El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el déficit público alcanzó los 36.702 millones de euros en el primer semestre, el 3,58% del PIB en términos de contabilidad nacional, después de haber bajado un 10,4% en ese periodo.
Así lo ha señalado Montoro en la rueda de prensa para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso de los Diputados, donde ha asegurado que esta cifra permite ver “como accesible” el objetivo del 6,5% fijado para el conjunto del año.
Además, Montoro ha asegurado que esta ratio de déficit (3,58%) supone un descenso de 0,40 puntos respecto a la registrada en el mismo periodo de 2012 en términos consolidados.
“Estamos en la senda de reducción”, ha señalado Montoro, quien ha dudado de que toda la información que se publica ayude a clarificar las cosas y ha resaltado la importancia de valorar los datos siempre en términos consolidados.
“No hay forma humana de explicarse cuando aparece el Estado con un déficit más profundo y la Seguridad Social con un superávit cada vez mayor”, ha lamentado.
En el primer semestre, las comunidades autónomas registraron un déficit, en términos de contabilidad nacional, de 8.302 millones de euros, el equivalente al 0,81% del PIB, lo que supone un aumento de 0,04 puntos respecto al nivel del año anterior.
A pesar de este ligero aumento del saldo negativo de los gobiernos autonómicos, el Gobierno dice que hay que tener en cuenta que los anticipos solicitados al Estado en este periodo han sido inferiores en 2.683 millones de euros a los adelantos de 2012. A finales del segundo trimestre de 2013, los anticipos han sido de 2.614 millones, frente a los 5.477 millones concedidos hasta junio de 2012.
Si se elimina el efecto de los anticipos del sistema de financiación en los dos ejercicios, el déficit de las comunidades en el segundo trimestre de este año se situaría en 10.916 millones de euros, cifra que supone una reducción del 18,2% en relación a 2012 y que representa una caída de 0,24 puntos del PIB.
Por su parte, el conjunto del subsector de corporaciones locales presenta en el segundo trimestre de 2013 un superávit de 1.931 millones de euros, cifra que contrasta con el déficit de 312 millones que registró en el mismo periodo del año anterior. Este resultado se debe a un aumento de los ingresos en un 0,89%, frente a una reducción del 6,67% de los empleos no financieros.
Por último, el déficit del Estado hasta junio, dato que ya se dio a conocer, alcanzó los 40.001 millones de euros, 3.583 millones menos que en el mismo periodo del año anterior, y el 3,81% del PIB, mientras que la Seguridad Social registró en el mismo periodo un superávit de 8.553 millones de euros, el 0,83% del PIB, una reducción del 14,8% respecto al saldo positivo obtenido el año anterior.
También se modifica la disposición adicional sexagésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que queda redactada como sigue: 'Beneficios fiscales aplicables a la celebración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús en el año 2015'.
Así, señala que esta celebración tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Además, establece que la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y que las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento.
Además, el Gobierno ha vuelto a retrasar un año el plazo previsto en la Ley de Patrimonio Histórico Español en relación con el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia.
La disposición transitoria quinta de la Ley del Patrimonio Histórico Español dicta que en los diez años siguientes a la entrada en vigor de la ley, lo dispuesto en el artículo 28.1 de la misma se entenderá referido a los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en posesión de las instituciones eclesiásticas.
Concretamente, este artículo establece que los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el Inventario General que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles.
Además, precisa que dichos bienes sólo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de Derecho Público o a otras instituciones eclesiásticas.
El Estado abonará mensualmente 13,2 millones de euros a la Iglesia católica durante el año 2014 (158,4 millones de euros al año) como anticipo del dinero que previsiblemente le entregarán los contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia del IRPF por la que otorgan el 0,7 por ciento a la institución, según los datos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado para el 2014. Se trata de la misma cantidad entregada en 2012 y 2013.
La ley señala que antes del 30 de noviembre de 2015, se efectuará una liquidación provisional de la asignación correspondiente a 2014, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de abril de 2016.
En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente, de forma que si la Iglesia recibió más dinero del que luego le han concedido los contribuyentes, se lo devolverá al Estado y viceversa.
