La sanidad pública de Murcia financiará la sedación en los abortos hasta la semana 12 que antes pagaban las mujeres
El Servicio Murciano de Salud (SMS) va a empezar a financiar la sedación de los abortos dentro de las primeras 12 semanas de embarazo. La mayoría de mujeres que se sometieron a esta intervención en 2016 y 2017 tuvieron que pagar por este tipo de anestesia, puesto que, hasta ahora, la sanidad pública de la Región de Murcia no la cubría. Según ha confirmado eldiario.es, a partir de este mes de mayo comenzará a hacerse cargo de este gasto que en esos años supuso para el 80% de las mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo con menos de 12 semanas un desembolso de 100 euros. Para las intervenciones de más semanas, la sedación ya estaba financiada.
Son datos de la propia Consejería de Salud, que en una respuesta parlamentaria a Podemos reconoció que de las 2.011 mujeres que abortaron antes de las 12 semanas en 2016, 1.567 solicitaron la sedación y un año después, lo hicieron 1.642 de 2.086. El 77,9% y el 78,7% respectivamente. Esto es así porque la falta de financiación del SMS hacía que las clínicas concertadas con la Administración tuvieran que cobrar por ello a las mujeres, puesto que el importe que recibían no era suficiente. Ello a pesar de que el aborto es una prestación sanitaria pública y las mujeres no deben pagar por ellas aunque se realicen en centros privados –en España, de hecho, solo un 12% de los abortos se realiza en centros públicos–.
Sin embargo, desde este mes de mayo el Servicio Murciano de Salud va a aumentar el importe que paga por cada interrupción voluntaria del embarazo de menos de 12 semanas a las clínicas concertadas, según confirman fuentes del mismo. La reivindicación lleva años sobre la mesa, puesto que ocurre desde que entrara en vigor la actual ley del aborto, de plazos y que permitió el aborto libre en España en ese rango temporal, en 2010. La denuncia sobre lo que estaba ocurriendo en Murcia partió hace prácticamente un año de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública.
“Nos alegramos de que el SMS considere nuestra denuncia y nos dé la razón a nosotras y a todas las mujeres que han tenido que sufrir esta dolorosa, intolerable y discriminatoria situación”, celebra Teresa Martín, presidenta de la asociación, que incide en que la financiación debería hacerse con carácter retroactivo, al menos, desde que la organización dio la voz de alarma pública. Entonces, el SMS dijo “que no tenía constancia de la situación” y “recomendó a las mujeres que enviaran facturas”, pero “no estableció procedimiento administrativo alguno ni dio publicidad ni información. Fue una mera declaración a prensa”, prosigue Carmen Rico, integrante de la asociación que ha trabajado el asunto.
Elegir sedación o anestesia local
Sin embargo, y a pesar de ello, los cobros por las sedaciones siguieron produciéndose. De hecho, hace menos de un mes, el pasado 13 de abril, Rocío (nombre ficticio) interrumpió voluntariamente su embarazo y tuvo que hacer frente a los 100 euros de la sedación. El procedimiento habitual es que las clínicas den a elegir a las propias mujeres qué prefieren: si sedación, que duerme el cuerpo entero o anestesia local, que duerme solo una parte del mismo. “Me dio miedo y me pareció lo más adecuado. En alguna ocasión había oído que dolía, así que preferí asegurarme porque además en ese momento estás nerviosa”, explicaba Rocío a eldiario.es hace unos días.
Las mujeres suelen elegir la sedación porque evita las posibles dolores y molestias por completo, pero una u otra opción dependerá de cada mujer y de su situación. En este sentido, la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) apunta a que las mujeres nunca son intervenidas sin, al menos, anestesia local, pero llevaban años reivindicando a la Administración murciana que sean las propias usuarias las que escojan y que en ambos casos el importe esté cubierto por la sanidad pública.
La asociación de clínicas valora “positivamente” la decisión de la Región de Murcia y señala la necesidad de que “las mujeres puedan ser libres no solo para interrumpir o no su embarazo, sino también el método o el tipo de anestesia o sedación con el que desean realizar la intervención”. Así, son “las circunstancias médicas y personales de las mujeres las que deben considerarse en la práctica sanitaria y no las razones económicas o presupuestarias”, afirma Francisco Valero, vocal de ACAI en Murcia y ginecólogo de la clínica Ginemur.
El impacto económico de los 100 euros
“Es para celebrar, pero debería haber sido así desde el principio. Era una aberración e incluso había mujeres que no podían permitirse pagar esos 100 euros”, explica una trabajadora social que ejerce en varios centros de salud murcianos. Ella se encarga de derivar a las clínicas a mujeres embarazadas de menos de 12 semanas que acuden a atención primaria con intención de abortar, pero apunta a que nadie le ha informado oficialmente de que a partir de ahora se va a financiar la sedación. “Tampoco nos informaron nunca de que no se pagaba. Hay mucho oscurantismo”.
El importe al que, hasta ahora, han tenido que hacer frente las mujeres en Murcia al interrumpir voluntariamente su embarazo ha supuesto para muchas un enorme impacto económico y “muchas de ellas no han podido pagar por no tener medios para hacerlo”, señalan desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública. Rocío, la mujer que abortó hace unas semanas, es uno de estos casos. Ella trabaja como empleada doméstica interna en una casa y utiliza parte de lo que gana para apoyar a su familia, que vive en Nicaragua, de donde emigró: “100 euros no es poco. A mí me afectó económicamente”, dice.
Esta realidad provocaba “una evidente discriminación”, en palabras de la diputada de Podemos en la Región de Murcia, María Ángeles García, que registró la pregunta parlamentaria a la que la Consejería de Salud respondió con datos. “El tratamiento del dolor dependía de la capacidad económica de las mujeres, así que valoramos positivamente que se dé este paso”, explica la parlamentaria. Aún así, tanto Podemos como la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública reivindican que los abortos comiencen a implantarse en los hospitales públicos y exigen que se establezcan conciertos con las clínicas que garanticen transparencia y la posibilidad de establecer un control sobre los procedimientos.
