Salvar chalés de lujo o riegos piratas: si la ley que protege la naturaleza molesta, se cambia
Cuando la protección ambiental estorba, el mensaje parece ser que “todo vale”, dice el delegado en Doñana de SEO-Birdlife, Carlos Dávila. En solo siete días, los parlamentos de Andalucía y Extremadura están tramitando sendas normas para legalizar lo que hasta ahora ha sido ilegal por no respetar las salvaguardas ambientales. La urbanización de lujo Isla de Valdecañas y los regadíos ilegales en torno al Parque Nacional de Doñana.
En ambos casos la normativa impedía, por un lado, haber construido el complejo de chalés, hoteles y campos de golf en una isla en medio de una zona de especial protección; por otro, la instalación de fincas de riego en la periferia de Doñana. Además, en ambas situaciones los jueces han fallado en su contra. Extremadura ya ha aprobado su ley ad hoc. Andalucía la tramita por la vía de urgencia.
El Estado de Derecho es muy débil en estos ámbitos y eso supone un lastre para la protección ambiental
“El Estado de Derecho es muy débil en estos ámbitos y eso supone un lastre para la protección ambiental”, analiza el especialista en derecho ambiental Pedro Brufao. “Y es muy pernicioso porque se genera una situación en la que, actúe o no la Fiscalía, da igual porque luego lo van a legalizar”.
En Extremadura, este jueves, el Pleno votó a favor de una propuesta de ley presentada para aprobar 55 zonas de especial protección que ya existían y funcionaban desde hacía décadas y cuyo articulado lleva una disposición final segunda que dice: “Las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente en los terrenos conocidos como Isla de Valdecañas (…) quedan legalizadas”. Atribuyen a la urbanización de lujo (185 villas construidas, otras casi 400 en proceso, hotel de lujo y golf) “razones imperiosas de interés público de primer orden”.
Lo que ocurre es que el resort había sido sentenciado en 2011 por el Tribunal Superior de Extremadura para que el terreno volviera a su “estado inicial”. Luego esos magistrados admitieron que solo se demoliera lo no completado. En febrero de 2022, el Tribunal Supremo, sin embargo, ordenó que desaparecieran todas las construcciones ya que no habían sido construidas con los permisos precisos.
Ahora, a pesar de que ese último fallo está en el Tribunal Constitucional, Extremadura ha creado una ley para sortear la decisión de los magistrados. “Al legalizar de un plumazo Isla de Valdecañas se saltan de golpe una cosa juzgada”, cuenta a elDiario.es Jaime Doreste, uno de los abogados de Ecologistas en Acción que han ido ganando en los tribunales el caso.
“Valdecañas se ilegalizó por saltarse los trámites, por no hacer bien la evaluación de impacto ambiental”, recuerda Doreste. “Además, con el propósito de legalizar la urbanización han creado una situación absurda que se les va a volver en contra: miles de reclamaciones de agricultores se van a amparar en esta ley”.
Empeño a toda costa
El abogado se refiere a que la norma recién aprobada dice que las zonas ambientales protegidas que han servido para denegar peticiones de aprovechamientos en distintos lugares no existían de derecho: “Las denegaciones van a ser recurribles y van a poder merecer una indemnización porque se les negaron las peticiones en virtud de una protección ambiental que ahora la ley dice que no existía”.
La nueva norma lo afirma claramente: “La reciente constatación de que 55 territorios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que se suponía que habían sido declarados Zonas de Especial Protección de las Aves (ZEPA), nunca habían llegado en realidad a ser declaradas como tales”. A pesar de que habían sido designadas y remitidas al Gobierno de España para que las enviaran a la Comisión Europea (como así se hizo).
El especialista Brufao explica que “hay más casos en los que se legisla para evitar una sentencia. Desde la prórroga en la ley de costas que sirvió a la factoría de ENCE en Pontevedra, hasta las modificaciones de la ley del suelo en Andalucía para salvar más de 200.000 viviendas de autopromoción”. Y, a su juicio, “esto es grave porque hace inútil la labor judicial”. También “despoja a los que han ido a los tribunales y han ganado el proceso de su derecho a una sentencia. Elimina la tutela judicial efectiva”, cuenta.
La Junta de Extremadura se ha empeñado en legalizar Isla de Valdecañas una vez que los magistrados sentenciaron en su contra. Días después del primer fallo de 2011, el parlamento regional modificó la ley del suelo para admitir construcciones como esta. El Tribunal Constitucional anuló su maniobra en 2019. En marzo de 2022, la Junta propuso que el Congreso cambiara las normas para salvar Isla de Valdecañas. Luego ha llegado la ley votada esta semana.
Amnistía de regadíos
Mientras, en el Parlamento Andaluz, PP y Vox tienen registrada por vía de urgencia una ley para legalizar tierras de cultivo de regadío que quedaron fuera de la normativa vigente de ordenación del perímetro del espacio protegido de Doñana. El texto dice que quiere salvar 650 explotaciones que producen 100 millones de euros, sin aportar informe de sustento.
“Es de una ceguera política....”, comenta Carlos Dávila. “Parece que no han entendido que la situación aquí es crítica, con los peores datos de biodiversidad registrados”, añade. “Uno esperaría que los políticos tomaran decisiones a favor de Doñana, no en contra”.
Uno esperaría que los políticos tomaran decisiones a favor de Doñana, no en contra, pero parece que no han entendido que la situación aquí es crítica
La organización WWF afirma que el proyecto no tiene los informes y la cartografía de esas 650 fincas que dan por hecho que no existen. WWF ya calculó que la anterior proposición, presentada en febrero de 2022 por el PP, Ciudadanos y Vox, amnistiaba más de 1.400 hectáreas de regadío que estaban usando el agua sin permiso.
“Desvirtúa todo lo que vienen diciendo la ciencia y la Comisión Europea y pone en riesgo a los agricultores que cumplen”, afirma Dávila. “Y genera un efecto perverso: hagan lo que quieran, que lo vamos a legalizar”.
Brufao explica que una legalización así también inutiliza los procesos judiciales “en materia de uso del agua y del suelo” que se siguen allí.
En el caso de Doñana, la normativa que creó el plan de ordenación de las zonas de regadío se aprobó en 2014 tras siete años de preparación. La industria intensiva que capta agua de los acuíferos ha terminado por dejar tres de los cinco depósitos subterráneos declarados en mal estado. En julio de 2022, Europa condenó a España por no salvaguardar Doñana.
Pero la disputa electoral en Huelva entre el PP y Vox –que aspiran a terminar con el tradicional dominio del PSOE en los pueblos de El Condado que rodean el parque nacional– ha derivado en esta iniciativa legislativa.
La anterior proposición, casi idéntica, decayó al convocar Juan Manuel Moreno Bonilla elecciones autonómicas. “Esta vez esa salida no está. Esta vez la ley va a salir si no llega un freno desde la Comisión Europea”, opina el delegado de SEO. El Ministerio de Transición Ecológica ha dicho que pidió a los grupos políticos que no presentaran esta proposición y que “llevará al Tribunal Constitucional todo lo que ponga en riesgo Doñana”.
Pedro Brufao recuerda que no es la única normativa ambiental que se vulnera en Doñana: “Desde 1999 existe un decreto para reconectar los cursos del brazo de la Torre y el Guadiamar a las marismas para que llegue agua. Y, hasta ahora, no se ha hecho”.
“Tenemos la obligación de cuidar este patrimonio de la Humanidad”, remata Dávila. “Y eso no puede depender de unas elecciones municipales”.
–––––––––
El valor del periodismo de investigación
elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.
Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.
29