Jueces para la Democracia (JpD) ha denunciado “las descalificaciones efectuadas a los tribunales españoles que están interviniendo” en el caso de Juana Rivas con “evidentes presiones desde el ámbito político pidiendo la no ejecución de las resoluciones judiciales”.
Esta asociación ha emitido un comunicado después de que la vecina de Maracena (Granada) quedara el martes pasado en libertad provisional tras comparecer como detenida en el Juzgado de guardia de Granada investigada por supuestos delitos de sustracción ilegal de menores y desobediencia a la justicia.
Juana Rivas estaba en paradero desconocido desde que el pasado 26 de julio incumpliera la orden judicial de entregar a sus dos hijos, de tres y once años, a su padre italiano, Francesco Arcuri, condenado en 2009 en España por lesiones en el ámbito familiar a su mujer.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha mantenido que sigue vigente la orden de entrega de los niños al padre italiano como se ha acordado tanto por la vía civil como penal.
JpD recuerda que los órganos judiciales no pueden decidir no ejecutar lo juzgado “cuando precisamente están obligados por la Constitución a ello”.
Explica que “Juana Rivas, contraviniendo el régimen de guarda y custodia existente, decide regresar a España con sus hijos menores de edad e intenta accionar para conseguir un cambio del mencionado régimen establecido conforme al ordenamiento italiano ante las autoridades judiciales españolas con fundamento en hechos que califica de malos tratos ocurridos también en Italia”.
Además lamenta que se minimice “el efecto del incumplimiento de las resoluciones judiciales” así como “las acusaciones a los jueces intervinientes de no estar aplicando las normas, sugiriendo que la actuación de la justicia en este caso responde a decisiones arbitrarias, a la despreocupación por los menores y a la ignorancia de las normas nacionales o internacionales aplicables”.
A juicio de JpD “nada más lejos de la realidad pues el interés de los menores es un interés superior del ordenamiento pero no es el único y su concreción está encomendada a los tribunales y al Ministerio Fiscal”.
Por ello JpD pide “mesura y ponderación, especialmente a los responsables públicos, al expresar opiniones o ideas sobre concretas actuaciones y resoluciones judiciales, lo que es compatible con la crítica al contenido de las mismas como parte del derecho a la libertad de expresión y opinión que garantiza la Constitución”.
Igualmente JpD dice que sigue “echando de memos un pronunciamiento expreso en defensa de las actuaciones de los tribunales por parte del Consejo General del Poder Judicial, cuya existencia se justifica esencialmente en la defensa de la independencia de los jueces”.
JpD estima que “los tribunales españoles han llevado a cabo una actuación diligente y proporcionada con exquisito respeto al ordenamiento interno y a los convenios internacionales”.
En todo caso considera conveniente una reflexión para valorar si alguno de esos convenios debe actualizarse y “contemplar alguna excepción a la reintegración de menores sustraídos en supuestos de malos tratos u otros cuando la víctima no tenga arraigo o protección en su entorno cercano”.