Habrá que ver en qué queda, pero el nuevo ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, quiere dejar su impronta en los cuatro meses de mandato que va a disfrutar. Y diferenciarse de su antecesor, José Ignacio Wert, que abandonó el cargo dejando el sector educativo incendiado.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso, el ministro se mostró conciliador, anunció una batería de medidas, incluyendo algunas tan simbólicas como recuperar las ayudas para los libros de texto que Wert eliminó o tan ambiciosas como dar los primeros pasos para la elaboración del estatuto docente —una reivindicación del sector de años que ningún Gobierno ha realizado—. Respecto a la LOMCE, ofreció “diálogo” a las Comunidades Autónomas, pero acto seguido recordó que “cumplir las leyes es una exigencia democrática. Y la LOMCE está en vigor”.
Más becas
En una primera intervención corta y genérica, sin entrar en detalles de ninguna de las medidas que anunció, Méndez de Vigo se comprometió a “recuperar las ayudas a los alumnos con menores recursos económicos para la compra de libros de texto de la LOMCE” para el curso que viene. Él mismo recordó que las ayudas desaparecieron en 2012 por obra y gracia de Wert. El anuncio llega a cuatro meses de las elecciones generales.
El ministro también anunció que aumentará la partida destinada a las becas generales. “Son un pilar fundamental de equidad e igualdad de oportunidades”, defendió. Méndez de Vigo recordó que el presupuesto del año pasado (1.413 millones de euros) es el mayor que nunca ha tenido el ministerio, y afirmó que crecerá. En una discusión antigua, que se ha venido repitiendo durante toda la legislatura, el portavoz socialista, Mario Bedera, afirmó que en realidad han caído en 270 millones de euros. Las diferencias entre un criterio y otro se entiende a partir de la manera de interpretar esta partida. El ministerio no miente cuando dice que nunca se ha destinado más dinero en unos presupuestos anuales. El socialista tampoco, cuando habla de cursos académicos, que incluyen partidas de dos años diferentes.
Habrá conferencia sectorial en agosto
El ministro sabe que va a tener poco tiempo, pero no se va a aburrir. Para empezar, con la LOMCE. Sólo cinco Comunidades Autónomas comulgan más o menos con la nueva ley educativa que Méndez de Vigo hereda y debe impulsar. Son las que gobierna el PP: Galicia, Castilla y León, La Rioja, Madrid y Murcia. Del resto no puede esperar mucha colaboración, más allá de la mínima lealtad entre administraciones y el cumplimiento de la ley. En este sentido, el portavoz del PSOE, Mario Bedera, le recordó que su partido no es “insumiso ni objetor”, pero sí le pidió que detenga el calendario de implantación de la ley, que está provocando un “caos”. El ministro afirmó que se reunirá con los consejeros disidentes y después, en agosto según sus cálculos, convocará a la Conferencia Sectorial, que sienta en la misma mesa a Gobierno y Comunidades Autónomas.
Desde que accedió al cargo hace un mes, el nuevo ministro ha hecho gala del del supuesto carácter dialogante que se le atribuye. Es consciente —cómo no— del rechazo que la LOMCE provoca en una gran mayoría de los Gobiernos autonómicos actuales y del poder que éstos tienen para aplicarla o no, implantarla con entusiasmo o limitarla a su mínima expresión, que parece el camino elegido.
Por eso ya ha hecho más que lo que hizo su antecesor en los últimos meses de mandato: se ha reunido con algunos de los nuevos consejeros de Educación para conocer sus impresiones de primera mano. De estas reuniones han salido pocas conclusiones: una vaga buena disposición del ministro y el convencimiento de los Ejecutivos autonómicos de seguir con su LOMCE reducida, según fuentes conocedoras de algunas de estas citas.
Como ejemplo, la cita con la consejera aragonesa, Mayte Pérez, la primera que anunció (y publicó una orden) que paralizaba la LOMCE. Méndez de Vigo salió de aquel encuentro afirmando que “no hay reacción” al movimiento del Gobierno de Zaragoza. A Aragón le han seguido, al menos en intención, otros como Castilla La Mancha, Extremadura, Navarra o Valencia, autonomías todas ellas que han cambiado de color político. Las cinco disidentes clásicas, las que vienen oponiéndose a la ley desde hace años y se levantaron de la última Conferencia Sectorial en protesta por el nuevo decreto de evaluaciones (Cataluña, Andalucía, Asturias, Canarias y Euskadi), se mantienen en su línea contraria a la ley.
No sólo las regiones se oponen a la LOMCE. El PSOE en su conjunto ha solicitado al Gobierno —además de esta tarde— que paralice la LOMCE. También asociaciones como la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que agrupa a familias (CEAPA), sindicatos de profesores, de estudiantes o los movimientos de renovación pedagógica, exigen al Ministerio de Educación que detenga la LOMCE ante el rechazo que genera.
Por último, el ministro anunció su intención de redactar en estos meses un libro blanco para la elaboración del estatuto docente que regule el acceso, promoción, etc. de los maestros en el sistema educativo. Esta es una reivindicación histórica de los sindicatos educativos que ningún gobierno ha logrado cerrar. Tan es así que Bedera, del PSOE, le concedió que, “si lo consigue”, volverá a creer.