Desprotegidas, invisibles y precarias: las trabajadoras de las residencias batallan contra la COVID-19 por mil euros al mes

Son uno de los focos más golpeados por el coronavirus. Las residencias de mayores acumulan miles de fallecidos y de contagios aún hoy imposibles de cuantificar sin datos oficiales, pero además batallan día a día con la precariedad que lastra al sector desde hace años. Lo saben bien las trabajadoras que están en primera línea y que, sobrepasadas y, en muchos casos desprotegidas, cuidan a los más vulnerables al virus por salarios de mileuristas. “Hacemos cada una el trabajo de tres por una miseria y sin medios”, resume Carmen, gerocultora en una residencia privada de Madrid.

La crisis sanitaria estalló con muchos asuntos pendientes de cerrar en el sistema de dependencia. Los sindicatos habían pedido a la Vicepresidencia de Derechos Sociales una inyección de presupuesto de 4.000 millones en total durante toda la legislatura, y presionaban a la patronal para que firmase el VIII Convenio de las trabajadoras, paralizado desde noviembre. Afecta a casi 200.000 de todo el país, alrededor del 90%, mujeres. La última oferta de CCOO y UGT había sido una subida salarial total del 10% de forma que los salarios base más bajos llegaran alcanzar los 1.000 euros en 14 pagas. Anunciaban por todo ello un marzo de movilizaciones que la pandemia canceló.

Carmen lleva 16 de los 62 años que tiene trabajando en la misma residencia privada de Madrid, una que acumula decenas de muertos desde el inicio de la pandemia. Ahora está de baja porque se ha contagiado de coronavirus, aunque aún no le han hecho ninguna prueba diagnóstica que lo confirme. Con el plus de fin de semana y festivos sobrepasa “por muy poco” los mil euros al mes por jornadas “agotadoras” de siete días seguidos y un descanso de dos. El Convenio actual indica para su categoría, la de gerocultora, un salario base de 997,16 euros. “Intentamos hacer el trabajo lo mejor que podemos, pero se hace muy difícil. Si yo debería estar cuidando a ocho mayores y me tocan 20, imagínate...Trabajamos en condiciones de semiesclavitud. Ya es hora de que se nos valore”, protesta Carmen.

Las ratios dependen de cada comunidad autónoma, pero el panorama general responde a una sobrecarga habitual de las trabajadoras pero que estos días se une a un trabajo más intenso, a las carencias de material de protección y a las bajas de otras compañeras, denuncian. “Están trabajando con población de riesgo y que ahora necesita más cuidados. Lo hacen como pueden, con mucha voluntad y mucho sacrificio y cero medios. Esa es la realidad”, dice Gracia Álvarez, secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT.

“El tiempo nos ha dado la razón”, lamenta Antonio Cabrera, secretario general de Sanidad de CCOO: “Denunciábamos las carencias y falta de personal, intentamos convencer a la patronal, movilizarnos… y en medio del proceso, surge esto. Y así, ellas han estado en primera línea, sin protección. El sistema de residencias no estaba preparado para atender una emergencia sanitaria. Lo estaba para atender a los abuelos de la mejor manera que pudieran. Se retrasó todo lo que había que hacer”, señala. Ahora piden, además de “reconocimiento por su esfuerzo y dedicación”, que se “recompense” la labor de las que llaman las “grandes olvidadas” durante la crisis de la COVID-19.

“Se convierte en un negocio”

El escenario de fondo evidencia que invertir en el sector no es una prioridad en España, donde hay 380.000 plazas residenciales, según datos del Imserso. Son 4,21 por cada 100 ciudadanos mayores de 65 años, menos que hace diez años y por debajo de las cinco plazas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Junto a ello, el modelo se basa fundamentalmente en las concesiones: el 75% del total de plazas está en manos privadas, pero el 59% se financian con dinero público, cifra el Imserso.

Precariedad y privatización del servicio público se extienden por todo el territorio. “En realidad está ligado. Cada vez más grupos empresariales se hacen con las residencias y al final el cuidado se convierte en un negocio”, señala Ander Akarregi, representante del sindicato vasco ELA, mayoritario en el sector en Euskadi. CCOO y UGT también achaca gran parte de la responsabilidad a la falta de presupuesto y privatización de los últimos años. “Al final se ha convertido en un negocio y casi sin importar qué calidad asistencial estamos dando”, denuncia Ana Sastre, Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en una residencia de Donosti.

