Las residencias, de nuevo foco de preocupación ante el aumento de casos en estos centros

El aumento de los brotes de coronavirus en toda España está llevando a que las comunidades estén intentando frenarlo elaborando planes de choque que pasan por limitar las reuniones o limitar el ocio nocturno, dos de los principales motivos de contagios. Pero existen otros brotes que precisamente llaman la atención por poner en peligro a uno de los colectivos más vulnerables de la pandemia: los de las residencias.

Una de las que está en el punto de mira es la residencia de la tercera edad de Burbáguena (Teruel), que suma 11 trabajadores contagiados (otros 4 guardan cuarentena) y 63 residentes positivos en COVID-19, de los que cuatro han fallecido, aunque uno de ellos por otra patología.

Aunque desde la residencia de Burbáguena han asegurado que han cumplido todo el protocolo e informado “de manera impecable” a las autoridades, que tuvieron conocimiento de la situación en el momento en el que se conoció el primer positivo, el Gobierno de Aragón ha anunciado que llevará la residencia a los tribunales dada “la gravedad de lo ocurrido y los indicios de delito detectados”.

Otra residencia de Aragón, en este caso en Chimillas (Huesca), detectó un brote a finales de la semana pasada tras dar positivo una de las empleadas. En la actualidad, hay 63 casos positivos, de los cuales 53 son residentes y diez trabajadores. Además, seis de estos residentes afectados por la COVID-19 fueron trasladados al Hospital San Jorge de la ciudad de Huesca y permanecen en planta.

En el caso de Cantabria, un nuevo brote de coronavirus en una residencia de ancianos detectado este pasado sábado, y que ha sumado en las últimas 24 horas otros tres nuevos positivos, ha hecho saltar otra vez todas las alarmas.

Apenas 15 días se han mantenido 'limpias' estas instalaciones, principales puntos negros de la pandemia en la comunidad autónoma, ya que al menos 139 de los 212 fallecidos notificados hasta el momento en Cantabria como consecuencia de la COVID-19 eran personas mayores que vivían en residencias, lo que supone casi un 70% del total de las víctimas durante la crisis sanitaria. En este caso el gobierno regional no ha querido informar del centro del que se trata para “no crear alarmismo”, aunque esta no es una postura compartida por la Federación Empresarial de la Dependencia (FED).

La asociación “ve absurdo” que no se diga en qué residencia ha surgido un caso de COVID y pide que se concrete donde ha sido. “Estamos totalmente en contra de que no se diga qué residencia tiene el positivo”, señala a Efe el presidente de la FED, Rubén Otero. Y lo rechazan por varios motivos, fundamentalmente por la tranquilidad de las familias y de los propios centros y trabajadores. “Hay familias que tienen residentes en varias residencias. Y puede que yo reciba a un familiar de ese caso en mi residencia y no tomar medidas”, apostilla.

La residencia Mare Güell, de Cervera (Lleida), también registró un brote de coronavirus que afecta a residentes y trabajadores, según informó este sábado fuentes del Departamento de Salud sin dar mucho más detalles al respecto más allá que los cuatro casos detectados esta pasada semana (y que han aumentando) y que Salud ha obligado a confinar en sus casas a varios empleados y a aislar a los residentes positivos.

Las residencias, investigadas por su gestión

Las residencias han sido uno de los mayores focos de la epidemia en toda España por el efecto del virus en esta población, pero la gestión de estas ha provocado que la Fiscalía tenga actualmente abiertas en España 178 diligencias civiles y 228 diligencias de investigación a estos centros por hechos vinculados con la situación de los residentes durante la pandemia por la COVID-19. La Comunidad de Madrid es la región que más diligencias acumula (147) , seguida de Cataluña (28), Castilla-La Mancha (23), Castilla y León (18) y Galicia (14). 

El 18% de los usuarios (7.690) de geriátricos madrileños fallecieron entre marzo y mayo, en los momentos más duros de la pandemia. Casi uno de cada cinco, pero el Gobierno regional solo ha intervenido 14 de los 710 centros, el 2%. Tampoco ha llegado a medicalizar los geriátricos, como prometió la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al inicio de la pandemia.

De hecho, el responsable de las residencias de Madrid, Óscar Álvarez, dimitió a finales de junio en medio de una polémica incesante sobre la gestión de los geriátricos durante la crisis sanitaria, aunque alegando que su renuncia se debe a “motivos de salud”.

Mortalidad en las residencias afectadas

Porcentaje de defunciones sobre las plazas totales en los centros donde hubo alguna muerte por COVID-19. Los datos se muestran por región sanitaria. Haz clic sobre el mapa para tener más información

Fuente: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya) vía Transparencia

Tampoco se libran las residencias catalanas: el 59% de los geriátricos de toda Catalunya (631 de 1.073) registraron muertes por COVID-19 durante los meses más duros de la pandemia, según el listado oficial de defunciones en estos centros al que ha accedido elDiario.es mediante una petición de transparencia.

Lo sucedido dentro de las residencias ha sido objeto de querellas por parte de familiares y también está siendo investigado por un juez de Barcelona. El pasado miércoles, agentes de la Guardia Civil acudieron a las conselleries de Economía, Salut y Afers Socials, por orden del juez, para recabar expedientes vinculados a la compra de material sanitario así como información de los ocho geriátricos intervenidos por la Generalitat durante el Estado de Alarma.

Paralelamente a esta investigación judicial, medio centenar de familiares de ancianos fallecidos en las residencias catalanas han denunciado ante la Fiscalía a 31 geriátricos. La denuncia colectiva considera que se cometieron delitos de omisión del deber de socorro y de homicidio imprudente en unos centros que, según los denunciantes, no tenían ni equipos de protección ni espacios suficientes para aislar a los enfermos de coronavirus.