Raquel, española emigrada en Dublín: “No me puedo poner enferma porque España me ha dejado sin atención sanitaria”

En septiembre de 2014, Raquel (prefiere no dar su apellido) se vio con una deuda de 100 euros “por cometer el error” de ponerse enferma. Vive en Dublín desde principios de 2013, cuando se dio por vencida y decidió emigrar por la falta de oportunidades laborales que le brindaba España. Lo que no sabía es que se iba a quedar sin protección sanitaria.

Esta salmantina es víctima de una disposición publicada en el BOE que, en la práctica, implica la pérdida de la residencia a efectos de la Seguridad Social para aquellos españoles que estén más de 90 días fuera de nuestras fronteras. A la normativa se suma el Real Decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 inmigrantes y que liga el derecho a la asistencia con la situación laboral, económica y administrativa de las personas. El resultado: el Gobierno no expide la Tarjeta Sanitaria Europea a los mayores de 26 años sin contrato indefinido que salgan del país más de tres meses, según denuncia el colectivo Marea Granate.

Raquel, que justo tiene esa edad, estudió Sociología, Ciencias Políticas y un máster. A pesar de su alto nivel de formación, estuvo seis meses en España buscando trabajo sin conseguirlo. Desde hace unos meses, es empleada en Dublín de una empresa en la que realiza tareas administrativas. “No me puedo poner enferma y, si me pongo, tengo que asumir que una buena parte de mis ahorros los gastaré en ello porque España me ha dejado sin asistencia sanitaria”, comenta. Hasta ahora, si una persona tenía la residencia española y la tarjeta sanitaria y se marchaba al extranjero, España se hacía cargo de su atención medica.

Sanidad durante 90 días

Tras recibir la factura de 100 euros que le costó su visita a urgencias, su madre intentó sin éxito desde España que ese dinero le fuera reembolsado. La Tarjeta Sanitaria Europea que Raquel presentó en la consulta estaba caducada, pero cuando solicitó la renovación, se la denegaron. “Solo se la dan a trabajadores con contrato indefinido, pensionistas o sus beneficiarios, que no son las personas que tienen que emigrar”, sostiene Álvaro, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal.

La única opción que el Gobierno les da es un Certificado Provisional Sustitutorio (CPS), que cubre la atención sanitaria durante 90 días como máximo. Un documento que “no se acepta en la mayoría de los países europeos porque España no paga”, asegura el colectivo Marea Granate. Raquel no tuvo opción de comprobarlo porque no ha necesitado volver al médico. Aun así, es escéptica: “Está escrito en castellano y sin ninguna certificación europea”.

Transcurridos los tres meses, su certificado ha caducado y se encuentra desprotegida. “Es una medida inhumana porque busca despojar poco a poco a las personas, empezando por las que están en situación irregular en España y las emigradas, de un derecho tan básico como es la asistencia sanitaria”, sostiene.

Estos 90 días que dura el CPS suelen ser “insuficientes para encontrar un trabajo con contrato indefinido”, explica Álvaro. No obstante, la situación sanitaria de los emigrados varía según el país de recepción pues, cuando España deja de protegerles, su atención médica depende de las normas de cada uno.

Bruselas pide explicaciones a España

A Lourdes Jiménez, que lleva seis meses viviendo en Nailsworth, un pequeño pueblo de Inglaterra, también le ofrecieron únicamente el Certificado Provisional Sustitutorio. Antes de irse de España había intentado gestionar por internet su Tarjeta Sanitaria Europea, pero se la denegaron. Cuando acudió a la Oficina de la Seguridad Social, cuestionándose los motivos, el funcionario que la atendió le contestó: “Eso pregúntaselo al PP”.

Una vez en el país de destino y cuando le iba a caducar el certificado, se puso en contacto con Marea Granate, que le ayudó a conseguir la tarjeta allí. Lourdes, que tiene 26 años, está cubierta por el Servicio Nacional de Salud británico pues, según le informaron, “está basado en la residencia”. “Si Reino Unido hubiera tenido la misma política que España, yo ahora estaría desprotegida”, explica. La joven sostiene, no obstante, que la sanidad allí “se encuentra amenazada y hay un importante movimiento social contra el TTIP para preservar el sistema nacional de salud”.

Esta situación está siendo investigada por la Comisión Europea, que ha pedido aclaraciones a las autoridades españolas, según recoge Europa Press. “La expedición sistemática de un Certificado Provisional Sustitutorio en lugar de la Tarjeta Sanitaria Europea para determinadas categorías de personas aseguradas no se ajusta a las normas”, asegura Marianne Thyssen, comisaria de Empleo y Servicios Sociales. Además aclara que el certificado solo deberá emplearse en circunstancias excepcionales: el robo o pérdida de la tarjeta o la partida en un plazo demasiado corto como para expedirla.

“Nos echan de la salud”

Lourdes, que estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual y trabaja como au pair con una familia, reconoce que, antes de saber que la sanidad británica le protegería, se planteó contratar un seguro privado. “Finalmente no lo hice, eso es lo que quiere el PP con esta legislación: privatizar nuestro derecho a la sanidad”, manifiesta. En la misma línea se expresa Raquel. Opina que se trata de “una medida neoliberal que cambia el sistema de sanidad universal por uno de asegurados, dejando a los demás en la cuneta”.

Ambas jóvenes forman parte del colectivo Marea Granate que, junto a Yo Sí Sanidad Universal, ha lanzado la campaña 'Nos echan de la salud' con el objetivo de denunciar esta situación. Las organizaciones desvelan además los “obstáculos” existentes para recuperar la cobertura sanitaria cuando vuelven a España. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, 705.000 españoles han emigrado desde el inicio de la crisis. Una cifra que, de acuerdo con los expertos, no representa toda la realidad.

De ellos, muchos son jóvenes que, como Raquel y Lourdes, hacen las maletas en busca de las oportunidades que España les niega. Al drama de la emigración forzada, ahora se une también el de la “exclusión sanitaria”, declaran los colectivos. “Es ridículo que lo hagan por no tener trabajo, ¡pero si precisamente nos vamos por eso!”, se lamenta Lourdes. Raquel se siente desamparada: “Evidentemente te lo piensas dos veces antes de acudir al médico porque eso significa que tienes que pagar”.