“Las trabajadoras de la residencia lloramos todos los días al ver cómo dejan morir a ancianos de esa manera”

El brote de COVID-19 ha afectado especialmente a las residencias de ancianos en España. El Gobierno ha ordenado que el Ejército ayude a desinfectar y preste asistencia al centro que lo requiera y se ha obligado a las públicas y privadas a facilitar todos los datos de contagio, aislamiento, pacientes y fallecimientos. eldiario.es ha contactado con trabajadores de una de esas residencias en Madrid, Orpea Loreto, privada, que relatan cómo están viviendo la crisis. “Un mes horrible, bajo presión y con contagios a personal sanitario que nos ha llevado a bajas médicas e incluso a una trabajadora la ha llevado a la UCI”, describen las últimas semanas desde dentro.

La residencia Orpea Loreto, en la avenida Reina Victoria de la capital, ha admitido a eldiario.es que ha habido un caso confirmado de COVID-19 y once fallecimientos “compatibles con síntomas de la enfermedad”. Lo explica un portavoz de la multinacional, que opera en 14 países, a este medio. Cinco trabajadores consultados de Orpea Loreto, que prefieren no dar su nombre por temor a represalias laborales, elevan esa cifra a “más de 20 fallecimientos desde el 8 de marzo, cuando se informó de un positivo con test de coronavirus”.

Las cifras que dan unos u otros no se pueden contrastar puesto que no se informa del número de contagios o muertes por COVID-19 en las residencias de Madrid ni tampoco del número de fallecidos por la causa que sea en esos centros desde que empezó la epidemia. El Ministerio de Sanidad asegura que no tiene los datos de Madrid y remite al gobierno regional. En la Consejería de la Comunidad que gobierna Isabel Díaz Ayuso replican que desde este mismo martes se les ha encargado, por decreto, la vigilancia de estos centros, pero no antes. En la Consejería de Asuntos Sociales tienen datos “extraoficiales”. “Los que nos pasan diariamente los directores de residencias por teléfono”, asegura un portavoz. Datos que de momento no se hacen públicos.

La epidemia ha tenido especial incidencia en Madrid, lo cual ha llevado incluso a afectar a las estadísticas: este es uno de los motivos, según Sanidad, de que en la capital se dispare la tasa de ingresados graves y de fallecimientos respecto al resto de España. El problema es que hasta ahora no se ha hecho test a muchos ancianos, porque no había disponibles. El Gobierno anunció la pasada semana que la compra masiva de pruebas rápidas, que empezaron a repartirse este fin de semana, iba a ir destinada primero a pacientes graves de hospitales y sanitarios y luego a residencias de mayores.

La muerte y contagio en estos centros sigue siendo desconocida, por falta de test y por que no se publican las estadísticas de lo que sí se conoce. Pero los trabajadores sanitarios de estas residencias no se han salvado de las altas cifras de contagio globales de sanitarios: el 12% de los infectados por coronavirus, según datos del propio ministerio. Fuentes oficiales de Orpea -que gestiona 50 centros en España entre residencias, centros de día y de salud mental- admiten unas 20 bajas entre sus trabajadores por síntomas compatibles, aunque aseguran que se han intentado reforzar plantillas.

Falta de EPIS y de recursos

Los trabajadores de este centro, cuya tarifa es de 2.730 euros a mes por una habitación individual con baño, insisten en que falta personal: “Prácticamente hemos caído todos. Dos médicos de la residencia se tuvieron que coger la baja, ahora hay tres personas atendiendo a cincuenta residentes que están en aislamiento (la empresa rebaja el número a 31 aislados), y solo podemos duchar a cinco personas al día” de los 150 residentes que hay, siempre según el testimonio de algunos empleados. “Yo no le tengo miedo al virus, ni a contagiarme, el dolor es ver morir a los ancianos de esa manera”, dice una de ellas. Otra señala: “Lloramos todos los días, no entendemos por qué les dejan morir tan indignamente, se están muriendo solos en su habitación”.

