La Comisión Europea se pronuncia dos años tarde sobre los contaminantes hormonales de plásticos y cremas
La Comisión Europea ha presentado hoy los criterios científicos para identificar las sustancias químicas que actúan como disruptores endocrinos. Una presentación que llega con dos años de retraso, lo que le ha valido a la comisión una condena del Tribunal Europeo de Justicia y una moción por parte del Parlamento Europeo. Básicamente confirma los criterios científicos de la OMS, sobre los que ya existía un amplio consenso.
“Está muy claro que bajo la presión de la industria, la Comisión ha intentado todos los trucos posibles para retrasar la decisión y basarla en criterios no científicos”, ha afirmado a eldiario.es David Azoulay, director del Centro de Derecho Ambiental Internacional, una organización no gubernamental que promueve la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos.
Además, Azoulay también ha señalado las estrategias en las que se ha basado la industria para torpedear el proceso, “desde la contratación de científicos para sembrar dudas a amenazar con un apocalipsis económico y agrícola en caso de que se adoptaran criterios puramente científicos”.
Una “amenaza global”, según la OMS
Los disruptores endocrinos (EDC, por su siglas en inglés) son sustancias químicas que son capaces de alterar el normal funcionamiento del sistema hormonal de los seres vivos. Aunque este tipo de sustancias también existe en la naturaleza, son de especial importancia en la actualidad por utilizarse de forma masiva a nivel industrial, particularmente en productos de uso diario como plásticos, cosméticos o plaguicidas.
Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud, elaborado en 2013, estos compuestos químicos son una “amenaza global” que hay que investigar en profundidad, ya que están vinculados a problemas reproductivos y pueden estar relacionados con cánceres de mama, de próstata y de tiroides.
Actualmente existen varias normas europeas que permiten regular aquellas sustancias químicas que resultan tóxicas para los seres humanos o el medio ambiente. Sin embargo, para aplicar la normativa es necesario establecer unos criterios que permitan la identificación de los disruptores endocrinos.
Para ello, en el año 2012 se encargó un informe científico que fue realizado por un consorcio de expertos liderado por Andreas Kortenkamp, investigador de la Universidad Brunel. En el informe se recomendaron una serie de criterios, pero el estudio fue discutido y dio inicio a un debate científico sobre los EDC y su posible regulación.
El debate científico no justifica el retraso
Sin embargo, la aparente falta de consenso científico no era tal, o al menos, no lo suficiente para retrasar la regulación. El pasado mes de abril un grupo de expertos que incluía tanto a partidarios de Kortenkamp como a opositores se reunió en Alemania para llegar a un consenso de mínimos. Una reunión que fue moderada por la bióloga Anne Glover, quien fue asesora científica del presidente de la CE entre 2012 y 2014.
El grupo publicó un documento con las conclusiones de la reunión, en el que aclaraban que “las diferencias de opinión” en cuanto varios aspectos de los EDC “no son un obstáculo para la definición de criterios científicos para su identificación” e hicieron hincapié en “que estas fuentes de incertidumbre no deben retrasar los esfuerzos actuales para regular los disruptores endocrinos”.
Dos años de retrasos
La CE ha justificado sus retrasos en la necesidad de hacer una evaluación del impacto, algo que ha sido criticado por varios estados de la unión. Finalmente, Suecia presentó una denuncia ante en Tribunal Europeo de Justicia (TEJ), que el pasado mes de diciembre dictaminó que la CE no había sido lo suficientemente rápida en la “identificación y la prohibición de productos químicos potencialmente dañinos”.
En su sentencia, el Tribunal considera que la CE tenía “una obligación clara, precisa e incondicional” de presentar “los criterios científicos para identificar las sustancias químicas que actúan como disruptores endocrinos y que eso debió haberse realizado el 13 de diciembre de 2013” y aclaró que ninguna disposición de la actual normativa europea obligaba a realizar una evaluación de impacto, con lo que rechazaba el argumento jurídico presentado por la comisión para justificar su retraso.
Presiones de la industria y de EEUU
En base a esta resolución judicial, los miembros del Parlamento Europeo aprobaron la semana pasada una moción, con 593 votos a favor, 57 en contra y 19 abstenciones, en la que se considera “inaceptable” que la comisión siguiera sin asumir sus obligaciones incluso después de la sentencia del TEJ y critica la realización de una evaluación de impacto, reiterando que la comisión “debe disociar cualesquiera intereses económicos de su obligación de establecer los criterios” científicos.
Además, los eurodiputados se mostraban “profundamente preocupados” por la información publicada por varias ONG, que achaca los retrasos a las presiones ejercidas tanto por representantes del sector industrial, como por responsables estadounidenses de asuntos comerciales en el contexto de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés).
A este respecto, la periodista francesa Stéphane Horel, que lleva más de tres años estudiando los retrasos de la CE, ha denunciado las presiones de los lobby para retrasar las nuevas restricciones. En un informe presentado el pasado mes de febrero, Horel denuncia cómo “una importante Iniciativa de Salud Pública de la UE ha sido bloqueada por lobos corporativos” y cómo “algunos funcionarios, a pesar de trabajar en servicios a cargo de la salud pública en la Unión Europea, parece que han servido a los intereses corporativos por encima de los intereses públicos”.
