Seis partidos registran la Ley Trans en el Congreso para sortear la falta de acuerdo en el Gobierno

La Ley Trans emprende desde este miércoles un camino paralelo al del seno del Gobierno. Los grupos parlamentarios ERC, Compromís, Más País/ Equo, la CUP, Nueva Canarias y Junts per Catalunya la han registrado en forma de proposición de ley en el Congreso como vía alternativa al Consejo de Ministros y para poner en evidencia el nulo avance de la norma en el Ejecutivo. Según anunciaron en un comunicado conjunto algunos de estos partidos, el pasado viernes se comprometieron “con los derechos de las personas trans” a registrarla si “como tarde el lunes 15 de marzo” no había un “gesto claro y comprobable” a favor de la ley, que ha desatado una disputa entre el PSOE y Unidas Podemos.

El paso dado por los partidos en el Congreso se produce en respuesta a la huelga de hambre iniciada hace siete días por varias activistas, entre ellas Mar Cambrollé, la presidenta de la Plataforma Trans, y madres de menores trans, que dieron un ultimátum a los grupos hasta que no registraran la ley en la cámara baja “para que comience su andadura y se debata con luz y taquígrafos en el órgano de representación de la ciudadanía”, declararon.

Cambrollé ha mostrado su agradecimiento a los partidos a las puertas del Congreso y junto a representantes de los grupos y ha calificado la jornada de “día histórico para los derechos de las personas trans”. La activista ha confiado en que el resto de grupos, incluido Unidas Podemos y el PSOE, “tengan coherencia para responder a las necesidades de las personas trans”. La norma, ha proseguido Cambrollé, “no solo viene a reconocernos en igualdad, sino a reparar el daño que por omisión o acción ha perpetrado el Estado negándonos derechos básicos”.

Los partidos también han celebrado en Twitter el registro de la proposición de ley: “Por la dignidad y los derechos de las personas trans, defendemos la ley trans en el Congreso”, ha escrito ERC. “Acabamos de registrar la Ley Trans junto a Confluencia Trans para desbloquear esta reforma que fue un compromiso del gobierno y una demanda histórica de las personas trans. Esto es solo el principio del proceso pero damos un paso más para asegurar que #HabráLeyTrans”, ha dicho el senador de Más Madrid Eduardo Rubiño.

La ley registrada en el Congreso amplía en algunos puntos el texto redactado por Igualdad. Entre otras cosas, prevé que la rectificación registral de las personas en lo relativo al sexo pueda elegirse entre cuatro opciones: hombre, mujer, persona no binaria o dejarse en blanco. El borrador del departamento de Irene Montero se limitaba a dispone que la mención al sexo podía omitirse a petición de la persona interesada en los documentos oficiales, pero no en el registro. También reconoce que las personas extranjeras pueden modificar su sexo legal, pero siempre que acrediten la imposibilidad de hacerlo en sus países, algo que en la proposición de ley registrada también se modifica para que solo haga falta la “declaración expresa”.

El Ministerio de Igualdad ha emprendido sin éxito dos intentos de llevarla junto a la ley LGTBI al Consejo de Ministros desde que el pasado 25 de enero se produjera la primera reunión de trabajo con el borrador de la norma entre Irene Montero y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. El PSOE argumentó que “aún no está preparada” y que adolece de “falta de seguridad jurídica”, mientras desde Igualdad acusaron a los socialistas de “bloquear” la tramitación tras no haber recibido “ninguna propuesta de cambio” al texto, elaborado junto a los colectivos trans, explicaron entonces.

El centro del debate en el seno del Gobierno está en la autodeterminación de género, que implica la eliminación de los requisitos médicos actuales para que una persona trans pueda modificar su sexo legal. La propuesta de Igualdad es muy similar a la ponencia que apoyaron todos los grupos en el Congreso en 2019 y estipula que el cambio de sexo legal se base únicamente en la “declaración expresa”. Sin embargo, los socialistas consideran que es necesaria alguna certificación más allá de la “mera voluntad” de la persona. Precisamente la semana pasada, militantes de IU e inscritos y algunos cargos locales de Podemos hicieron públicos sendos manifiestos en esta línea, mientras que la postura que defienden oficialmente las formaciones es de apoyo a la ley.

Hace algo más de un mes el departamento de Calvo anunció que estaba estudiando las legislaciones presentes en otros países para ofrecer alguna alternativa que aún está por concretar. Desde la vicepresidencia apuntaron hace algo más de 15 días que a la norma le falta “por terminar de ajustar” algunas cuestiones. En Igualdad apuntaban entonces a que “no podemos mandar el mensaje a las personas LGTBI de que sus derechos están bloqueados y pueden esperar” y defendían que el resto de ministerios tiene los borradores desde el pasado 4 de febrero.

El asunto no solo levanta polémica entre Podemos y el PSOE, sino que es objeto de un profundo y virulento debate en el movimiento feminista. Un sector considera que estas leyes tienen “nocivas consecuencias” para los derechos de las mujeres, en palabras de organizaciones como la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, mientras que otro apoya la aprobación de la norma en alianza con los colectivos trans, que consideran patologizantes los requisitos actuales, y en consonancia con varios organismos internacionales, que han pedido superar el actual paradigma médico.