El Gobierno garantizará una normativa para evitar la discriminación por VIH

El Gobierno ha asumido el compromiso de generar “marcos jurídicos, sociales y normativos” para acabar con el estigma y la discriminación que aún padecen las personas con VIH en todos los ámbitos de su vida y lo ha hecho con la firma de un pacto social, con comunidades autónomas y organizaciones.

Se trata del Pacto Social para la No Discriminación e Igualdad de Trato, que los ministros de Sanidad e Interior, María Luisa Carcedo y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, han presentado hoy y que establece una serie de acciones en el ámbito sanitario, laboral, educativo y científico.

Así, entre otros, el pacto incluye asegurar que los certificados médicos no incluyan el estado serológico como un indicador del padecimiento de enfermedad infecto contagiosa; ampliar las garantías de protección legal; la promoción de políticas para evitar la discriminación laboral; garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida y a la adopción; así como favorecer la libre circulación de personas con el VIH y con sida.

“Una sociedad que discrimina no es una sociedad justa, ni decente”, ha afirmado Carcedo, quien ha hecho hincapié durante la presentación del plan en los avances científicos contra el VIH pero ha reconocido que aún hay retos como acabar con el estigma del virus.

En España cada año se diagnostican alrededor de 3.400 nuevos casos de VIH, de los que el 48 % se hace de forma tardía, y de esto, ha dicho la ministra, tiene “mucha responsabilidad” la discriminación que no se ha logrado erradicar.

Discriminación a la hora de pedir una hipoteca, de solicitar un seguro médico o para entrar en una residencia de mayores son algunas de las barreras con las que se encuentran estas personas, tal y como ha recordado el presidente de la Coordinadora Estatal de VIH/sida, Cesida, Ramón Espacio.

Espacio ha reclamado el cambio de leyes y normas “anacrónicas” que hacen que la discriminación perviva y, entre otras cosas, ha reivindicado que las personas con VIH puedan incorporarse a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE), una situación que ha confiado en que cambie con el pacto.

“La gente con VIH no somos un peligro”, ha insistido Espacio.

Grande-Marlaska ha subrayado que se están haciendo “trabajos importantes” en este sentido por el acceso al empleo público con el objetivo de “romper esos estigmas” y en determinados ámbitos como el de su Ministerio teniendo como objetivo y con estudios científicos el no moverse “en parámetros de diagnóstico, porque sería un estigma, sino en parámetros clínicos”.

Ha señalado que las Fuerzas de Seguridad están para prevenir y luchar contra la discriminación y atender a las víctimas. “El pacto nos va a ayudar más en centrar esos esfuerzos”, ha dicho el ministro del Interior.

En este sentido, ha afirmado que “la formación” de las FSE es un objetivo “prioritario” de su departamento y ha abundado en que los agentes tienen que estar formados para tener una “sensibilidad y conocimiento claros” de esa posible discriminación y de los mecanismos que el propio ordenamiento prevé para dar soluciones.

La ministra de Sanidad ha incidido en que el Ejecutivo está “firmemente comprometido” con la eliminación de las barreras para la prestación de los servicios de prevención y tratamiento del VIH y ha asegurado que: “también asume el compromiso de generar marcos jurídicos, sociales y normativos” para acabar con la discriminación por VIH.

Además, ha apuntado, esta garantía persigue también el “preservar y construir un entorno que favorezca la igualdad de trato y de oportunidades” para las personas con el virus, de forma que en 2030 se cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de poner fin a la epidemia VIH/Sida.

La proposición de ley sobre igualdad de trato y no discriminación que tramitan las Cortes “será una poderosa herramienta” para hacer efectivas las acciones recogidas en el pacto, tal y como ha explicado Carcedo.

La consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, también ha participado en el acto en representación de las comunidades autónomas y ha apostado por identificar y acabar con las “normativas trasnochadas” que limitan los derechos de las personas con VIH, al tiempo que ha recordado que gran parte de las acciones del pacto tienen que ser implementadas a nivel autonómico.

Por su parte, la directora del Plan Nacional contra el Sida, Julia del Amo, ha expuesto que el Pacto es flexible para incorporar los nuevos retos en esta batalla que “no son fáciles pero sí factibles”.

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, que se conmemora el próximo sábado, el Ministerio ha colgado en su fachada el lazo rojo, que según ha dicho Del Amo, “llevaba años sin ser expuesto”.