La tasa sobre el plástico empieza a reducir el atraso en impuestos verdes de España, todavía anclada al vagón de cola europeo

España es uno de los países de la Unión Europea que menos utiliza los impuestos verdes para proteger el medio ambiente. Está el cuarto por la cola en relación con su PIB, según refleja Eurostat: un 1,84% mientras que en la UE la media es del 2,4%. El nuevo impuesto a los envases de plástico no retornables previsto en el anteproyecto de ley de residuos es un paso, pero la brecha sigue siendo muy grande.

España recaudó por la fiscalidad ambiental 22.000 millones de euros en 2018. Supuso el 5,2% de todo lo ingresado. Esta por debajo del 5,99% de promedio en la Unión y todavía queda muy lejos del objetivo marcado en 2011 por la Hoja de Ruta de la Comisión Europea: un 10% para 2020.

La tasa para los envases de plástico de un solo uso planeada recaudará 724 millones de euros al año, según calcula el Ministerio de Transición Ecológica. “Es algo que había que hacer. Una necesidad para elementos que queremos dejar de utilizar”, analiza Mikel González-Eguino, investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático. De hecho, la Comisión Europea lleva años reprochando a España el bajo nivel de aplicación de impuestos ambientales que considera “extremadamente efectivos para modificar comportamientos”. La última vez, en 2019, Bruselas explicó que la aplicación de esta fiscalidad era “uno de los tres principales retos ambientales” para España.

Esta senda para recuperar la diferencia existente con el entorno comunitario estaba previsto cubrirse, entre otras cosas, con un impuesto a la navegación aérea (no al combustible de los aviones comerciales que está exento para los vuelos internacionales), cuyo camino se inició al mismo tiempo que este sobre los envases (el pasado 28 de febrero), pero que “está en una fase muy embrionaria de análisis”, según cuentan hoy fuentes el Ministerio de Hacienda. El objetivo contenido en la consulta pública previa sobre la implantación de esta medida era claro: “Fomentar la utilización de otros modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente”.

Justo en el sentido contrario, el sector aeronáutico ha pedido al Gobierno una batería de medidas de apoyo debido a la pandemia de COVID-19. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) junto a algunos sindicatos como el de pilotos SEPLA, remitieron al Ministerio de Transportes una batería de ayudas para relanzar la actividad. Entre ellas estaban, precisamente, la exención temporal del pago de tasas aeroportuarias y  fiscales además de no restringir la capacidad de la aeronaves.

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado este martes que la gestión del plástico es una de las principales preocupaciones ambientales. Ha expuesto que los residuos de este material producidos en España darían para llenar 45 veces el estadio Santiago Bernabéu cada año y que la basura que llega a los mares equivale a poner cinco bolsas llenas cada 30 centímetros en toda la superficie terrestre. La cantidad utilizada anualmente en España se va a los 3,5 millones de toneladas. 2,5 millones se convierten en residuos. Ribera ha argumentado que, aunque tiene cosas positivas, “necesitamos interiorizar sus costes”.  

Entre sus costes están, por un lado, los que provoca la gestión de los residuos: almacenaje, transporte o tratamiento de la enorme cantidad de desechos que se crea: 2,5 millones de toneladas cada año. Y por otro, los costes ambientales que causa la basura plástica abandonada en los ecosistemas tanto acuáticos como terrestres. El impuesto pretende “minorar las unidades puestas en el mercado”, es decir: a menos envases, menos basura. Y “alumbrar nuevos modelos de negocio y producción priorizando productos reutilizables”, según justificó Hacienda.

González-Eguino, experto en fiscalidad ambiental, coincide en que, con este tipo de medidas, “un pequeño gravamen, como se hizo con las bolsas de plástico, hace que los ciudadanos cambien mucho su forma de actuar”. En este sentido el impuesto sobre el plástico impuesto hace más de una década en Noruega redujo un 11% el uso del material. Este doctor en Económicas e ingeniero indica que “yo no me preocuparía por que los fabricantes trasladasen el impuesto al precio del consumidor ya que lo que se pretende es el cambio en lo usos. De hecho, el mejor impuesto ambiental es aquel que se suicida, es decir, que acaba por no recaudar porque desaparece el problema que quiere solventar”.