La justicia investigará la privatización de tres hospitales madrileños
La justicia investigará cómo se privatizaron los hospitales madrileños de Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz. El juzgado de instrucción nº 4 de Madrid ha admitido a trámite y abierto diligencias previas por supuestas irregularidades en el proceso por el que la Comunidad de Madrid cedió a empresas la gestión de estos centros. La querella ha sido interpuesta por la asociación de facultativos AFEM y habla de prevaricación, cohecho y malversación de fondos. Los protagonistas de estos procesos son las empresas Capio Sanidad (ahora IDC) y Ribera Salud (que vendió su parte del hospital de Torrejón a Sanitas) además de los consejeros que firmaron esas cesiones: Manuel Lamela y Juan José Güemes.
Según se ha ido imponiendo el plan de privatizaciones sanitarias trazado por el Ejecutivo de Ignacio González, la marea blanca de protesta ha perdido fuerza. Motivos económicos y de cansancio han lastrado las últimas jornadas de huelga sanitaria en la Comunidad de Madrid. La vía legal es el siguiente recurso ante la finalmente política de hechos consumados de la Consejería de Sanidad. En este sentido, la misma asociación AFEM presenta una demanda contencioso-administrativa contra el proyecto de subasta de otros seis hospitales para que la atención especializada sea dirigida por contratas. Su análisis legal dice que esta cesión abre la posibilidad a que la asistencia sanitaria de la población adscrita a esos hospitales se convierta en un aseguramiento privado pagado con dinero público.
La medidas tomadas por el PP madrileño que abren cada vez más la gestión de centros sanitarios a empresas privadas, son material jurídico. El PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad contra todo el proyecto preparado por la Comunidad de Madrid que incluye además de la gestión privada de hospitales, una fórmula parecida de privatización de algunos centros de atención primaria. El recurso se basa en un estudio del bufete López Rodó y Cruz Ferrer junto con los médicos de AFEM. El TC admitió a trámite el recurso lo que no implica un parón provisional del plan autonómico.
En este sentido, el pleno del Tribunal Constitucional ha confirmado la suspensión del pago de un euro por receta que instauró Madrid al comenzar 2013. El recurso contra esta medida vino en esta ocasión del Gobierno de Mariano Rajoy y repitiendo la fórmula contra una iniciativa idéntica tomada por la Generalitat catalana. Al ser un recurso del Ejecutivo central, sí se produjo la suspensión cautelar que ahora se prolonga.