El Govern autonómico de Baleares (PP) ha considerado hoy injusto con las Islas Baleares el proyecto de la Ley de Presupuestos del Estado de 2014 presentado hoy en el Congreso por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El conseller de Hacienda y Presupuestos, José Vicente Marí, ha dicho a Efe que el esfuerzo realizado por la comunidad balear para contribuir a evitar el rescate de la economía de España “no se ve correspondido ni con un sistema de financiación que trate justamente a las Islas Baleares ni con una inversión territorializada del Estado”.
El Consejo General del Trabajo Social denuncia que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 “desmantelan” los servicios sociales y que el peso de los recortes “vuelva a recaer sobre las familias más pobres y con personas dependientes”. Por todo ello, pide al Gobierno que “rectifique”.
Este colectivo considera una “falta de respeto” a los millones de familias que más lo necesitan que se reduzca un 36% la partida destinada a los servicios sociales y la promoción social, de 2.848 a 1.809 millones de euros.
Además, lamenta que sea otra vez la Ley de Dependencia la que “asuma el peso del tijeretazo de mil millones de euros”. Aunque reconoce que ese dinero se empleó en 2013 a pagar atrasos en la cotización a la seguridad social de las cuidadores no profesionales, también advierte de que para 2014 el Estado deja de pagar la cotización “y eso se traduce en un recorte drástico de la partida”.
El Consejo General del Trabajo Social denuncia que los PGE muestran que el Gobierno tampoco prevé que entren nuevos dependientes en el sistema, ya que mantiene los 1.087 millones destinados al nivel mínimo, la suma de la cantidad que el Estado paga a las autonomías por cada dependiente.
“Teniendo en cuenta que 201.729 personas con derecho a una ayuda no la están recibiendo, resulta incomprensible que se mantenga la misma cantidad. Esta situación está llevando al drama de que muchas personas mueran antes de recibir una ayuda”, asegura este colectivo.
La disminución de la aportación que el Estado da a las comunidades autónomas contribuirá, según esta organización, “por partida doble” a alargar el retraso en el cobro de las ayudas que ya sufren “muchas” familias de personas con dependencia.
Por otra parte, llama la atención sobre el hecho de que el Gobierno incremente en dos millones (de 30 a 32) su aportación a la Red básica de servicios sociales, “cuando ya ha anunciado que el año que viene dejará de financiarlo”.
El Ministerio del Interior podrá contar en 2014 con un 1,3% más de inversión para Seguridad, cambiando así la tendencia a la baja del pasado ejercicio cuando la dotación para esta partida descendió por primera vez en un 5%.
Así se indica en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado en el que se recoge una dotación de 5.421,96 millones euros, 71,31 millones de euros más que el año pasado en un apartado en el que se incluye la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo o el tráfico de drogas entre otros aspectos.
La Cumbre Social, formada por los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y otros 150 colectivos, ha anunciado un calendario de movilizaciones para este otoño debido el “empeoramiento de la situación económica, política y social”. Concretamente, el próximo 7 de octubre tendrá lugar una concentración por el trabajo decente y en contra de la precariedad. Las protestas continuarán el día 17 del mismo mes, coincidiendo con la Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Pese a que el Gobierno asegura que estos son unas cuentas públicas “sociales”, los recortes se han prolongado un año más.
La nueva reforma de las pensiones aún no está aprobada, pero el Gobierno ya descuenta su aplicación en los Presupuestos de 2014. El año próximo, las pensiones contributivas solo subirán un 0,25%, el mínimo previsto en la nueva norma. En la práctica, esto quiere decir que las personas que perciben una pensión perderán poder adquisitivo, ya que con mucha probabilidad la inflación acabará el año por encima de esa cifra, aunque muy por debajo de lo que estuvo en otros momentos del año.
Mientras los presupuestos de cooperación sufren un nuevo recorte de 26 millones de euros, estos fondos continuarán financiando con 900.000 euros a las fundaciones de partidos políticos. Su finalidad: desarrollar programas y conferencias sobre la “promoción de la democracia y consolidación de los sistemas políticos”.
Según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado, esta cifra continúa permaneciendo intacta mientras que la mayoría de las grandes partidas que componen la base de la financiación de la cooperación al desarrollo sobre el terreno mantiene su tendencia a la baja. En total, dentro del Ministerio de Exteriores, el dinero destinado a Ayuda al Desarrollo en 2014 cae un 6%, 26 millones menos sumados al drástico recorte del 60% sufrido durante los dos últimos ejercicios.