Las familias del CEIP Miguel Hernández de Getafe tomaron el pulso a las decisiones unilaterales de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, resistieron y al final han ganado.
Tras la dimisión de dos directores impuestos por la Dirección de Área Territorial (DAT), la administración ha cedido y a la tercera ha nombrado en el cargo a la persona propuesta por la comunidad educativa desde hace meses: el antiguo jefe de estudios.
La buena noticia llegó en medio de una asamblea en el gimnasio del cole, convocada precisamente para debatir, un día más, qué hacer ante la situación después de muchas visitas a la DAT, de muchas peticiones (sin éxito) de reuniones, de mucha pelea. La marea verde resurgió en Getafe.
El jefe de estudios de otro instituto público para el que la Comunidad de Madrid quería designar a una persona externa., el IES Satafi, será finalmente el nuevo director si el actual se jubila en septiembre, como ha anunciado.
“Citaron a Alfredo en la DAT a las seis y allí se lo comunicaron. Será por un año, lo que nosotros pedíamos, hasta que alguien del centro pueda presentar un proyecto educativo que sea valorado por fase ordinaria”, explica la exdirectora del Miguel Hernández, Ana Isabel Serrano.
Asegura que, aunque su capítulo se cierra, no se olvidan del resto de colegios afectados y las familias del centro se seguirán involucrando en las movilizaciones de la comunidad educativa. “Las cosas hay que pelearlas hasta el final, con respeto, pero hasta el final”.
Según el recuento de CCOO, hay otras decenas de centros públicos que se encuentran situaciones similares tras la selección por parte de la Comunidad de Madrid de directores en contra de la voluntad de la comunidad educativa.
El Gobierno de Cristina Cifuentes se acoge para justificar estos nombramientos, cuyos criterios son desconocidos, al artículo 137 de la LOMCE reservado únicamente para tres supuestos: “en ausencia de candidatos –lo que ocurría oficialmente en el Miguel Hernández–, en centros de nueva creación o cuando la Comisión correspondiente no haya seleccionado a ningún aspirante”.
La Plataforma Regional por la Escuela Pública denunciaba el martes en rueda de prensa la imposición de directores tras la jubilación de los antiguos y la “penalización” de equipos directivos con proyectos innovadores que presentaron su proyecto educativo en tiempo y forma y recibieron puntuaciones muy bajas por parte de las comisiones de valoración, donde la administración tiene mayoría (de cinco miembros, tres pertenecen a la Comunidad de Madrid).
La misma plataforma exigió también que el Gobierno de la región cesara a las personas responsables de estas decisiones. “Si no lo hacen, Cifuentes y el consejero serán parte del problema no de la solución”, dijo José Luis Pazos, presidente de la FAPA Giner de los Ríos.