Catedráticos de Derecho quieren llevar al Constitucional la Ley de Igualdad andaluza por sancionar la justificación de la prostitución

Tres catedráticos de Derecho Penal de las universidades de Granada, Cádiz y Jaén han lanzado una campaña para llevar al Tribunal Constitucional la Ley andaluza de Igualdad, en vigor desde el pasado 16 de octubre. En su manifiesto, según se recoge en la plataforma peticiones24.com, denuncian que supone “un paso más en el avance imparable de las políticas públicas y jurisdiccionales que persiguen la prostitución y garantizan el estigma y la exclusión de quienes la ejercen voluntariamente”.

El artículo de la discordia de la vigente Ley andaluza para la promoción de la igualdad de género (Ley 9/2018) es el número 76 en sus apartados d), e) y g). En ellos se advierte de que se cometerá infracción grave, de hasta 60.000 euros, si se elaboran o difunden en colegios materiales curriculares “que justifiquen o inciten a la prostitución”, si se realizan campañas de publicidad con la imagen de las mujeres asociada a comportamientos “que justifiquen o inciten a la prostitución o a la violencia contra ellas”, o si se desarrollan actos culturales o lúdicos que “justifiquen o inciten a la prostitución o a la violencia de género”.

Los catedráticos se hacen varias preguntas respecto a estos preceptos: “¿qué significa 'justificar' la prostitución?”, “¿quedarían dentro de esos 'comportamientos' prohibidos los de defender la autodeterminación sexual de las mujeres o argumentar que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera o pugnar por el reconocimiento del derecho a su sindicación?, ¿podría incluso afirmarse que con ello se incita indirectamente a su ejercicio?” o “¿a qué se refiere la ley cuando habla de prostitución, un concepto que no está legalmente definido y que es hoy escasamente unívoco?”.

“Como si no fuera suficiente con sancionarlas”

El manifiesto lanzado por María Luisa Maqueda Abreu (Universidad de Granada), María Acale Sánchez (Universidad de Cádiz) y Guillermo Portilla Contreras (Universidad de Jaén) lamenta que, “como si no fuera suficiente con sancionarlas administrativamente a ellas y a sus clientes a partir de ordenanzas municipales y de la Ley de Seguridad Ciudadana, o con privarlas del derecho a autoorganizarse para defender sus derechos sindicales frente a los posibles abusos y la explotación de la patronal o de terceros, ahora, con la nueva ley, pueden imponerse multas que llegan a los 60.000 euros a quienes 'justifiquen' la prostitución utilizando la imagen de las mujeres”.

Los firmantes, pertenecientes a distintos sectores sociales, asociativos, académicos y judiciales de todo el territorio español, “a falta de otras vías posibles” se proponen “pedir al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad frente a unos preceptos que, bajo el pretexto de promover la igualdad de género, representan una flagrante vulneración de derechos fundamentales”.

Entre esos derechos aluden al “derecho a la libertad de expresión o información” (art. 20 de la Constitución Española), y el “derecho de las mujeres que ejercen la prostitución a no ser discriminadas” (art. 14 de la Constitución Española). “Con infracciones como estas se les condena a la inexistencia social para no comprometer la imagen pública de las mujeres: una finalidad abiertamente simbólica que nos trae a la memoria esa vieja contraposición entre mujeres buenas y mujeres malas, entre 'madreesposas' y 'putas', que tan útil ha sido para los intereses del patriarcado”, argumentan los catedráticos, que ya han recogido más de medio millar de firmas.

Añaden que “no es un problema menor la infracción que este precepto representa para otros principios constitucionales esenciales” como el principio de legalidad, “por la forma extremadamente ambigua e imprecisa con que se formula, que impide conocer la materia de prohibición produciendo una indefensión peligrosa e indeseable”. “Cómo determinar si los actos culturales, artísticos o lúdicos son 'sexistas' ('uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón del sexo', según la propia Ley)? ¿Son sexistas simplemente cuando exhiben ”comportamientos“ que ”justifican“ la prostitución?”, se preguntan, incidiendo en que “el grado de inseguridad jurídica que esta disposición representa es insoportable y desalienta el ejercicio de los derechos de libre actuación y expresión de la ciudadanía”.

Prostitución y violencia contra las mujeres

El manifiesto también se refiere al principio de lesividad, “tan necesario para garantizar la dañosidad social de una conducta”, ante lo que se vuelven a hacer varias preguntas: “¿cuál es el bien jurídico que se tutela sancionando la justificación de la prostitución? ¿acaso es la prostitución una actividad prohibida? ¿por qué ley? ¿a qué clase de prostitución se refiere, a la autónoma o a la que se realiza por cuenta ajena, o da igual?”.

“Y, sobre todo”, se preguntan: “¿no es un despropósito equiparar la justificación de una práctica, si se quiere alegal, con otra tan ilegal como la violencia contra las mujeres? No, no pueden ser lo mismo: es otra incoherencia legislativa que denunciamos”.

Y concluyen: “Si lo que se quiere proteger sancionando la justificación de la prostitución es la igualdad de género para garantizar 'el bienestar de todas las mujeres y de la población andaluza en su conjunto', como declara programáticamente la ley en su 'Exposición de Motivos', pensamos que no ha elegido el mejor camino. Con este paso de gigantes se condena a demasiadas mujeres a la marginalidad más absoluta”.

“Mezclan unas cosas con otras”

Por su parte, la ponente de la ley, la diputada socialista Soledad Pérez, se muestra ante este periódico “sorprendida” por la “interpretación” que hace de la norma este grupo de juristas, que “distinguen dos tipos de prostitución”. “Si defienden la regulación, que lo digan así, pero que no digan que puede ser inconstitucional, porque yo también soy licenciada en Derecho”, apuntando a que en el fondo su posicionamiento esconde “una corriente ideológica, pero no por una cuestión jurídica”.

Pérez aclara que la administración no pretende sancionar a las mujeres prostituidas, señala en alusión a la referencia que hacen los catedráticos en su manifiesto a la llamada Ley Mordaza. “Mezclan unas cosas con otras, porque precisamente nosotras hemos pedido la anulación de los apartados donde se prevé sancionarlas”

“La prostitución es una forma de explotación y así lo enfoca la ley. Ellos no dicen claramente que lo que están pidiendo es la regulación”, insiste, añadiendo que en el manifiesto “no se nombra a los proxenetas ni a los empresarios o clubes. Es una manera de justificar la regulación. Si es lo que quieran, que lo digan”, incide.

Asimismo, la diputada del PSOE señala que el artículo 76 al que se refiere en todo momento el manifiesto “está igual desde que se redactó el primer anteproyecto de ley, ni siquiera tuvo una enmienda”, siendo conocedora de que es una materia donde existen diferentes puntos de vista. “Hasta Podemos e IU votaron diferente en su momento”, ejemplifica.