“Los llaman Centros de Internamiento pero siguen siendo cárceles”
Cuando un pequeño grupo de europarlamentarios finalizó su visita al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid (CIE) y se reunió con los periodistas que esperábamos en la puerta, lo primero que nos mostró Ulrike Lunacek, una de ellos, fue una foto rápida tomada con el móvil. En la pantalla vimos una puerta cerrada y un cartel que dice “No hay salida”. ¿Y dónde estaba esa puerta?, preguntamos. “En realidad, por todas partes”.
Periodistas y miembros de las asociaciones CEAR, Acsur y SOS Racismo se quedaron a las puertas del Centro, pese a la solicitud en el Ministerio del Interior para acompañar a la comitiva política. Es por eso que la noticia ya no es lo que vimos, sino lo que no nos dejaron ver. Es una macrosede policial en la que trabajan varios centenares de funcionarios y que alberga una comisaría, la Brigada de Extranjería y el CIE que originariamente estaba en Moratalaz. Aquel lugar estaba ubicado en un sótano sin ventanas, en condiciones muy deficientes, donde se recluía por decisión judicial a los inmigrantes pendientes de expulsión por un máximo de 40 días. Incendios, denuncias, huelgas de hambre... el traslado de este centro justifica su siniestra fama granjeada en los años 90.
Volvamos a 2013. El CIE de Aluche está situado en el reformado edificio del viejo hospital penitenciario de la cárcel de Carabanchel, hoy derruida. Con el ánimo de evitar viejos recuerdos, la rehabilitación externa del lugar, que es la única que nos han dejado ver, es ridícula: colorines, rejas azules de diseño para cubrir por fuera los verdaderos barrotes que se ven por dentro, un capirote arquitectónico sobre el tejado, la fachada pintada de amarillo vivo. Con la reforma de la Ley de Extranjería, el plazo máximo de detención se amplió a 60 días. Oficialmente, un CIE no es una cárcel, los internos no están detenidos sino retenidos y el lugar en el que viven y duermen no se llama celda sino habitación. “Pero son condiciones de reclusión, eso es incuestionable”, opina Raül Romeva i Rueda, miembro del Parlamento Europeo por Iniciativa per Catalunya Verds, a la puerta del centro.
Las “habitaciones”, compartidas por ocho personas, se cierran por las noches. Hasta hace poco no había baño dentro de la celda pero recientemente se han instalado unas letrinas. Las mujeres están totalmente separadas de los hombres, no tienen contacto. El patio de ellas es bastante más pequeño que el de ellos. “Hemos visto el patio de las mujeres por las cámaras de la sala de control y las hemos visto caminando en pequeños círculos, sin parar” explica Franceska Keller, europarlamentaria alemana del grupo de Los Verdes.
No hay ninguna televisión. Hay una pequeña biblioteca instalada por la Cruz Roja, les dicen a los políticos, pero no se la enseñan; otras fuentes indican que los estantes de esa biblioteca están vacíos. Les requisan el móvil o cualquier otro dispositivo que llevaran encima cuando fueron identificados y trasladados allí. Salvo un momento para el intercambio de objetos, la comunicación con las visitas se hace a través de un cristal. “Estos centros siguen siendo cárceles”, es la idea que se lleva de la visita Mauricio Valiente, diputado de IU en la Asamblea de Madrid. “Es un ambiente carcelario que no es acorde con lo que prevé la ley ante un procedimiento sancionador administrativo y que hace que este tipo de instituciones tengan que cerrarse porque no solo supone un atentado contra los derechos humanos básicos sino que además, en su funcionamiento, están vulnerando la vida de personas que podrían estar conviviendo en la sociedad de una forma cotidiana y normal”.
Valiente había visitado el centro dos años antes y admite que ha sufrido “algunas mejoras” como las letrinas o el arreglo de cámaras para que pudiera haber control de lo que sucede “en sitios significativos, como cuando se realizan los procedimientos de expulsión”. El diputado opina que estos cambios fueron denunciados por las organizaciones sociales a raíz de anteriores visitas. “Nos dicen que el motivo por el que no lo han hecho antes es por falta de recursos pero si no se hubiera denunciado no se habría hecho”, opina sobre unos responsables del Centro en cuyos comentarios, durante la visita guiada, observó que prevalecía “un discurso sobre los inmigrantes sin papeles como unos delincuentes”.
Nada en la puerta indica que lo que aparenta poco más que una comisaría sean unas instalaciones en las que se encierra a personas que han cometido una falta administrativa similar al impago de una multa de tráfico, “a nacionales se les sanciona con un recargo, a inmigrantes se les priva de libertad y de muchos otros derechos fundamentales”, compara el informe “¿Cuál es el delito?”, que avala la Campaña por el cierre de los centros de internamiento. Este trabajo investiga las vulneraciones de derechos en el CIE de Zapadores, en Valencia, donde 26 personas manifestaron a integrantes de esta campaña haber sufrido violencia por parte de algunos policías en 2012.
El informe recoge agresiones en forma de insultos: “me decía: 'come mierda'”, “'qué hijo puta eres'”, “utilizando palabras como 'payaso' o 'sudaca', aún sin ni siquiera haberme dirigido al agente”; vejaciones: “me desnudó y me quitó la ropa dejándome sólo en bóxer”; amenazas: “el policía al ver eso entró y empezó a decir 'matemos a este hijo de puta y decimos que se ahorcó', y me apretaba fuerte ahorcándome, dejándome casi inconsciente”; castigos colectivos: “nos llevaron al patio, manos contra la pared y fueron llamando y requisando uno por uno a pesar de que ese día había amanecido lloviendo y la temperatura era baja”; e incluso malos tratos físicos: “en aislamiento no hay ninguna cámara, suele aprovechar ese sitio para maltratarme […] me reventó un oído de un porrazo que consta en el historial médico”, “nos dieron una paliza de muerte en los calabozos sin motivo alguno”.
