La educación de las personas con sordera: casi la mitad carece de apoyos personales en el aula y solo un 10% tiene intérprete

Más del 40% de los alumnos con sordera no cuenta con recursos personales de apoyo en su centro educativo. En concreto, solo el 58% de los estudiantes con problemas más o menos severos de audición declara que sí tiene o tuvo algún recurso –como un profesor de audición y lenguaje o un intérprete de lengua de signos– durante todo su periplo educativo. El resto se las tuvo que apañar sin ello, según datos del estudio sociológico Situación socioeducativa de las personas con sordera en España, realizado por la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) en colaboración con el Ministerio de Educación.

El informe, realizado a partir de 793 encuestas a alumnos con sordera, señala que estos estudiantes se reparten por la red educativa en parámetros similares al resto de la población (71% en centros públicos, 22% en la escuela concertada) y que la mayoría, un 77%, está escolarizado en la modalidad de inclusión (en centros ordinarios).

Entre los indicadores de rendimiento escolar, su tasa de repetición es similar a la de la población general (un 30% ha repetido un curso, exactamente como el resto), como ocurre con la de graduación. Sin embargo, las personas con sordera no transitan hacia la universidad en la misma medida que los que no la tienen: el 23% de los jóvenes con entre 18 y 26 años acude a un campus a estudiar. Este dato es nueve puntos inferior al del conjunto de la población (32%).

Colegios sin apoyos

En el aspecto negativo, la mitad de los alumnos con sordera tiene una mala opinión sobre la adecuación de su centro para la atención a personas con discapacidad auditiva. Entre los estudiantes más mayores, de 18 a 26 años, el descontento es más grande aún: solo uno de cada tres está satisfecho con la adaptación de su centro.

Consideran los estudiantes con sordera que prácticamente la mitad de los profesores (de nuevo, el dato sube hasta el 58% entre los mayores cuando se discrimina la opinión por edad) no está cualificado para atenderles. La falta de formación en la mayoría de las ocasiones, pero también de interés, de recursos o de tiempo son los motivos principales de este descontento.

“Es una de nuestras demandas fundamentales, pedir la formación especializada del profesorado”, confirma Carmen Jáudenes, presidenta de Fiapas y responsable del informe.

En los colegios que sí tienen recursos, los más habituales son los profesor de audición y lenguaje (65%) y los de pedagogía terapéutica (44%). Un tomador de apuntes o recursos tecnológicos son otras de las herramientas habituales.

“Que el alumno que necesita un ILSE debe tenerlo todas las horas lectivas y en todas las actividades en las que participe es una necesidad más obvia, también es necesario que el niño que se comunica por vía oral y necesita para ello ciertas tecnologías las tenga, y a veces pasan hasta dos cursos, que los niños se pasan en blanco. Hay que facilitar ambos recursos, porque además el tecnológico es una inversión inicial, pero se haría al principio de la escolarización y ya sirve para toda la vida educativa”, explica Jáudenes.

Porque para los alumnos con sordera, que no haya un equipo DFM (tecnologías para que los alumnos con problemas auditivos puedan escuchar al profesor) puede suponer perder el curso. “Además de la presencia del equipo en sí, demandamos que se agilicen las reparaciones cuando son necesarias”, cuenta Jáudenes. “Si el equipo falla, los niños empiezan a suspender, fracasan en el curso o caen las notas por la dificultad en el seguimiento de las clases”, lamenta.

El sempiterno problema con los intérpretes

Además, el informe de Fiapas también señala que apenas el 17% de los alumnos con problemas auditivos que estaban en ese 58% de los centros que sí tenían apoyos educativos contaron con un intérprete de lengua de signos (ILSE) para seguir las clases. Dicho de otro modo, del total de alumnos con sordera, solo uno de cada diez tenía un ILSE a su disposición.

La cuestión de los intérpretes de lengua de signos en las aulas es una de las reivindicaciones habituales del colectivo. Cada comienzo de curso hay protestas de algunas familias y de los propios ILSE por la falta de profesionales en el sistema –pese a ser un derecho reconocido por la Convención de la ONU, a la que está adherida España desde 2008– y por las condiciones laborales que tienen los que sí están.

Aquí, como sucede a menudo en el ámbito educativo, la cosa va por barrios. “Como la gestión de los recursos es competencia autonómica, cada comunidad tiene una realidad”, explica Jáudenes. “Los centros que por su configuración tienen una opción educativa a través de la Lengua de Signos Española sí tienen intérpretes o figuras docentes que son capaces de comunicarse en LSE. Pero luego hay muchos otros colegios, la mayoría, que son centros de integración donde si hay niños que se comuniquen en LSE hay que hacer la solicitud”, añade. Es en estos donde a veces hay ILSE, a veces no.