España contradice la tendencia mundial a recuperar la gestión pública del agua
España se queda cada vez más sola en la privatización del servicio de suministro de agua. La tendencia internacional es la contraria: las administaciones están recuperando el control directo sobre el abastecimiento. El proceso de remunicipalización del servicio ha sido documentado por el estudio Nuestra futura agua pública que registra el éxito de 235 casos, localizados en 37 países diferentes. Capitales como París, Berlín, Buenos Aires, Bogotá, Yakarta, Kuala Lumpur, La Paz o Dar es Salaam sobresalen en una tendencia que avanza con paso firme, que se expande a lo largo y ancho del globo, sobre todo desde 2009. Del total de ejemplos, 184 pertenecen a países con altos ingresos (sobre todo Francia, 94, y Estados Unidos, 58), mientras que los 51 restantes están ubicados en regiones empobrecidas.
En contraste, en España, si en 1996 el 63% de la población estaba abastecida por sociedades públicas, hoy el porcentaje ha disminuido hasta el 47%. El documento muestra 14 islas: 14 procesos de recuperación del control del agua, correspondientes a localidades como Medina Sidonia (Cádiz), Arteixo (A Coruña), Manacor (Mallorca), Ermua (Vizcaya), Torrelavega (Cantabria) y Arenys de Munt (Barcelona), además de una veintena de municipios sevillanos agrupados en Aguas del Huesna. Se trata de excepciones en un contexto teñido por la privatización.
“Ciudades, regiones y países de todo el mundo están optando cada vez más por cerrar el capítulo de la privatización del agua y por remunicipalizar los servicios mediante la recuperación el control público de gestión del agua y el saneamiento. En muchos casos, ésta es una respuesta a las falsas promesas de los operadores privados y su incapacidad para poner las necesidades de las comunidades antes del lucro”, explica el documento que profundiza en la tendencia mundial hacia una gestión pública de los suministros urbanos de agua y saneamiento.
En todo el mundo sólo el 10% de las 400 ciudades más grandes son privadas, según datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). El agua es mayoritariamente pública en Europa, con Estados que van a contracorriente, principalmente, el Reino Unido y, cada vez más, España y Portugal, lamenta el responsable de comunicación y enlace con el Parlamento Europeo de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, Pablo Sánchez.
Las privatizaciones como tabú
El término remunicipalización describe la recuperación pública de los servicios de suministro de agua y gestión del saneamiento. “Esto ocurre, normalmente, después de que los gobiernos locales rescindan los contratos privados o no los renueven, aunque el proceso no siempre (o no sólo) tiene lugar a escala municipal”, se explica en otro informe titulado Llegó para quedarse: la remunicipalización del agua como tendencia global, publicado en enero de este año por la Unidad de Investigación de Servicios Públicos (PSIRU), el Instituto Transnacional (Transnational Institute, TNI) y el Observatorio de las Multinacionales (Multinationals Observatory).
Según estas organizaciones, “cualquiera que sea su forma y escala, la remunicipalización suele ser una reacción colectiva en contra de una privatización del agua o de unos PPP [colaboración público-privada] insostenibles. Debido a la impopularidad de las privatizaciones, las compañías privadas han usado su maquinaria propagandística para hacer creer a la gente que las concesiones, los contratos de arrendamiento y otros modelos de PPP son muy distintos a la privatización; pero no lo son”.
En España, la lucha ciudadana ha evitado que los porcentajes de privatización sean más elevados. Así ha sucedido por ejemplo con el Canal de Isabel II; en manos de la Comunidad de Madrid y de 111 ayuntamientos de la región. Los coqueteos de esta empresa pública con los mercados han sido constantes desde 2004. Uno de los últimos ha sido el lanzamiento de un “programa de emisión de valores negociables de renta fija” y la aprobación de su “primera emisión de valores”, es decir, de bonos. Donde la compañía sólo ve “pura y dura financiación”, las voces críticas alertan del enésimo intento para dar cabida al capital privado, hipotético proceso que sólo podría completarse si el Partido Popular se mantiene en el poder tras las elecciones autonómicas y municipales.
Otra muestra que ha saltado a los titulares es Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde el pasado mes de marzo la Justicia anuló el proceso de privatización de Aguas de Alcázar, la empresa municipal, por irregularidades en la tramitación del contrato. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 resolvió así la pretendida venta del 52% de la compañía.