Las trabajadoras vascas llevaban más de 200 días de huelga cuando estalló la crisis sanitaria en España. Allí las condiciones laborales son ligeramente mejores a las del resto del país, pero “siguen siendo muy precarias, con ritmos de trabajo brutales y personal escaso”, denuncia Ana. “Aquí estamos mal, no me quiero ni imaginar en el resto... Estamos todas lesionadas y destrozadas por la carga física de trabajo que tenemos. Los pasitos que hemos avanzado en Euskadi se deben a la movilización en la calle”, dice. Algo que, promete, “seguirá cuando acabe todo esto”.

Ana cobra 1.200 euros en 14 pagas en una residencia privada, que es lo mismo que percibe Ángeles, también TCAE, en una pública, donde los salarios son más elevados, de la Comunidad de Madrid. En estas, las que gestionan directamente las administraciones, también se han visto superadas durante estos dos meses. En la de Ángeles ha habido unas 100 bajas de profesionales, con un total de 300 enfermeras y auxiliares. “Pero no es extraño: hemos estado trabajando hasta la semana pasada con bolsas de basura como protección”. Ana también pone el foco en la escasez de material: “El discurso es uno pero la realidad es otra. Lo que vivimos nosotras es que no se nos está protegiendo. Es gravísimo”

Vacío informativo

En la residencia de Ángeles, por el momento, han fallecido entre marzo y abril 64 usuarios y hay unos 75 aislados. A ellos se les hicieron el sábado pasado los tests rápidos que repartió el ministerio. Entre trabajadoras, “a las que están de baja la dirección les ha llamado para decirles que se la harán. A las que estamos trabajando, que somos más y podemos estar llevando el virus de un lado a otro, no nos han dicho nada”. La dimensión real de la pandemia en los geriátricos en número de muertes y contagios es todavía una incógnita a la espera de que el Gobierno haga públicos los datos de las comunidades autónomas. Solo en Madrid han sido hasta ahora casi 5.300.

En cuanto a las cifras de las trabajadoras, Sanidad da regularmente los sanitarios infectados –33.153 este miércoles–, pero ahí no están incluidas la mayoría de las empleadas de las residencias. “Tenemos también un vacío informativo importante”, denuncian desde CCOO. Los fallecimientos, entre ellos, el de una delegada sindical de la Comunidad Valenciana, cuenta Cabrera, tampoco se registran. El sindicato lleva sus propias cuentas, a partir de las comunidades que se las proporcionan desde que hay acceso a tests rápidos, que priorizaban hospitales y residencias.

Solo le consta que en Navarra –donde con datos del 14 de abril registran que el 25,52% de los infectados son trabajadores de residencias– “se están haciendo pruebas diagnósticas a trabajadoras de manera sistemática, en el resto se está empezando”. De alguna otra región, como Madrid, no hay ningún dato. Y la nueva batalla es “que nos digan desde el Ministerio cuántas de las mascarillas defectuosas se han repartido en residencias. Estamos a la espera”.

Recursos y compromiso

Otra organización que venía denunciando los efectos de los recortes salvajes“ para profesionales y dependientes es la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. José Manuel Ramírez, el presidente de la Asociación, habla de ”desesperación“ y ”desasosiego“: ”Lo advertimos desde el primer día. Las residencias no son centros sanitarios ni sociosanitarios. Quien habla así, sea desde lobbies o sea desde el ministerio, no sabe de lo que está hablando: los servicios sociales son hogares para esas personas y dependen del centro de salud que les corresponda. Había que apoyar a las trabajadoras y medicalizar las residencias desde el principio. Frente a eso, se ha desbordado para todos, ha sido un cataclismo“.

Ramírez suma a la “impotencia de no tener recursos ni personal sanitario”, lo que sintió como una “criminalización” de las trabajadoras: las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre que los centros no habían gestionado los cuerpos de las personas fallecidas por COVID-19, “se tomó como un todo”. La Fiscalía finalmente descartó estos hechos, aunque mantiene 38 causas concretas abiertas. Ya entonces querían que la sociedad valorase a las trabajadoras “de la misma manera que se está considerando héroes y se está aplaudiendo a todas las personas que están en Sanidad”. Para el proceso de recuperación, que temen que aumente en millones los usuarios de Servicios Sociales –no solo residencias–, piden recursos, compromiso, análisis y nuevas formas de organización. Y frente al COVID-19 en las residencias, “monitorizarlas, para cuando se dé un caso haya cuidados paliativos y asistencia. Y por supuesto, tests y un plan de contingencia para los trabajadores”.