, en estos contratos “mileuristas con una altísima competencia”, el Gobierno de España, “deja de lado a 15.000 jóvenes investigadores”. Critican también otras cuestiones como la ausencia de la Elaboración de un Estatuto del Personal de Investigación o del incremento de la remuneración mínima de los contratados predoctorales desde el inicio.
Por ello, junto a otros doce colectivos, rechazan de manera rotunda “esta injusta discriminación”, en un comunicado al que ha tenido acceso este diario. Y anuncian movilizaciones para el 7 de febrero, “si no hay una rectificación por parte del Ministerio, coincidiendo con la comparecencia de FPU Investiga en el Congreso”.
Menos carga burocrática
Ciencia trata de atacar también con su propuesta uno de los grandes problemas en los laboratorios, la gran carga burocrática que tienen los científicos y la complejidad para justificar cada pequeño gasto que necesiten realizar. Para ello, el anteproyecto de ley propone simplificar la justificación de subvenciones, de manera que la comprobación de los gastos se hará por muestreo y no en su totalidad, y se permitirá también la concesión directa de ayudas a proyectos que ya hayan sido evaluados por otros organismos españoles.
Sexenios de transferencia e impulso a la igualdad
España es un país que investiga mucho, pero todo ese conocimiento no acaba llegando a la sociedad. Desde el Ministerio de Ciencia repiten siempre un dato que ilustra esta situación: España es el 11º país del mundo en producción científica, pero el 30º en innovación. El ministerio pretende corregir esta disfunción.
Para ello, propone reconocer los sexenios de transferencia, con efectos retributivos y de promoción, para incentivar a los investigadores. También regula el anteproyecto la compra pública de innovación, entre otras medidas.
El texto también incluye propuestas para avanzar hacia la igualdad de género en el sector. El anteproyecto de ley incluye varias medidas en esta línea, entre las que destacan la obligatoriedad de que todos los organismos de investigación tengan un plan de igualdad y un protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo; medidas de “acción positiva en favor de las mujeres (...) para apoyar el progreso de las mujeres en la carrera científica”; asegurar una “composición equilibrada” de los comités de evaluación y premios, que deberán tener al menos un 40% de mujeres; y se incluye también la creación de un distintivo de igualdad de género para los organismos de investigación. La ministra Morant explicó a este diario que la intención del ministerio es que este sello implique beneficios a los organismos que lo obtengan.