El Ministerio de Sanidad regulará el uso obligatorio de las mascarillas en los espacios públicos, según ha anunciado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la videoconferencia del Ejecutivo con los presidentes autonómicos. Hasta ahora solo son obligatorias en el transporte público. Posteriormente, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que se está trabajando en la redacción de una orden ministerial que se publicará “en los próximos días” sobre la materia.
En la reunión interterritorial de esta mañana, el Gobierno ha consultado a todos los presidentes autonómicos y, según Illa, han recibido un “consenso muy amplio, unanimidad” acerca de la necesidad de reforzar la obligatoriedad del uso de las mascarillas. “Estamos evaluando para precisar” el cómo, ha indicado. No ha querido detallar si las mascarillas serán obligatorias en todos los espacios públicos “hasta que no esté la orden cerrada”. Mañana lunes se celebrará otra videoconferencia con las comunidades, se volverá a debatir y paralelamente “están los expertos trabajando en este sentido”. En el transporte público las mascarillas eran obligatorias desde el 3 de mayo, y desde el 13 de abril se han repartido en estaciones de Metro y Cercanías.
También Illa ha hablado de la “aplicación inmediata” de la ampliación de las medidas de la desescalada específicas que ya funcionan en localidades de menos de 5.000 habitantes a las de menos de 10.000 habitantes. En esos municipios, se ha acordado esta mañana en la reunión, se eliminarán las franjas horarias para los paseos: “Se trata de adaptar la desescalada a la España rural, que tiene sus propias características”.
Sobre la cuarentena obligatoria de 14 días para visitantes, extranjeros o españoles, que vengan a España, Illa, que ostenta el mando único como ministro de Sanidad, ha mantenido la medida. “El turismo es un sector muy importante”, ha seguido, “y la mejor forma de preservarlo es tomar medidas específicas” para asegurar que la evolución de la pandemia sigue siendo positiva. “Estamos trabajando muy intensamente” para poder asegurar que “cuando sea posible y en las mejores condiciones de seguridad”, se levante esa política. Esto está vigente mientras España esté en estado de alarma y no haya concluido la desescalada, aunque “siempre que lo sigamos viendo necesario lo mantendremos”, y el sector turístico cree que les va a perjudicar gravemente.
Illa defiende que es por la seguridad “de todos: para nosotros como país, y para los turistas que vienen a disfrutar de las bondades de nuestro país”. María Jesús Montero ha añadido luego que el Gobierno trabaja en que este verano se fomente “el turismo interior y rural” para los desplazamientos “que ojalá se puedan hacer”, para que “entre todos contribuyamos a este elemento de riqueza”. “En turismo no se trata de correr una carrera hacia ninguna parte sino a un sitio seguro”, ha terminado Montero.
Sobre las provincias que todavía no han progresado a la fase 1, Illa no ha querido responder a las duras críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cuestiona que la decisión responda a criterios técnicos. “Desde el primer minuto he tenido claro que jugábamos en el mismo equipo que las comunidades autónomas. No voy a entrar en reproches. Están claras las razones técnicas”, ha zanjado el ministro.
El ministro también ha asegurado que todos los informes que ha elaborado el comité técnico del Gobierno sobre la situación sanitaria y epidemiológica de las zonas los hará públicos el Ministerio cuando todas avances. Es decir, cuando todas estén en la fase 1, se harán públicos todos los de la fase 1; cuando todas estén en la fase 2, todos los de la 2. “No vamos a favorecer ninguna carrera. No es concorde con nuestros criterios de cautela”, ha argumentado.
Illa ha asegurado que la tendencia a la baja en la cifra de fallecidos –hoy, 87– evidencia que el estado de alarma “funciona” y que el confinamiento “ha salvado vidas y ha beneficiado a todas las comunidades”. Así que ha reiterado la intención del presidente Pedro Sánchez de pedir una nueva prórroga, la última, pero de un mes de duración, hasta que concluya el proceso de desescalada. El estado de alarma es necesario para prohibir la movilidad interprovincial, que no se contempla hasta la 'nueva normalidad'. La portavoz María Jesús Montero ha contado que para ello están hablando “con la totalidad” de los grupos políticos del Congreso para sacar adelante la prórroga del estado de alarma, excepto PP y Vox, que se “autoexcluyeron” al anunciar su rechazo. La idea del Gobierno es prorrogar esa medida hasta que acabe el proceso de desescalada “a principios de julio”, según dijo Pedro Sánchez este sábado.
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