Pagar una tasa franquista a punto de extinguirse para exhumar fosas de víctimas de la dictadura

199,21 euros. Es el dinero que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha estado a punto de tener que pagar al Estado por buscar los restos de Luis Vega González, fusilado por el bando franquista el 2 de septiembre de 1936 y enterrado en una fosa común en León. El organismo que se lo ha exigido ha sido la Cuenca Hidrográfica del Duero, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, en aplicación de la legislación de tasas vigente, pero le ha comunicado que paralizará el cobro tras su denuncia. Ya pasó en 2016 y 2019 con el Ministerio de Fomento, también con la exhumación de otras dos fosas en la misma provincia. La Ley de Memoria Democrática, que inicia ahora su andadura en el Congreso, prevé eliminar cualquier tipo de tarifa de este tipo, que sigue gravando algunas exhumaciones 14 años después de la promulgación de la primera ley.

En los tres casos la ARHM, que lleva casi dos décadas atendiendo a familiares de víctimas y trabajando por la recuperación y dignificación de los desaparecidos, ha tenido que solicitar autorización a los ministerios. No es algo habitual y depende de la naturaleza y el lugar de los trabajos que vaya a acometer. En el caso más reciente, la fosa está situada en la zona de policía del Río Luna, en Cospedal de Babia, por lo que uno de los permisos recae en Transición Ecológica, mientras que los que correspondieron a Fomento eran proyectos en zonas aledañas a dos carreteras nacionales, sobre las que tiene las competencias.

La tasa, que en 2016 fue de 65,94 euros y en 2019 de 193,36, responde a la elaboración de un informe técnico como paso previo a la autorización de las obras, que en el caso más reciente concluyó, tras una visita técnica a la zona por parte de la Comisaria de Aguas, que “no se observan las circunstancias para desaconsejar la realización de las obras siempre que se restaure el terreno a su estado original”, según estipula el permiso al que ha tenido acceso elDiario.es. Se da la circunstancia de que las tasas relativas a esta gestión, de Informes y Otras Actuaciones, están reguladas por un decreto de 1960, firmado por Francisco Franco y por su entonces subsecretario de Presidencia, Luis Carrero Blanco.

Hay otras leyes relativas a la imposición de este tipo de cánones que se aplican en estos casos –por ejemplo, la Ley de Aguas, la de Procedimiento Administrativo Común o la de Modificación del Régimen Legal de las Tasas–, pero el origen de la tarifa está en esa norma de la dictadura. A ella se refieren en todos los casos los recibos enviados a la ARMH, el último fechado el 16 de julio. En concreto su artículo 4 establece las cuantías por la realización de informes técnicos como estos: los de carácter facultativo que requieran “tomar datos de campo” suponen 1.500 pesetas un día y 1.000 más por cada jornada extra, lo que trasladado a 2021 se ha traducido en los 199,21 exigidos.

Sobre el último cobro, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica apuntan a que “se están explorando todas las fórmulas para que en ningún caso esta asociación cargue con el pago de la tasa”. Y a lo mismo aludió hace un par de años Fomento, que anuló el proceso. Pero desde la asociación lo que reclaman es que se elimine definitivamente para estos casos, puesto que en la práctica supone gravar la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo que organizaciones memorialistas llevan años haciendo con recursos propios. De hecho, la propia Ley de Memoria Histórica de 2007 recoge que las actividades de localización, búsqueda, exhumación e identificación de restos son “de utilidad pública e interés social”.

“No nos pueden tratar como si fuéramos una funeraria, una empresa cualquiera que está haciendo una obra común. Deberían definir excepciones en estos casos porque nosotros llevamos a cabo una actividad que tiene que ver con los derechos humanos”, sostiene Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. La organización pone el foco también en que si no fuera porque cada vez que reciben la tarifa lo denuncian públicamente “no se paralizaría” el cobro, por lo que desconocen si está ocurriendo en otros casos.

Lo incluye la futura Ley de Memoria Democrática

Preguntado por esta cuestión, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática señala que el cobro de esta tasa “es uno de los ejemplos de problemas que se quieren solucionar” con la nueva ley, cuyo proyecto fue aprobado hace diez días, pero al que aún le queda el trámite en las Cortes. “Se contempla en el artículo 20.4, donde se dice que en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado los procedimientos administrativos para autorizar las actividades de localización e identificación o para el acceso a los terrenos afectados por trabajos de localización e identificación, no estarán sujetas a ningún tipo de tasa, canon o gravamen”, explican las mismas fuentes.

El último caso corresponde a la búsqueda de los restos de Luis Vega González, nacido en Noceda del Bierzo (León) que trabajaba como segador de trigo en esa misma zona y que fue fusilado el 2 de septiembre de 1936. Tenía tan solo 18 años cuando fue capturado por varios falangistas y trasladado a Cospedal de Babia para ser asesinado junto a otro hombre del que no se ha llegado a conocer la identidad. Gracias a la investigación realizada por la ARMH y los familiares y mediante testimonios de varios vecinos, se piensa que los restos pudieron ser enterrados en un paraje denominado Entre Ríos, en el Parque Natural de Babia y Luna.

En 2019, la tasa se cobró por una búsqueda en la carretera N-621 León-Santander, donde la asociación intentaba encontrar en Las Salas (una pedanía del municipio de Crémenes) los restos de un vecino del pueblo que había sido asesinado en 1936 y arrojado al río Esla. Se conocía que su cuerpo había sido reflotado a los pocos días por vecinos de la zona y enterrado en la finca más cercana, pero después de dos días de trabajos, no apareció. Tres años antes buscaban en una fosa de Santa Lucía de Gordón –cerca de la carretera N-630 Gijón-Sevilla– a 11 hombres y una mujer que fueron asesinados una vez cayó el frente republicano de Asturias. Todo indicaba que los restos habían sido enterrados extramuros del cementerio del pueblo, pero tampoco aparecieron.