El Ministerio de Educación modifica también la reválida de secundaria diseñada por Wert
El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha rectificado el examen de reválida al que se tendrán que presentar los alumnos de 4º de la ESO a partir del año que viene. La polémica prueba, que tendrán que aprobar los alumnos de 15 y 16 años para poder obtener el título, ha sufrido varias modificaciones. La semana pasada, Educación también realizó importantes cambios en la reválida de 2º de bachillerato planteada por Wert a través de la LOMCE.
Según los borradores del proyecto de real decreto y de la orden ministerial que regulan ambas reválidas –publicados por los diarios El País y El Mundo–, la normativa que ultima Méndez de Vigo no establece que el examen sea tipo test, ni se lleve a cabo a la vez en toda España. Los contenidos de la prueba y el margen de tiempo en el que deberán ser realizadas serán decididos por el ministerio, mientras que las comunidades autónomas serán las que redacten las preguntas, establezcan las fechas de cada convocatoria y ejecuten la revisión de las calificaciones.
Según los borradores, el examen se centrará en las cuatro materias troncales (Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas y Lengua Extranjera) y la corrección del mismo la llevarán a cabo el profesorado del “sistema educativo español”. La cantidad de preguntas también se verá reducida: de las 350 preguntas tipo test propuestas por el decreto anterior se pasa a un máximos de 15 preguntas por cada una de las pruebas. Sin embargo, el alumno no podrá seguir estudiando ni obtener el título si no aprueba la reválida algo que también contemplaba el plan de Wert.
Además, el nuevo plan incluye la figura de la “comisión central”, presidida por representantes del ministerio que cada año deberá proponer “las características, el diseño y los contenidos de las pruebas y de evaluar su realización”, tal y como señala El País.
Con estas modificaciones, el Ministerio renuncia al modelo que diseñó el anterior ministro y se acerca más a las posturas de los rectores y las comunidades autónomas. Sin embargo, los contenidos del decreto dependerán del futuro gobierno y de su decisión de derogar o no la actual ley educativa.
