Investigadores y universidades intentan escapar de la 'dictadura de los papers'

El hartazgo es universal. Lo sufren científicos, rectores de universidad, editores de revistas académicas y los responsables de los centros de investigación. En España y en todo el mundo. Hay que cambiar cómo se evalúa la ciencia, coinciden, y con ello todo el sistema. Hay que cambiar, explican, la manera en que se valora el trabajo de la comunidad científica, metida de lleno en una espiral cuantitativa, en la que casi lo único que importa es publicar y dónde, da igual el qué, y mercantilista, donde todo el trabajo lo hace la comunidad científica, los fondos los ponen las instituciones públicas y el beneficio lo recogen editoriales privadas.

“El sistema es perverso, una aberración. Hay todo un negocio anacrónico que no está justificado, pero por alguna razón las sociedades científicas, los investigadores y los sistemas de financiación no nos atrevemos a salir de este bucle”, explica Eva Méndez, profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Méndez también es la persona que va a estar al frente del capítulo español de CoARA, una iniciativa de origen europeo pero ambiciones globales para darle la vuelta al sistema y sacarlo de la lógica de 'publica o perece' en que actualmente se maneja.

De todo esto se habló el pasado miércoles en Bilbao en unas jornadas organizadas por la Alianza de Excelencia de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa, que reúne a los centros punteros de investigación en España) para abordar exclusivamente este problema. Allí se intercambiaron ideas para superar esa dictadura de la publicación como única forma de comunicar el conocimiento científico, de revistas que no cobren por publicar, de divulgación, docencia y otras alternativas. Destacable de la jornada fue, cuentan los asistentes, el cambio de paradigma que dejó entrever en su intervención Pilar Paneque, la nueva directora de la Aneca, la agencia evaluadora española. “Se me saltaban las lágrimas”, comenta Méndez, y coincide Benítez, sobre el impacto del discurso de Paneque.

La participación de las agencias evaluadoras, la Aneca en el caso español, es básica. Son ellas las que fijan los requisitos para evolucionar en la carrera académica e investigadora y de esa manera condicionan el trabajo de los científicos. Si la Aneca pide publicaciones, los investigadores le dan publicaciones. Pero Paneque parece abierta al menos a cambios. Algo se mueve. Lento, incipiente aún, pero se mueve.

Las instituciones también mueven ficha. El Consejo Europeo, formado por los jefes de Gobierno de los 27 países miembro de la UE, aprobó este martes un documento en el que explica que el coste de publicar y acceder a los artículos “se está volviendo insostenible” y los canales de publicación “están habitualmente en manos privadas, que controlan la propiedad intelectual de los artículos”, por lo que pide “acceso abierto y sin restricciones a las publicaciones financiadas con fondos públicos”.

El asunto no estaba en la agenda del reciente Encuentro Internacional de Rectores organizado por Universia en Valencia, que reunió a cientos de mandatarios de todo el mundo hace un par de semanas, pero la conversación flotaba por los corrillos de los académicos en los ratos libres entre mesas redondas y ponencias. “¿Cómo se puede publicar un paper cada media hora?”, se preguntaba un alto cargo de una universidad en alusión a la compra de científicos que desveló El País y que ha sacudido el sector recientemente.

El sentimiento es compartido. “Necesitamos cambiar el sistema de evaluación de la ciencia”, concede el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez. “Necesitamos medir la calidad antes que la cantidad”, explica un argumento que repetirían otros. “Necesitamos ser más exigentes con los contenidos de la investigación”, concede Rodrigo Vidal Rojas, rector de la Universidad de Chile. Mismas situaciones, mismos problemas. “En México tenemos un estímulo económico para investigar, lo que ha dado como resultado que se ha creado una élite que investiga, pero que no da clases”, relata Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, ANUIES.

Un sistema 'papercentrista'

El problema actual, según explica Méndez, es que en 2023 se mantiene un sistema de ciencia “papercentrista”, el mismo que en el siglo pasado. El ecosistema promueve, exige, publicar los avances, el conocimiento, en revistas. Y no vale cualquiera: tienen que ser revistas de “alto impacto”, que, simplificando bastante, son aquellas publicaciones que más visitas y citas reciben según clasificaciones que realizan entidades también privadas.

La consecuencia de esto es evidente. “Las personas somos seres reactivos y si a una persona que hace donuts le pagas por los donuts de chocolate, ¿cuántos va a hacer de crema? Si le dices a la comunidad no que genere conocimiento, sino que lo publique, pues ¿qué va a hacer?”, explica Nuria Benítez, del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) y coordinadora de Ciencia Abierta de la Alianza de Excelencia de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa, el grupo que reúne los principales centros de investigación de España).

La otra consecuencia es que las revistas, conscientes de su posición de privilegio, pasan factura. Históricamente, cobraban por la lectura de los artículos; cuando las protestas de los centros e investigadores arreciaron por limitar el acceso de la ciudadanía a la ciencia, cambiaron el paradigma: se pasó a cobrar a los científicos por publicar (pagan unos miles de euros por artículo a las revistas) a cambio de que el acceso fuera libre para todo el mundo.

