Las tres iniciativas legislativas que han presentado varios partidos en el Congreso para legalizar el cannabis no van a cumplir su objetivo primigenio porque no cuentan con el apoyo del PSOE, y la aritmética parlamentaria actual exige de la participación socialista para aprobar estas leyes dando por hecho el rechazo de PP y Vox. Pero sí han servido para bajar el debate público a la sociedad.
Durante el trámite parlamentario que acabó tumbando la iniciativa de Más País de la semana pasada, se escucharon en el Congreso, y por extensión en las calles y las redes sociales, varios de los argumentos de quienes cuestionan los beneficios de legalizar lo que –esto lo admiten todas las partes– no deja de ser una droga. “Es una incongruencia promover la legalización mientras se alerta de los problemas mentales de la población”, se le reprochó a Íñigo Errejón, portavoz de Más País y responsable de la primera de las iniciativas debatidas, durante la sesión del Congreso desde los grupos que están en contra.
Las dudas vertidas son muchas. ¿Tiene más ventajas o inconvenientes una hipotética legalización integral? ¿Sube el consumo cuando se legaliza? ¿Tiene afección realmente sobre la salud mental, como se dice? ¿Cuáles son los beneficios de legalizar (que no regular, porque la prohibición actual ya es un tipo de regulación)?
Antes de entrar en estas cuestiones, una realidad demoscópica más allá del Parlamento: el 84% de los españoles se muestra a favor de legalizar el consumo de cannabis con fines terapéuticos, según una encuesta del INE de finales de 2018, y también son más los que regularían su uso lucrativo (47%) que los que lo mantendrían prohibido (41%).
¿Cuánto se consume en España y quién lo hace?
El cannabis, en forma de marihuana o hachís, es la droga ilegal más consumida en España de largo, solo por detrás del tabaco y el alcohol si se abre el arco a las legales. Entre la población española de 15 a 64 años, el 8% ha consumido cannabis en el último mes (unos 2,5 millones de personas) y el 2,9% lo hace a diario (unas 900.000 personas). A modo de referencia: una de cada cuatro personas fuma tabaco (24,5%) y un 8,8% toma alcohol diariamente (2,7 millones de personas), según el informe de 2021 del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).
Por edades, la franja que más consume es la población de 15 a 24 años: casi el 16% tomó la sustancia el último mes. Por último, el consumo de cannabis está bastante estabilizado en los últimos años: estaba en un 10,1% en 2007 (algo superior al dato arriba indicado porque el dato comparable en el tiempo incluye a toda la población y amplía el rango de tiempo en el que se consumió) y en un 10,5% en 2019.
¿Qué se quiere legalizar?
Las tres propuestas registradas en el Congreso por Más País, ERC y Unidas Podemos plantean una legalización del consumo recreativo del cannabis con pequeñas variaciones entre sí. Podemos propone limitar el consumo al ámbito privado o en espacios específicos habilitados, como por ejemplo los clubes de consumidores. Su texto busca regular el autocultivo, como hacen los otros dos, y un sistema de licencias con control por parte del Estado.
La propuesta de Más Madrid es más permisiva. Declara “libres” todos los usos del cannabis, permite su transporte y consumo en la vía pública, uno de los principales problemas que afrontan ahora los consumidores, porque el consumo en los hogares está permitido, pero no su adquisición ni llevarlo por la calle.
Por último, ERC limita la adquisición de cannabis al autocultivo –hasta seis plantas en casa– y las farmacias bajo receta médica. Las tiendas especializadas, llamadas grow shops, quedarían limitadas a la venta de productos relacionados con el cannabis y a las semillas.
¿Quién lo apoya y quién está en contra?
Las posturas están bastante definidas y la clave de una regulación está en el PSOE. Los partidos pequeños del Congreso, como ERC, Compromís, Más País o Cuidadanos apoyan una regulación integral. Vox y el PP están en contra tanto de la legalización absoluta como de la medicinal que se debate en una subcomisión del Congreso (y que sí tiene visos de prosperar). Tal y como está la aritmética parlamentaria, una hipotética regulación queda en manos de los socialistas, un partido que está a medio camino: parece dispuesto ahora a regular el uso médico, pero no el recreativo.
