Nostálgicos del franquismo y amantes de las apuestas. La Fundación Nacional Francisco Franco vende su lotería de Navidad con números acabados en 36 y 39 para conmemorar la guerra civil. La leyenda publicitaria que lo acompaña es “80 años de legitimidad”.
Se trata de “terminaciones 36-39 en honor de la Cruzada de la Liberación”, describía la Fundación Franco sus décimos la temporada anterior. De cara a las fechas navideñas, vuelve a editarlas.
Donativos para la “memoria y obra” de Franco
La institución tuvo la idea de asociar décimos de lotería y guerra civil, por primera vez, en el 2015, como un modo también de financiarse con el sobrecoste de las papeletas. Fue con los números 98.736 y 97.039. La Fundación Franco oferta ahora décimos con dígitos diferentes: 86.936 y 99.439. El marketing lo completa un montaje publicitario, sobre una foto de un Caudillo aclamado y sonriente, que reza “80 años de legitimidad” y “papeletas de 10€ y 20€”, junto al logo de la Fundación.
De cada décimo queda un donativo que sirve, dicen en la Fundación, como estrategia de financiación. “Cuantas más se vendan, más gastos se cubrirán”, animan. La “compra” de papeletas “y su regalo a familiares y amistades son dos de las mejores maneras de ayudar a la Fundación y de difundir su obra”, que es: “La difusión de la memoria y obra de Francisco Franco”.
¿Tiene permiso la Fundación para revender con sobreprecio papeletas procedentes del sistema público? Desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no hay confirmación de tal extremo. Tampoco la propia sociedad privada, en conversación telefónica con eldiario.es, asegura tener dicha licencia, imprescindible para poder recargar la lotería.
“Para hacer participaciones sin recargo no se necesita autorización alguna”, confirma la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) a eldiario.es. Pero sí los billetes cuarteados y con sobreprecio, caso de la Fundación Franco. Selae “autoriza el fraccionamiento de Lotería con un recargo máximo del 20% a las asociaciones, instituciones o entidades de carácter benéfico” que destinen esa recaudación “a dichos fines”.
La Fundación Franco está catalogada como “institución cultural”. ¿Se considera entonces benéfica o de utilidad pública por el gobierno o es que está vendiendo boletos ilegalmente? Ni el Gobierno ni la Fundación se han pronunciado, y desde Loterías no se ha facilitado a eldiario.es el listado de empresas autorizadas para poner recargos.
Franco, garante de la “protección social”
La alabanza a Franco en los billetes de lotería no es extraordinaria en la Fundación, que celebraba el pasado 18 de julio la fecha del golpe con un artículo titulado 'Franco, 80 años de legitimidad: Aspectos económicos y sociales'. El texto rescata incluso “la política de construcción de pantanos, esenciales en épocas de sequía”. Y así todo, desde un titular coincidente en el 80 cumpleaños de la 'legitimidad' del franquismo. Una efeméride que los nostálgicos de la dictadura, y amantes de las apuestas, tienen la gracia navideña de celebrar por partida doble.
Como marca la legislación vigente, “se declara prohibida la reventa de los mismos (décimos) con sobreprecio” fuera de las administraciones oficiales, según el artículo 2 de la Instrucción General de Loterías. Ofertar participaciones ilegales será una acción castigada “en materia de contrabando y defraudación”. “Sobre el valor de dichas participaciones no podrá ser exigido sobreprecio ni premio alguno, ni aún con el carácter de donativo”, aclara el artículo 274.
Si las papeletas no tienen recargo, no precisan autorización. La excepción está en entidades “benéficas o de pública utilidad” que pueden recibir vía libre para revender boletos a trozos con un “recargo no superior al 20%” del precio inicial. Deben cumplir varios requisitos, como una justificación que certifique el uso de los fondos recaudados o del depósito de los billetes de Lotería y de los talonarios de participaciones emitidos.
En cualquier caso, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, “no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a la comercialización y venta de las participaciones ni por el pago de premios que pudiera recaer sobre las mismas, que será de la total y exclusiva responsabilidad del solicitante”. Y si las apuestas ofrecidas estuvieran al margen del sistema público tendrían que contar por ley con el beneplácito del Ministerio previo informe de la Comisión Nacional del Juego.