También coinciden en denunciar que aunque han tenido material de protección no es suficiente, ya que tienen que desinfectar las gafas y que les dan una bata por día, un problema que se repite en algunos hospitales españoles. Desde la empresa aseguran que tienen material suficiente y que tuvieron previsión y compraron. “La situación nos ha venido grande a todo el mundo”, cuenta otra de las empleadas, que ha tenido que estar de baja. “Hablamos de personas con muchas patologías y mayores. Siento rabia e impotencia”, declara otra, también con síntomas, a este periódico.

Muchos pacientes se mueren solos, como lamentan los trabajadores, porque se decretó, el 8 de marzo, antes de las medidas más restrictivas, que no podrían recibir visitas de sus familiares para evitar contagios. Otros se mueren sin tratamiento adecuado, porque ni les han hecho el test ni las residencias están medicalizadas para intubar, así que el tratamiento es básico y/o de paliativos. A esto hay que sumarle la desatención por la avalancha de la crisis y la falta de personal que se ha denunciado a través de sindicatos y empleados de diversas residencias.

¿Por qué no se ha llevado a los enfermos a los hospitales? “Sí ha habido traslados, aunque no sabemos ahora mismo en qué porcentaje”, replican desde la Consejería de Sanidad. Fuentes oficiales de Orpea informan de que el protocolo es llamar a una ambulancia para que se lleven al enfermo. No explican más ni puntualizan si son las autoridades las que deciden que se queden en la residencia con tratamientos básicos o paliativos, pero sí hacen hincapié en la saturación de las UCI y el sistema de urgencias de la Comunidad, evitando establecer quién es el responsable de que muchos mayores se queden sin asistencia hospitalaria. Desde la Consejería de Sanidad no responden si la orden de no trasladarlos a hospital ha partido de ellos y del protocolo de emergencia que se hizo en la Comunidad de Madrid, por el cual solo los casos más graves son hospitalizados y los leves pasan el coronavirus en casa.

Una orden ha cambiado la gestión de los fallecimientos

Otro punto opaco es qué pasa cuando fallecen, visto el colapso de las funerarias, que ha llevado al alcalde de Madrid a tener que habilitar la Pista de Hielo como morgue y a cerrar la funeraria municipal por falta de medios, aunque ha podido reabrir este miércoles. Las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, contando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) había encontrado cadáveres junto a personas vivas, también han creado alarma entre los familiares. La plataforma Pladigmare, que reúne a unos 300 en la Comunidad, recibió estas palabras “horrorizados”.

La Fiscalía General del Estado está investigando el caso. Varias asociaciones del sector insisten en llevaban tiempo advirtiendo de que la pandemia había pillado a las trabajadoras “sin recursos”. A María Victoria Gómez, responsable de Negociación Colectiva de CCOO, no le constan estas denuncias en la Orpea Loreto y tampoco casos concretos de fallecimientos no debidamente notificados. Reconoce que, de ocurrir circunstancias así, es “horroroso” y pone el foco en lo mismo: “Ha pillado a las residencias en condiciones precarias, y la gente está angustiada y sobrecargada. Hace falta medicalización y Equipos de Protección (EPIS) urgentes, esto es lo que más nos han reportado, y suficiente personal sanitario para que se lleve a cabo la hospitalización o no, pero que puedan ser atendidas dado el colapso de los centros”.

“Aquí falleció un señor que compartía habitación con su esposa y estuvo de 6 a 10 de la mañana en su cama sin ser trasladado, de hecho ahora ya no nos quedan bolsas y se utilizan sábanas”, dicen trabajadores desde Orpea Loreto, algo que niega la empresa, que asegura que la relación con las funerarias ha sido normal y recuerda que tiene un tanatorio en el propio centro. Otra trabajadora sostiene que ha habido colapso también con el tratamiento de los cadáveres, que se acumulaban sin que fueran retirados, un problema que se han encontrado también en los hospitales.

El protocolo para el manejo de pacientes fallecidos por COVID-19 establecía hasta este lunes que las actuaciones extrahospitalarias deben limitarse “al mínimo imprescindible” y estas deben ser realizadas por el personal de funerarias, que ahora mismo en zonas como Madrid está desbordado. Este martes, tras hacerse públicos algunos casos de residencias, una orden ministerial nueva especifica que el personal de los centros de mayores deberá informar “de inmediato” si no pueden gestionar la conservación y retirada de cadáveres.