“No hay drogas buenas ni drogas malas, ni son de izquierdas ni de derechas, las drogas son drogas y a las que más han atacado han sido a las clases trabajadoras”, afirmó durante el debate de esta semana en el Pleno el diputado socialista Daniel Vicente Viondi.
¿Supone el cannabis un riesgo para la salud mental?
Uno de los argumentos que cuestionan la legalización del cannabis, y por el que se está acusando a Más Madrid de ser contradictorio en su propuesta, es por la supuesta afección que tiene su uso en la salud mental, en concreto en lo que respecta a episodios psicóticos y la esquizofrenia.
“En la literatura científica existen numerosos estudios que han valorado esta asociación –porque no se puede hablar de causalidad, habría que hacer ensayos controlados– que dan una mayor asociación entre cannabis y problemas mentales”, empieza Koldo Callado, profesor de farmacología de la Universidad del País Vasco e investigador sobre los efectos del cannabis en la salud mental. “Pero sobre todo cuando se habla de consumos a grandes cantidades, a diario, y especialmente cuando el comienzo del consumo se realiza a edades muy tempranas”, matiza.
Callado insiste en este punto. “La edad de inicio del consumo es el principal factor evitable” para sortear los problemas mentales, explica Callado. “Nosotros damos muchas charlas en institutos y siempre recomendamos retrasar la edad de inicio si se ha decidido consumir. El cannabis se asocia a la falta de memoria, dificultades cognitivas, al fracaso escolar... El riesgo para el desarrollo cognitivo y escolar va a ser menor cuanto más tarde se empiece”, argumenta. Un cuadro típico –no que sea habitual en su prevalencia, sino que cuando se da es con estos plazos– es el del consumidor que empieza con 14-15 años y desarrolla un brote con 21, cuenta Callado.
En este sentido, Callado matiza que la afectación del cannabis depende de las variantes que se consuma. La planta tiene miles de compuestos, entre los que destacan el THC (el principal compuesto psicoactivo), el que provoca el colocón, y el CBD (no es psicoactivo), que se utiliza más con fines relajantes y médicos. “Gran parte del riesgo está asociado al THC; el CBD parece que no tiene relación directa y estamos investigando si incluso puede ser beneficioso para los riesgos que genera el THC”.
¿Y qué beneficios se le adjudican?
La investigadora de la Universidad Complutense Cristina Sánchez resumía los principales efectos demostrados del cannabis en la salud en una entrevista con este periódico: “Funcionan como antieméticos, como antiepilépticos, en patologías gastrointestinales como potentes antiinflamatorios. Estas son las patologías que están contrastadas clínicamente. Aparte de eso, en fase preclínica (hasta modelos animales) sabemos que puede tener otras aplicaciones muy interesantes, como la oncología. El potencial es muy grande. Pero además de la potencialidad hay aplicaciones clínicas ya demostradas, sobre todo con cuestiones relacionadas con la calidad de vida, que es una cuestión que normalmente se deja al margen cuando habla con los médicos, que van más a tratar el síntoma primario. Puede afectar a la capacidad de dormir o a la ansiedad, otra sintomatología asociada a patologías crónicas. Tenemos clarísimo que los cannabinoides ayudan a la calidad de vida del paciente atacando el dolor, la ansiedad, mejorando el sueño y en algunos casos como la epilepsia disminuyendo convulsiones... Funciona en muchos casos, en otros no, pero lo único que vas a perder es el poco dinero que te cuesta el tratamiento”. El coste de la marihuana en el mercado negro ronda los siete euros el gramo, según la variedad.
¿Legalizar el cannabis se traduce en un aumento del consumo?