La guerra del agua de Cochabamba
El primer éxito ciudadano de lucha contra la privatización fue la guerra del agua de Cochabamba (Bolivia), de la que se cumplen ahora 15 años. “Fue sobre todo una guerra política. Es lo que trasciende. Se lo hemos mostrado al mundo y en otras partes se está haciendo, como en Grecia, con esa victoria popular de disputar al poder económico y al poder de los partidos la construcción del presente y del futuro de la población. Nosotros le disputamos eso a la [multinacional] Bechtel, al Banco Mundial, a los partidos, al Ejército… y ganamos. Recuperamos la política, la capacidad de decidir, la democracia en su verdadero contenido”, explica a eldiario.es Óscar Olivera, sindicalista y uno de los rostros más visibles de aquellos días de lucha en Cochabamba. Precisamente Olivera sirvió de inspiración a uno de los personajes principales de la película de Icíar Bollaín También la lluvia, que recoge esta victoria ciudadana.
“Este pozo es nuestro. Esta agua es nuestra. Es el agua para nuestros hijos. Venden nuestros pozos y nuestros lagos y se quieren quedar también la lluvia”, recoge el filme. El Banco Mundial presionó para privatizar el suministro del agua en Cochabamba, por lo que el Gobierno de Hugo Banzer concedió el contrato a la compañía Aguas de Tunari, un consorcio con participación de la multinacional Bechtel (27%) y de la española Abengoa (25%), creado ad hoc en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. La concesión fue ilegal e ilegítima, entre otras cuestiones, porque no estaba aún aprobada la ley que permitía otorgar concesiones. Además, según la propia ley, debía haber por lo menos dos empresas compitiendo por la concesión, cuando en la práctica hubo una sola empresa interesada en participar.
Aguas del Tunari se creó con un capital ficticio, 2.000 dólares (1.400 euros), y se le entregó una empresa pública cuyo valor estaba estimado en unos 100 millones de dólares (70 millones de euros). A partir de ahí, las tarifas del vital líquido fueron dobladas para pagar la inversión realizada y la gente tuvo que empezar a pagar por usar sus propios tanques y tuberías, ya que no se permitía siquiera almacenar agua de lluvia. En este contexto surgieron las protestas, duramente contrarrestadas por la policía y que se saldaron con decenas de heridos e incluso un muerto. Tras las masivas manifestaciones acontecidas a principios del año 2000, el Gobierno se dio por vencido, el proyecto quedó descartado y se rompió el contrato.
Presiones privatizadoras
“A pesar de más de tres décadas de implacable promoción de la privatización por las instituciones financieras internacionales –como el Banco Mundial- y por organizaciones afines, ahora parece que la remunicipalización del agua es una opción política que ha venido para quedarse”, apuntan las autoras y autores de Nuestra futura agua pública, publicado por Satoko Kishimoto, Emanuele Lobina y Olivier Petitjean.
Con la crisis económica y financiera de los últimos años, sufrida especialmente en los países del Sur de Europa, los recortes han provocado el aumento de las presiones de la troika para privatizar determinados servicios públicos. Entre ellos, el agua. “Los gobiernos locales se enfrentan a recortes presupuestarios relacionados con las políticas de austeridad implementadas por los gobiernos centrales, además del europeo y de las instituciones financieras internacionales. Algunos casos han sido notica en Francia, España y Grecia, donde a menudo se argumenta que los trabajadores del sector público son demasiados caros”, explican Christine Jakob y Pablo Sánchez en dicha publicación.
Nuestra futura agua pública concluye que “el mismo modelo defectuoso de privatización del agua e inversión del sector público prescrito en el Sur está siendo promocionado en la Unión Europea, en un contexto de crisis financiera y económica, como una forma de apoyar las finanzas públicas y de financiar los servicios de agua sin liquidez. Ha sido el caso de Atenas y Tesalónica, en Grecia, fracasado por la resistencia pública y por las decisiones judiciales; otros países como Portugal, Irlanda, España o Italia han experimentado intentos similares”.
En Italia, sin ir más lejos, la población dijo ‘no’ a la privatización en junio de 2011, a través de un referéndum organizado por el Gobierno. La norma sometida a votación pretendía acabar con la gestión pública del servicio de suministro de agua, ya que exigía su adjudicación a empresas privadas o compañías mixtas con al menos un 40% de capital privado; también se denegó la norma que garantizaba al gestor un beneficio automático del siete por ciento con respecto a la inversión, independientemente de la calidad del servicio.
