Las medidas urgentes contra la violencia de género inician su trámite parlamentario con el apoyo de todos los grupos
Las medidas más urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género llegaban este jueves al Congreso. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, confirmaba en su intervención que lo que el Ejecutivo aprobó en agosto como decreto ley pasará a ser un proyecto de ley al que los grupos podrán presentar enmiendas. Ha sido este cambio el que ha permitido que el paquete de medidas presentado este jueves cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque Partido Popular y Ciudadanos critican la forma y contenido de algunas de las medidas.
Calvo iniciaba su intervención hablando de una “violencia insoportable” y del Pacto de Estado como una vía “para dejar al lado las discrepancias” entre partidos y ponerse a disposición del objetivo final: atajar la violencia machista y proteger a los menores. “Un instrumento que nos obliga a todos a trabajar de una manera diferente a lo habitual en la política. Requiere que todos hagamos un esfuerzo. No siempre sacaremos adelante todo exactamente como queremos pero cumpliremos con nuestra obligación”, ha dicho.
Casi un año después de la firma de ese Pacto, ha defendido Calvo, la situación exige rapidez y eficacia y, por eso, ha justificado, las medidas se aprobaron como decreto ley aunque ahora se tramiten como proyecto de ley. La ministra de Igualdad ha recordado que más del 70% de las mujeres que finalmente fueron asesinadas no habían denunciado: “Esto nos coloca en un nivel de preocupación mayor, hemos de hacer muchos esfuerzos en el ambiente general de la sociedad en la que estamos para que a las mujeres les llegue un mensaje unánime y contundente, solidario y seguro de que pueden y deben salir de esa situación. No denuncian porque la sociedad tienen que dar una respuesta todavía más clara de que es necesario que lo hagan porque a la salida de su decisión les estamos todas y todos esperando”.
La vicepresidenta ha desgranado y defendido las medidas que han comenzado este jueves su trámite parlamentario. Por ejemplo, la devolución a los ayuntamientos de las competencias en materia de violencia de género y la posibilidad de que, por el retraso en la puesta de marcha del Pacto, puedan gastar el año que viene los fondos presupuestados a tal fin en 2018. En 2019, el Gobierno doblará la partida destinada a los ayuntamientos: de 20 millones pasará a 40.
Pero también ha argumentado las medidas más controvertidas, sobre las que las portavoces de PP y Ciudadanos, pese a dar su apoyo a la tramitación, han expresado sus dudas. Es el caso de la modificación del Código Civil para que los hijos menores de víctimas de violencia de género puedan recibir atención psicológica sin el consentimiento del padre. Hasta ahora, bastaba que el padre se negara para que no fueran atendidos. Ahora, el padre podrá recurrir la decisión ante la justicia pero el menor, mientras, recibirá asistencia psicológica.
Calvo ha asegurado que el Convenio de Estambul, que España ratificó en 2014, obliga a hacer modificaciones legales, también en cuanto a menores se refiere. El cambio en el Código Civil, ha dicho, “no conculca derechos fundamentales y queda intacto el derecho del otro progenitor de ser informado y de recurrir en amparo de la justicia”. “De esta manera podemos proteger a niños y niñas que alcanzan la mayoría de edad sin haber sido socorridos porque uno de sus progenitores, incurso en una causa, para el beneficio de su defensa, pone en riesgo incluso la situación psicológica de su hijo o hija”, ha añadido.
La portavoz de Ciudadanos, Patricia Reyes, ha cuestionado al Gobierno por qué las medidas que llegan este jueves al Congreso son las más urgentes y no otras. Reyes ha urgido a aprobar las medidas relacionadas con la atención de las mujeres en los servicios sanitarios, que en muchos casos sirven como medio para la detección de violencia machista. También ha cargado contra el hecho de que los informes de los servicios sociales vayan a servir para acreditar a una mujer como víctima aunque no haya denunciado y poder acceder, así, a la atención especializada: “Hay magníficos profesionales pero tal y como está redactado crea una enorme inseguridad jurídica, ¿quién tendrá la autoridad para acreditarlo?, ¿cómo será ese informe? Han dejado muchos cabos sin atar”.
Para la portavoz del PP, Marta González, su apoyo a estas medidas se debe a que se trata del “primer fruto legislativo del Pacto” y a su tramitación como proyecto de ley. “Somos conscientes del esfuerzo que supuso llegar a este acuerdo”, ha dicho González, aunque ha mostrado sus dudas tanto sobre la “apresurada” aprobación del real decreto como sobre los puntos que afectan a la modificación del Código Civil.
La portavoz de Unidos Podemos, Sofía Castañón, ha mostrado su apoyo al proyecto de ley aunque ha urgido a la puesta en marcha del Pacto: “Vamos tarde, llevamos 85 asesinatos machistas desde que se aprobó”. Castañón ha insistido en que el mayor consenso en el Pacto fue que España debía adoptar su legislación para ampliar el concepto de violencia de género más allá de la pareja.
Después de su aprobación hoy en el Congreso, los grupos parlamentarios tendrán ahora dos semanas para aportar enmiendas al proyecto de ley.