Otra de las críticas a una posible regulación se basa en que regular el cannabis conlleva un aumento del consumo. ¿Es esto cierto? La experiencia en países como Uruguay, ciertos estados de EE UU y Canadá, los principales laboratorios de la legalización recreativa, dicen que a priori sí, pero también que “el verdadero impacto de estas normativas no se conocerá hasta que haya pasado más tiempo y el incipiente mercado se haya estabilizado”, según la conclusión de un informe sobre la regulación en Canadá.
Con carácter general, una revisión sistemática de todos los estudios publicados hasta la fecha que incluyen información sobre los efectos de la legalización en varios estados de EEUU refleja que solo dos de estas investigaciones detectaron lo que llaman “efectos beneficiosos” en la legalización, referido a que haya disminuido, mientras 13 registraron “efectos negativos” y 24 “ningún efecto”.
Otra revisión destaca que se ha detectado un aumento en la prevalencia de consumidores tanto del último mes como a diario entre adultos a partir de 26 años, pero no entre los jóvenes, y aclara que los resultados “son inconcluyentes, con investigaciones que recogen aumentos, caídas y resultados sin cambios en la prevalencia de uso”.
En Uruguay, que tiene un sistema de libre acceso pero que exige a los consumidores registrarse en una de las tres vías (autocultivo, dispensación en farmacias o clubes de consumidores), han pasado de 34.108 en 2018 a 54.490 en 2020, un aumento del 59,7% en dos años, según refleja la última edición del informe periódico que realiza el Observatorio Uruguayo de Drogas, que también recoge una ralentización del crecimiento en los últimos meses, “vinculada, probablemente, a la situación de emergencia sanitaria del país”.
El informe de Monitoreo y Evaluación del país recoge, sin embargo, que el consumo problemático de la sustancia ha bajado: estaba en un 16,7% respecto al total de consumidores en 2014, al año de aprobarse la legalización, y bajó al 15,8% en 2018.
En Canadá, donde el modelo está más controlado por la industria que en Uruguay, el consumo también ha subido ligeramente tras la legalización, con interesantes matices por grupos de edad. La estadística oficial del país recoge que el consumo general (en los últimos tres meses) ha pasado de un 14,9% antes de la legalización a un 16,8% después, mientras el consumo diario se ha mantenido estable. Pero si se observa el desglose, el uso de la droga se ha reducido a prácticamente la mitad entre el grupo de edad más vulnerable (de 15 a 17 años, ha pasado de un 19,8% a un 10,4%) desde que se regularizó, mientras ha subido a partir de ahí: del 30,9% al 33,3% entre 18 y 24 años y del 13,1% al 15,5% entre los mayores de 25.
¿Y el impacto económico?
Cuando Uruguay despenalizó el consumo de cannabis lo hizo “contra el narcotráfico, para robarle mercado”, según explicó el entonces presidente, José Mujica. Un primer balance calculaba que el 55% de los usuarios acuden ahora al mercado legal y que la regulación le ha quitado a las mafias 22 millones de dólares en los primeros años de legalización.
En España los defensores de la regulación también utilizan este argumento. Errejón lo hizo durante el debate parlamentario de esta semana pasada, cuando afeó al PSOE que su negativa a regular dejaba el mercado en manos de las mafias y suponía una importante pérdida económica para el país. El estudio más serio sobre la cuestión lo realizó la Universidad de Barcelona hace unos años, y fijó que la regulación dejaría un negocio total de 8.514 millones de euros anuales, lo que supondría para el Estado una recaudación de 3.312 millones de euros: 1.021 millones en IVA, 486,6 millones de impuestos especiales (similares al tabaco pero con una carga impositiva baja para ser competitivos con el mercado negro), 371 millones de impuestos de sociedades, 1.407 millones de IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social (trabajadores de empresas, cooperativas y clubes sociales de cannabis) y 26 millones en impuestos derivados de la exportación. Este mismo estudio calcula que el mercado negro no desaparecería, pero sí quedaría reducido al 15%.