El empeño de un consejero del PP por impulsar con dinero público el centro privado de danza Alicia Alonso acaba en los tribunales

Gustavo Villapalos, el que fuera rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y más tarde consejero de Educación del PP con Alberto Ruiz-Gallardón, tuvo el empeño de lanzar en España un Instituto de Danza Alicia Alonso privado al amparo de las instituciones públicas. En 1992, cuando era rector, impulsó una Cátedra de Danza y la bailarina, a la que se le puso sueldo de catedrática (300.000 pesetas, según publicó entonces El País) nombró un equipo de gestores que dirigirían el proyecto. Esos estudios, entonces extraoficiales y amadrinados por la artista cuando el régimen cubano le había quitado el mando del Gran Teatro de La Habana, se impartieron en la UCM y con su colaboración.

Cuando Villapalos dejó la universidad pública y entró en el gobierno del PP en Madrid, llevó a cabo otro empeño: la creación de otra universidad pública en Madrid, la Rey Juan Carlos, a donde se llevó la cátedra, ahora convertida en Instituto Superior de Danza Alicia Alonso y con capacidad de dar títulos oficiales como si fuera público, que depende de una fundación privada y que ha estado operando 18 años en el campus con recursos públicos. Gracias al empeño de Villapalos, allí se licencian alumnos en el grado de artes visuales danza y en dos másteres en la parte pública. Tiene una parte privada que imparte cursos y un Título Superior de Danza. Todo esto sin la debida transparencia, según la dirección actual de la URJC. Sin embargo, desde el centro de danza aseguran que tras el caso Cifuentes se les pidieron las cuentas de los últimos cinco años y entregaron toda la documentación a la Universidad.

El instituto privado de danza ha estado en el aulario IV del campus de Fuenlabrada hasta ahora, y sigue estando hasta que se resuelva un embrollo legal: el actual rector ha renunciado a que este centro siga en su terreno impartiendo y emitiendo títulos oficiales. ¿El motivo? “La Universidad no quiere seguir poniendo el dinero, sin controlarlo, en un instituto que es el único que opera dentro de sus instalaciones, con un título que es de la propia Universidad”, dicen fuentes oficiales de la URJC. Según las mismas fuentes, les propusieron que fueran un centro adscrito y retomar ellos el control de los títulos públicos oficiales (la URJC ha puesto cerca un millón de euros en este centro cada año), quedándose el Instituto con sus títulos privados, es decir, cursos o titulaciones que no aportan crédito ni titulación oficial. Los responsables del centro privado –con fines declarados “de interés público”– han denunciado por lo contencioso y lo penal el fin de la colaboración, lo que lleva al rector de la URJC, Javier Ramos, a declarar este jueves a las 10 ante un juez de Fuenlabrada como imputado por un delito contra la propiedad intelectual, malversación de caudales públicos y coacciones.

eldiario.es ha tenido acceso a las cuentas de la Fundación Alicia Alonso, que ampara el centro de danza, tras una petición al registro de fundaciones de Madrid. Algunos gastos son sorprendentes: por ejemplo, una “fianza de piso de profesores” (1.800 euros) o “mobiliario de piso de profesores”. Un inmueble que varias fuentes del Instituto aseguran que jamás ha existido, ya que cuando vienen profesores de fuera no se quedan en ningún piso que sea titularidad del centro. El coordinador del Instituto desde sus inicios, hace dos décadas, Alberto García Castaño, asegura a eldiario.es que hubo un piso aunque no recuerda la dirección del mismo ni la fecha: “Teníamos un piso, pero ya no lo tenemos, hablo de memoria”. ¿Dónde estaba ese piso? “No recuerdo dónde estaba”, dice. En la URJC no tienen detalle de este gasto porque “la URJC no dispone de ninguna memoria económica del Instituto”, una falta de rendición de cuentas que estaría detrás de la decisión de acabar la colaboración.

También aparecen gastos relativos a un coche Kia, que utiliza el propio Castaño como él mismo admite y del que se pasan facturas por “reparación”, “gasolina” (más de 5.000 euros en 2015), seguro o parking en Madrid (3.672 euros). “Yo lo utilizo, desde luego, porque tuve que dejar de conducir, pero no es de uso personal porque también se trasladan profesores, vestuario, correspondencia, traslada alumnos...”, aunque algunas fuentes conocedoras del funcionamiento del centro niegan este punto. Preguntado por quién paga el salario del chófer que lo conduce, el coordinador asegura que se paga con los ingresos que obtiene la fundación en su parte privada. ¿Y por qué un coche que se puede aparcar en un campus enorme tiene un parking? “Porque el coche se guarda en Madrid capital”, pese a que la actividad se desarrolla en Fuenlabrada.

El caso, en los tribunales

El conflicto entre ambas partes, que ha llegado a los tribunales, se encendió cuando la URJC comunicó que este curso ya no impartirían los títulos oficiales: “Se acababa la encomienda de gestión y se han buscado fórmulas para llegar a un acuerdo pero no ha sido posible, pese a que la URJC tiene todo a punto para ofrecer el grado: se paró la contratación de nuevo profesorado y se había llegado a acuerdos con el 80% de los profesionales, a los que se iba a fichar para que empezaran el próximo curso”.

García Castaño tiene una versión distinta: “El 24 de julio se denunció el convenio, pero decía que los proyectos continuarían hasta su finalización. Sin embargo, el 14 de octubre nos plantean que teníamos que abandonar las instalaciones y que en noviembre ya se harían cargo ellos”, lo que consideran un incumplimiento y por lo que han puesto dos demandas judiciales: por lo contencioso (que ha parado la desvinculación como medida cautelar) y por lo penal, que lleva al rector a estar investigado.

Sin la aportación económica de la URJC, el Instituto se queda sin su principal fuente de financiación: 8,3 millones de euros desde 2005, según los datos de la universidad. Castaño replica que ellos también aportan un valor millonario a la URJC: representaciones para los alumnos en el Ballet de Cámara (propiedad de la fundación privada que hace funciones por las que cobra) o el fondo documental Alicia Alonso, que valora en 2,3 millones y que es un repositorio de fotos y documentos relativos a la estrella de la danza digitalizados. “Nos bloqueraron los accesos en septiembre”, denuncia Castaño, que además imparte sus clases privadas en el centro público pero sin pagar alquiler: “Se hace así por balance de contraprestraciones, porque nosotros aportamos tres millones en especias, como el fondo documental, recursos de la producción y el know how”. También han traído en varias ocasiones a la bailarina Alicia Alonso, recientemente fallecida, por ejemplo a una gala homenaje a sí misma y el Instituto en 2012 con la reina y autoridades de la URJC. Presentó la gala el propio Castaño, que recientemente dio a conocer en medio del conflicto con la Universidad un comunicado en el que la bailarina, ya muy enferma, se mostraba “consternada” por el fin de la colaboración. “La Universidad tiene derecho a finalizar el convenio, pero tiene que hacerlo con respeto a la ley”, concluye Castaño.

El centro, el primero en ofrecer un grado oficial de danza por su convenio con la URJC que le proporcionó el sistema público y el consejero Villapalos, tiene más de 200 alumnos que de momento siguen como hasta ahora, cursando un título oficial que organiza un centro privado en unas instalaciones públicas, hasta que los tribunales concluyan si debe seguir el sueño de aquel político de hacer crecer en el sistema público el Instituto de Danza Alicia Alonso o se puede devolver a la URJC las titulaciones.