El Observatorio contra el acoso escolar, ocho años sin funcionar

El Ministerio de Educación está “trabajando” para reactivar el Observatorio de Convivencia Escolar, según ha confirmado la institución a eldiario.es. El órgano, creado en 2007 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero a partir del Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar, estuvo inactivo durante los 7 años de gobierno de Mariano Rajoy. Su función consiste en recabar información y cifras acerca del bullying y proponer medidas para atajarlo.

El Observatorio vivió una renovación en enero de 2018, mediante Real Decreto. Fue el único movimiento que realizaron sobre él los gobiernos de Rajoy –al frente de Educación, primero, José Ignacio Wert, y luego Íñigo Méndez de Vigo–, y fue para que pasara de  71 a 47 miembros. Se justificó con que uno de los motivos por los que no había resultado era por “la gran cantidad y variedad de miembros y la rigidez de su funcionamiento” y así sería “más operativo, eficiente y eficaz”.

El órgano está formado por representantes del Ministerio, de las administraciones autonómicas, de las federaciones de alumnos y alumnas y de asociaciones de padres y madres y de las organizaciones empresariales más representativas y titulares de la enseñanza privada, entre otros. Después de ese recorte de componentes, y según confirman desde la actual Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, el Ejecutivo del PP tenía planeada una reunión para junio de 2018, que se quedó en stand by por la coincidencia con la moción de censura que traspasó el poder al PSOE.

Según el Secretario de Estado de Educación y FP en funciones, Alejandro Tiana, la reducción de enero de 2018 sería una de las cosas a reformular en esta nueva etapa. Tiana, que fue también promotor del Observatorio primigenio, explica que esa reducción modificaba “la voluntad original de que no solo fuera una representanción de administraciones, sino también de agentes sociales y organizaciones”, por lo que la intención sería revertirlo. Reconoce la “limitación” de actuación del Ejecutivo en Funciones y estar expuestos a la formación de gobierno: “Nosotros estamos trabajando en revisarlo todo, si les toca a otros desarrollarlo, lo pasaremos”.

“Diálogo y contacto”

El Ministerio está “en diálogo y contacto” con algunos especialistas que formaban parte para organizar la reactivación, pero su plan pasa porque primero comience a funcionar de nuevo y se celebre algún encuentro, y, una vez ya en marcha, se renueve la normativa. Busca de esa manera, “que el proceso no se dilate tanto”. Carles López, presidente de una de las entidades que forman parte, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), confirma que sí que han recibido alguna “llamada” desde el Ministerio para informarles de que están decididos a reactivarlo, pero no tienen “ni convocatoria ni fecha concreta”, ni tampoco plan de actuación.

López ve “fundamental” que resurja el Observatorio, tanto por las tareas de “evaluación” del Plan Estratégico de Convivencia Escolar que se puso en marcha en 2017, que también considera “inutilizado y que deja fuera a la comunidad educativa”, como por su parte más técnica para valorar la convivencia escolar de manera coordinada entre ministerios y territorios. Estarían también a favor de que se revise “tanto su funcionalidad como su composición”, al respecto de los cambios del gobierno de Rajoy: “Le dio más peso a las administraciones y esto no tiene que ser un órgano político o de gobierno, sino de trabajo, que represente toda la realidad educativa. Requiere de una reflexión profunda”.

Alejandro Tiana desconoce el motivo por el que sus antecesores evitaron reunir al órgano durante siete años aunque cree que “quizá pensaban que había otras maneras de actuar”, como a través de medidas de los gobiernos autonómicos. Para él, por ser España un país en el que la Educación está descentralizada, es necesario un “organismo que promueva el contacto entre comunidades, y con él discusiones sobre buenas prácticas que pueden ayudar a generar políticas estatales”.

Su renovación también pasaría por fomentar la lucha contra el cyberbullyng, “que ya existía en 2006, cuando lo creamos. Pero en 2019, en mucha mayor medida”. Entre otros de los pasos que no se han podido dar, primero por estar en periodo electoral y ahora en funciones, está la celebración de un Congreso Estatal sobre Convivencia como los que se hicieron durante los años de funcionamiento del Observatorio y que también estaban entre sus funciones y en los que se tratarían temas como la mediación en las escuelas o el cyberbulling con distintos agentes educativos.

Desfase entre datos

La pasada semana, Amnistía Internacional (AI), en la presentación de su informe sobre el Acoso Escolar, denunciaba esta paralización. La organización tuvo un encuentro en octubre con el Ministerio para pedir explicaciones, un momento en el que, reconocen, “hacía poco que habían empezado a andar”. Ellos ponían el foco en que, a falta de un organismo institucional, los datos no aportan la suficiente luz sobre la verdadera magnitud del fenómeno del bullying, ya que observaban demasiado desfase entre los análisis de las entidades.

Así, escribían, mientras Inspección cifra en el el 0,3% el porcentaje de estudiantes víctimas, el último informe que desarrolló el Observatorio de Convivencia, en 2010,  lo situaba en el 3,8%. Es decir, por cada caso que considera Inspección, el órgano gubernamental documentaba, hace 9 años, 120. Por eso, AI pedía “herramientas más sofisticadas para reducir ese desfase”, y eso, a nivel estatal, pasa por reactivar el Observatorio, unificar criterios y dotarlo de recursos.

El Observatorio de Convivencia Escolar no es el único organismo de ese tipo que el gobierno del PP detuvo. Ocurrió algo muy parecido con el Universitario de Becas y Ayudas, que velaba por el cumplimiento del sistema de ayudas a estudiantes de ciclos superiores y que Tiana cita como ejemplo también de reactivación para estos meses. Durante los años de  Rajoy no hubo por tanto, tampoco, “información sobre el impacto del sistema de becas en la equidad”, denunciaba hace un año CANAE.