El plan de Sanidad para atajar rebrotes: reserva de medicamentos, refuerzo en fronteras y nuevo estado de alarma en última instancia

El Ministerio de Sanidad ha enviado a las comunidades la mañana de este lunes el borrador de su ‘Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19', que tendrá que discutirse esta tarde en el Consejo Interterritorial que el ministro Salvador Illa preside ante los líderes regionales. Está previsto que, tras las enmiendas que presenten los consejeros, se apruebe el jueves. El plan es una guía sobre el marco jurídico, las indicaciones epidemiológicas y sistema de evaluación ante los brotes que surjan mientras la pandemia no esté controlada, es decir, durante los próximos meses, hasta que haya una vacuna. Ha sido revisado esta misma mañana en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. 

En el plan están contemplados tres escalones de actuación: las decisiones de las comunidades autónomas, que mantienen casi todas las competencias en sanidad; la coordinación del Ministerio para hacer actuaciones conjuntas cuando una situación se extienda entre dos o más comunidades; y, en última instancia, un nuevo estado de alarma. Fuentes del gobierno han explicado que el último escalón, el estado de alarma, se aplicaría si la transmisión vuelve a afectar a toda España. No está previsto a corto plazo, ya que nos encontramos en un escenario de “control” y ya no “de mitigación”, como el que fue entre marzo y junio. El objetivo de las instrucciones reflejadas en el plan del Ministerio es, precisamente, no volver a alcanzar esa circunstancia de transmisión descontrolada y atajar los rebrotes a tiempo.

El borrador plantea las opciones legales que las comunidades tienen si el número de contagios detectados obliga a confinar otra vez un territorio concreto, como está ocurriendo en Catalunya con la provincia de Lleida. La legislación competencial para llevar a cabo medidas restrictivas por prevención está basada sobre todo en la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública (1986) y en la Ley General de Salud Pública (2011), aunque todas las decisiones “deberán ser ratificadas por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo”. Solo en esta ocasión que atañe a Lleida, han recordado fuentes del Ministerio, están paralizadas por una decisión judicial que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha respondido con un decreto ley. Por tanto, mientras existan mecanismos jurídicos que hasta ahora han funcionado, no está prevista una modificación legal ni una ampliación de la normativa vigente.

El plan de contingencia del Ministerio es una guía que las comunidades tendrán que aprobar y adaptar a su idiosincrasia. Incluye una descripción más detallada de cómo han de ser los sistemas de vigilancia y de notificación que llevan a cabo los técnicos durante este periodo que se ha llamado 'nueva normalidad'. También de la respuesta administrativa ante los brotes, que depende del tipo de transmisión que se detecte. Si son controlados, como hasta ahora lo han sido la mayoría –ha habido más de 100 en toda España– desde la desescalada, las medidas generales incluyen garantizar la atención sanitaria o hacer acopio de medicamentos y otras reservas. Si son más “complejos” o hay “transmisión comunitaria esporádica”, ya se cita que se debe hacer, por ejemplo, una redistribución de los recursos hospitalarios para dar atención a los enfermos COVID-19. Si la transmisión es “no controlada” es cuando entra en juego el confinamiento de un territorio o incluso, como esta primavera, de todo el país, y las restricciones de la movilidad de los ciudadanos.

La idea del Ministerio es conseguir que el sistema sanitario, es decir, la atención primaria –incluida la domiciliaria–, la hospitalaria y las urgencias, funcionen como un único ente. También que se produzca un refuerzo de la coordinación entre comunidades, papel principal del Ministerio sobre todo a través del Consejo Interterritorial. Su plan también incluye una parte que define la reserva estratégica que España tiene que desarrollar para no tener una total “dependencia exterior”, indican fuentes de Gobierno. Eso incluye la compra de medicamentos, de equipos de protección o de ventiladores mecánicos. El Estado asumiría el 25% de esa reserva, el resto corresponde a las comunidades. Hay un capítulo también dedicado a las fronteras y al protocolo que llevará a cabo Sanidad Exterior durante todo este tiempo, que es el mismo que ya se venía realizando: si se pisa España, se deberá seguir pasando por un cuestionario, por una toma de temperatura y por una revisión visual; y por un diagnóstico en un centro de atención sanitaria si alguno no se supera.

Las competencias en Sanidad Exterior son del Ministerio y son clave para atajar una segunda ola de COVID-19, ya que hay riesgo de que lleguen nuevos casos importados de otros países. Además de eso, el Ministerio también tendrá que liderar la compra de la vacuna frente a la COVID-19, cuando esta exista. Hay un apartado del plan dedicado específicamente a eso: “Se estima que las primeras vacunas estarán autorizadas a lo largo del año 2021, pero es aún pronto para conocer la eficacia y seguridad de las diferentes vacunas”. Está ya en conversaciones con la Unión Europea para la organización a llevar a cabo cuando llegue ese momento, que gestionará en España la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) “el órgano que adoptará las decisiones acerca de cada proceso de compra anticipada”. A corto plazo, también tendrá que realizarse la adquisición y distribución de dosis de la vacuna de la gripe, que serán clave esta temporada para no saturar el sistema y para que menos gente confunda síntomas de uno y otro virus.

En otro capítulo, el borrador del Ministerio describe medidas a adoptar en entornos específicos. Por ejemplo, se refiere a qué hacer en los centros escolares si se detecta un brote: dependiendo de su gravedad, desde simplemente intensificar las medidas de prevención–distancia e higiene, entre otras–, el cierre del aula afectada, o el cierre de toda la escuela. “Una alternativa al cierre de los centros escolares es permitir modalidades de educación mixta (combinando educación a distancia y presencial) teniendo en cuenta las necesidades del alumnado más vulnerable”, dicen. Las comunidades, si aprueban el documento, tendrán que aplicar sus medidas específicas.