El vertido de aguas ácidas al río Odiel revela que la industria ha dejado deteriorar las minas que ya no explota
La Fiscalía tendrá que investigar por qué un cuarto de millón de metros cúbicos de agua ácida salieron disparados de una presa minera abandonada en Huelva y gran parte ha llegado al río Odiel. Pero el vertido tóxico ha evidenciado la bomba de relojería que pende sobre toda esta cuenca fluvial: numerosas explotaciones en desuso con poco mantenimiento que siguen vertiendo contaminación a los cursos. Los datos oficiales dicen que hay 100 minas abandonadas y cien millones de metros cúbicos de residuos acumulados en escombreras, depósitos y pozos.
El pasado 18 de mayo, un torrente de agua tóxica comenzó a brotar en la corta minera de La Zarza. La escorrentía ha llevado, al menos, la mitad del escape hasta el río Odiel y por su cauce ha alcanzado el océano Atlántico, según han avanzado científicos de la Universidad de Huelva.
La presa tenía ya una pequeña fuga, según ha revelado la Junta de Andalucía, pero el desagüe estaba obstruido y ha sido al reventar cuando la cascada ácida ha liberado esa cantidad de líquido. El estanque todavía tiene hectómetros cúbicos de agua venenosa, ya que alcanza una profundidad de unos cien metros.
El río Odiel es uno de lo más contaminados de Europa. Sus aguas, y las de sus tributarios como el Oraque o el Meca, soportan los tóxicos que ha dejado la actividad minera: 427 de los 1.149 km de la cuenca están contaminados. Los residuos se drenan y alcanzan las aguas hasta convertir a los ríos en ácidos, no aptos para la vida. Más de la mitad de los 150 km de curso del Odiel está calificada en un estado de conservación “muy bajo”. Justo a partir del primer aporte minero en la mina Concepción.
El reventón en la mina de La Zarza da un nuevo golpe al curso y los intentos de recuperar su valor ecológico. Una recuperación obligatoria. La directiva europea Marco de Aguas exige a los estados conseguir un buen estado de sus ecosistemas acuáticos. De hecho, la Unión Europea financia un programa piloto en el Odiel para implementar un sistema de limpieza de los terrenos ácidos. Se da la paradoja de que este río da nombre a un hábitat con tres figuras de protección ambiental: las Marismas del Odiel –cerca de su desembocadura donde se funde con otro curso altamente degradado: el río Tinto–.
“El agua no para de salir”
La Junta de Andalucía ha asegurado que el “vertido está controlado” y que pretende presentar la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente además de iniciar un expediente de sanción a las empresas responsables de la corta: Ormonde y Nueva Tharsis.
Pero también ha indicado que en esas presas solo hay agua de lluvia. Sin embargo, Iñaki Olano, coordinador de conservación de Ecologistas en Acción en Andalucía, contrapone que lo que no se hace “es tomar en serio la restauración de las cuencas mineras”. Olano recuerda que, desde que se clausura la actividad, “el agua no para de salir”. El propio informe del proyecto Life de la Unión Europea para el río Odiel asegura que “las explotaciones e infraestructuras mineras abandonadas suponen una grave alteración de la zona ribereña”.
Una cosa es que la extracción de minerales esté parada y otra que no haya responsables de esas infraestructuras. Los derechos mineros no se abandonan y son objeto de negocio. Así, la minera irlandesa Ormonde adquirió los derechos de La Zarza en 2007. Y luego cedió el control sobre el proyecto a Nueva Tharsis por cinco millones de euros en 2013 “para la reapertura de la mina”.
La minera irlandesa asegura que el proyecto de La Zarza está en fase de “desinversión”. Es decir, vender y obtener ingresos sin haber producido nada. Mientras tanto “el mantenimiento decae y el seguimiento del agua en las galerías es nulo”, se queja Olano. Y llegan vertidos masivos como el de hace una semana.
Rastreo legal
“El problema en estos casos es rastrear legalmente quién tiene que pagar”, explica la abogada experta en litigios medioambientales Cristina Álvarez Baquerizo. Esta letrada recuerda que las explotaciones mineras se benefician “de numerosas excepciones” en cuanto a la normativa “porque en muchas ocasiones están consideradas como de interés nacional”. Además, la ley de Minas es de 1978.
Álvarez recuerda las dificultades que, de forma genérica, presenta determinar en última instancia quién debe abonar una sanción y luego conseguir ese pago. Y pone de ejemplo el caso del vertido en Aznalcóllar. “Aún no han pagado”. En 1998, el escape de la balsa minera de Bolidén liberó lodos tóxicos que afectaron a más de 4.000 hectáreas del entorno del río Guadiamar, que alimenta las marismas de Doñana. En 2015, la Junta de Andalucía admitió estar en la “casilla de salida” para reclamar el pago de 90 millones de euros a la empresa. La minera se había ido de Aznalcóllar en 2001.
Aunque masivo, este último vertido es un escalón más en la degradación de estos ríos que fluyen por una zona rica en minerales. Sin ir más lejos, el alcalde de unas de las poblaciones de la cuenca, Tharsis, afirmaba en 2014 que las nuevas técnicas mineras para aprovechar los desechos y yacimientos suponían un futuro de trabajo para la comarca: “Uno de los grandes trabajos mineros que aún quedan en Europa están en la faja pirítica onubense”, vaticinaba Lorenzo Gómez (PSOE). Abrochaba esas promesas laborales a una de las empresas implicadas en este último escape tóxico: Nueva Tharsis.
