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Nadie para la mansión que se levanta en medio de una zona de alta protección ambiental cuyo permiso fue anulado

Nadie se atreve a parar las obras de una mansión que se levanta en zona de máxima protección ambiental al oeste de la Comunidad de Madrid. A pesar de que sobre el proyecto han recaído la anulación de la autorización urbanística y se ha ordenado la paralización de los trabajos –documentos a los que ha accedido eldiario.es–, las grúas, camiones y escombros continúan su actividad en un área considerada de alto valor en la Red Natura 2000 de conservación ecológica.

El proyecto obtuvo todos los parabienes de las administraciones responsables, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Valdemorillo donde se asienta: desde eximirle de la evaluación de impacto ambiental hasta concederle la licencia de obras antes de firmarse la calificación urbana previa (que a la postre también llegó). Solo la revisión del expediente por los recursos de un vecino y la organización Ecologistas en Acción ha permitido conocer que el proceso estaba lleno de irregularidades.

Al frente de la construcción está la dueña de la finca, una sociedad denominada Fuenteladera cuyo único accionista es otra empresa, Promoción de Nuevas Iniciativas. Los administradores finales son los hermanos Pablo y Álvaro Lasaga del Molino, que han preferido no hacer comentarios.

Los edificios están dentro de la Zona de Especial Conservación y el Lugar de Interés Comunitario asociados a los ríos Alberche y Cofio. En su ámbito de máxima protección por, entre otras cosas, ser área de águila imperial, cigüeña negra y milano real. Aun así, los responsables de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid consideraron al inicio del proyecto que “no resulta necesario que se someta a los procedimientos ambientales establecidos por la ley”, según consta en el expediente. Por la vía rápida se libraba de evaluar pormenorizadamente los impactos de las obras.

Además, el plan requería una autorización especial por estar en suelo no urbanizable. Un permiso para rehabilitar edificaciones antiguas que hubieran servido de casa. También la obtuvo. De la misma manera que consiguió la licencia de obras que el Ayuntamiento de Valdemorillo cursó solo pidiendo que no se aprovecharan las obras para aumentar la superficie de los edificios o los volúmenes construidos.

Se agrandaron los edificios

Sin embargo, la arquitecta municipal, en octubre de 2017, comprobó, in situ, que las obras estaban excediendo lo permitido. Y, además, avisaba de que “la mayor repercusión de ese exceso serían sus consecuencias medioambientales por estar en una zona de alta protección”, según su informe. También constató que “la zona de obra se encuentra vallada, habiéndose cortado el camino existente y habilitándolo exclusivamente para las obras”. El vecino afectado por este corte es quien interpuso el recurso.

Además del criterio de la arquitecta, también los técnicos de la Consejería que revisaron luego el expediente opinaron lo mismo: “Del contenido de los informes transcritos resultaría que el proyecto presentado por la entidad Fuenteladera, S.A., contempla la efectiva ampliación de la superficie y volumen de alguna de las edificaciones existentes en la parcela”, escribieron.

El Servicio Jurídico de Medio Ambiente –el 19 de diciembre de 2017– ha establecido que, al estar la finca en una zona de especial protección ambiental, no puede permitirse el tipo de autorización especial para rehabilitar o conservar edificios “incluso con destino residencial y hostelero” que se le aplicó a este proyecto. También explica que el Tribunal Supremo ha establecido que “el proyecto en una zona de especial protección, (...) exigiría una adecuada motivación”. Y extrae la consecuencia de que “no sería posible autorizar el proyecto presentado”.

Recurso sin respuesta a tiempo

El vecino recurrió la autorización y solicitó que se suspendiera en abril de 2017. La Consejería no resolvió el recurso en el tiempo obligatorio por lo que ese permiso quedó sin efecto en mayo como luego ha tenido que admitir la propia consejería por silencio administrativo. Pero eso no influyó para que en septiembre comenzaran las obras.

La cuestión es que, en diciembre pasado, la Dirección General de Urbanismo, tras la insistencia del vecino y Ecologistas tuvo que ordenar la suspensión de la licencia de obras y requerir al Ayuntamiento para que “ordene la suspensión de las obras”.

Casi al mismo tiempo, la Secretaria General Técnica ordenaba que la autorización urbanística firmada por la Consejería fuera declarada nula por “no resultar conforme al ordenamiento jurídico”. Esto significa que la calificación sobre la que se sustenta el proyecto de construcción nunca ha existido a efectos legales.

Pero los trabajos no cesan. El Ayuntamiento de Valdemorillo, además de asegurar que la propiedad ha recurrido la decisión, se escuda en que existe “contradicción” entre las órdenes del Gobierno regional para quedarse quieto.

Un portavoz ha contestado que, tras la orden para que se detuvieran los trabajos, “se recibió escrito que anulaba lo contenido en el anterior”. Un argumento para no detener las obras que niega el jefe de Recursos e Informes de la Comunidad de Madrid en un escrito que ha podido leer este medio. En él se resuelve que las órdenes no se afectan mutuamente: un documento “ carece de incidencia alguna sobre la eficacia y validez” del otro.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha ofrecido explicaciones sobre cómo pueden seguir adelante unos trabajos cuya calificación urbanística ha sido anulada y habiéndose ordenado que el Ayuntamiento detenga el proyecto en medio de una zona especialmente protegida sobre la que tiene las competencias. Sí ha afirmado que “una vez transcurrido un mes sin que conste que el Ayuntamiento haya realizado actuación alguna, se va a proceder a la impugnación directa ante la jurisdicción contencioso administrativo”.

Mª Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción –la organizaciones que ha impulsado el recurso– remata que “resulta preocupante que se haya llegado a autorizar, y que ahora nadie pare, unas obras que a poco que se mire se comprueba que se trata de un hotel encubierto en un espacio protegido, en una de las zonas de mayor valor ambiental de la región”.