“El principal problema es el sistema de evaluación de la ciencia”, explica Benítez. “Lo que ha pasado es que en gran parte está externalizado a una serie de empresas privadas que dominan la editorial científica y esto ha sido muy cómodo durante muchos años, sobre todo para las personas que tienen que tomar decisiones (que te den una lista ordenada de los buenos a los malos en función de su factor de impacto es muy práctico). Pero el sistema ha quedado secuestrado por este tipo de prácticas. Las agencias evaluadoras ahora no tienen otro sistema para hacer esta lista ordenada y las entidades privadas que la realizan cada vez encuentran más maneras de sacar provecho económico de esta capacidad: suscripciones, APCs (el sistema por el que los científicos pagan por publicar sus investigaciones), licencias para usar las listas...”, desarrolla.

Enrico Schleiff, presidente de Goethe University Frankfurt am Main (Alemania), augura en Valencia que es una cuestión de determinar “quién evalúa y cómo”, pero augura que “en los próximos años no nos fiaremos tanto de los índices de impacto”. Porque, añade Méndez, “el factor de impacto mide dónde se publica, no lo que se publique, y publicar en una determinada revista no tiene relación con lo que estás publicando, las revistas tienen muchas maneras de lograr un alto factor de impacto”. Un ejemplo sencillo de esto: si publicas muchos metaanálisis sobre alguna cuestión –una recopilación de los diferentes estudios sobre un aspecto concreto– es probable que consigas muchas visitas y citas porque los investigadores la consultarán a menudo para conocer el estado de la cuestión de ese tema, pero no estás aportando nada nuevo al área.

¿Cuál es la solución?

El diagnóstico general es compartido: “La solución pasa por dejar de depender de estas grandes editoriales que tienen el negocio legal con un margen de beneficio gigante y por decirle a la comunidad que no les vamos a evaluar solo por eso, que lo vamos a hacer de manera holística por lo que son capaces de hacer por la generación de conocimiento para la sociedad y por la sociedad”, explica Benítez.

Las alternativas son varias y la solución probablemente pase por una combinación de todas, reflexionan los expertos. Schleiff habla de valorar otras cuestiones, por ejemplo las patentes que se logren. Benítez, de valorar “la divulgación, la docencia o la capacidad de generar confianza en el sistema”. Méndez, de “cambiar el valor de los incentivos, no podemos seguir pensando que los papers valen lo mismo cuando ChatGPT te hace uno”. Vidal comenta que en Chile se está empezando a considerar otras soportes a la hora de publicar, como libros o plataformas web.

Algunos ejemplos de otras prácticas posibles ya hay. Las expertas mencionan el caso de la revista NeuroImaging, que edita el gigante Elsevier. Todo el equipo editorial de esta publicación dimitió en bloque ante la política abusiva de precios que imponía la compañía y ha decidido crear una revista alternativa sin ánimo de lucro que mantenga los costes en los mínimos imprescindibles. No son los primeros en hacerlo, recuerda Benítez, “y probablemente lo hicieran pensando en éxitos pasados”.

Isidro F. Aguillo, responsable del Laboratorio de Cibermetría del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, propuso hace unos días un modelo de revista alternativa “de referencia mundial”. “Debe ser una publicación editada por instituciones académicas o de investigación del sector público, gratuita de acceso libre. Debe tener carácter multidisciplinar (...) para publicar en el orden de miles de trabajos al año. Incluiría noticias, debates, cartas para convertirse en referente del sistema español de I+D”, teorizaba el experto. Necesitaría apoyo público (que las agencias como la Aneca, que ordenan el sector, le dieran prioridad a la hora de publicar) y financiación, porque, como dice Méndez, “alguien tiene que pagar la fiesta”. En el caso español, las universidades y el CSIC pagan 42,5 millones al año a cuatro editoriales por publicar en sus revistas.

La buena noticia para los defensores de este cambio es que las instituciones parecen por la labor y su participación es indispensable. En España, las nuevas leyes de Ciencia y Universidad incluyen menciones y tratan de impulsar la ciencia abierta, además de haber lanzado el foro nacional para la reforma de la evaluación investigadora. Este foro, del que forman parte las principales instituciones de investigación del país, toma forma a partir de CoARA, que fue impulsada por la Comisión Europea aunque ahora vuela autónoma. Esta iniciativa, que tiene ambiciones globales y va a tratar de expandirse, ha conseguido ya la adhesión de 500 organismos de investigación (sobre todo universidades), 55 de ellos españoles, el país que más aporta.

La idea de CoARA, cuenta Méndez, es ir más allá de las meras declaraciones, que son “un brindis al sol”. Quienes se adhieren asumen cuatro compromisos básicos: reconocer la diversidad de contribuciones y carreras en la investigación, que la evaluación de la investigación sea principalmente cualitativa mediante la revisión por pares, abandonar el uso inadecuado de métricas basadas en revistas y publicaciones y evitar el uso de clasificaciones de organizaciones de investigación a la hora de evaluar. En su intención de ir más allá de la mera declaración, CoARA propone a sus miembros que realicen “puntos de control” el primer y quinto año desde su adhesión para valorar los progresos.

A nivel europeo también está el programa piloto ORE (Open Research Europe), una plataforma para publicar en abierto y que aspira a dotar de transparencia al sistema añadiendo información sobre quiénes son los revisores, sus comentarios en la evaluación y la interacción con los autores de la investigación. El Consejo Europeo aprobó este pasado martes un documento pidiendo a los estados que apoyen este programa, a la vez que los anima a favorecer los sistemas sin ánimo de lucro, de acceso abierto y sin coste para los autores ni los lectores.