Punto y final a la lucha de los afectados de talidomida: “Se acabó, no hay responsabilidades”

Con un folio se han esfumado todas sus esperanzas. En una sola hoja el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto fin a la batalla de los afectados por la talidomida. La Corte de Estrasburgo “no observa ninguna apariencia de violación de los derechos y libertades garantizados por el convenio [europeo de Derechos Humanos] o sus protocolos”, apuntan en la comunicación que han remitido a la Asociación de víctimas de la Talidomida en España (AVITE) tras la denuncia que presentaron ante estos magistrados argumentando que el caso no había prescrito.

“No me esperaba en absoluto esta decisión. Ha sido una sorpresa superdesagradable. También nos ha llamado la atención que hayan tardado solo seis meses en llegar a esta conclusión”, cuenta Ana Castillo.

Esta mujer de 43 años comenzó a darse cuenta de que podía ser víctima de la talidomida comercializada por la farmacéutica alemana Grünenthal hace cuatro años, debido a la repercusión mediática de una sentencia emitida en primera instancia que daba la razón a los afectados. Camina gracias a una prótesis y fue su ortopedista el que le insistió para que buscase más información, después de atender a otra paciente con una discapacidad parecida a la suya.

Hasta entonces siempre pensó que una malformación congénita durante la gestación de su progenitora era la causante de que no tuviese pierna izquierda, así como de que su brazo derecho sufriese un acortamiento y que en las otras dos extremidades los dedos tuviesen tamaños diferentes y sin uñas. “Lo siguiente que decían era que fue un accidente”, apunta Manuel Bioque. “O voluntad de Dios”, replica Rafael Basterrechea. Los tres son miembros de AVITE.

“Mi madre insistía en que durante el embarazo la medicaron. Yo intentaba quitarle importancia. Le decía: '¡Qué más da, mamá! Si he nacido así, ¿qué voy a hacer? No hay más cosas que hacer'”, apunta. Mantuvo esa postura hasta que se enteró de que el juzgado de primera instancia número 90 condenó a Grünenthal al pago de una indemnización a los afectados por las deformaciones que les causó ese medicamento. “Me llamaba la gente por teléfono contándome que en las noticias había visto a personas que tenían las mismas características que yo”, incide.

Una situación muy parecida vivieron Basterrechea y Bioque en el año 2005. Sus teléfonos no pararon de sonar cuando otras víctimas de la talidomida acudieron al programa de TVE Las Cerezas, presentado por Julia Otero. Estos afectados denunciaron en la televisión pública que este sedante, que comenzó a venderse a partir de 1957, y se administraba como complemento inocuo para las náuseas de las mujeres embarazadas, causó graves malformaciones en los fetos. Según AVITE, más de 20.000 recién nacidos en todo el mundo sufrieron las consecuencias del medicamento. En España tienen registrados 500 casos.

“En casa no habíamos hablado nunca sobre este tema, había un desconocimiento total. Cuando le pregunté a mi madre me dijo que sí se había tomado unas pastillas que le dio el médico mientras estaba embarazada, ni siquiera se lo suministraron en la farmacia. No había ningún control”, recuerda Bioque. “Nací en el 59. Imagínate cuando te está atendiendo la partera del pueblo y te sale la criatura como te sale. Se te cae el mundo al suelo”.

Este cordobés, que sufre acortamientos en los dos brazos, nació en un pequeño pueblo de 3.000 personas y, una vez que su familia comenzó a ser consciente de que podía ser afectado por la talidomida, comenzaron a brotar recuerdos de su infancia: “Empezaron a atar cabos y mi madre recordó que cuando yo era muy pequeño, otro niño también nació sin brazos”.

La sentencia a la que hace alusión Castillo abrió la puerta a que los afectados cobrasen una indemnización de 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía que les reconoció la Administración. Finalmente fue anulada por la Audiencia Provincial del Madrid porque los magistrados consideraron que el delito había prescrito.

No se puede recurrir

Ese fallo es el que acaba de ratificar Bruselas, ya que el Supremo tampoco les dio la razón. “Esta decisión es definitiva y no puede ser objeto de recurso alguno ante este tribunal, ante la Gran Sala ni ante otro órgano. Por lo tanto, la Secretaría no podrá proporcionarle precisiones complementarias sobre las deliberaciones del comité, ni responder a las cartas que usted pudiera enviar relativas a la decisión emitida en el presente caso”, finaliza indicando el tribunal en una comunicación emitida el 4 de julio.

“Se acabó, esta decisión cierra la puerta a las acciones judiciales para pedir responsabilidades y políticamente esto tampoco avanza, llevamos 14 años asociados y no hemos conseguido casi nada”, replica Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite, que considera que las víctimas “se quedan a verlas venir”. Una noticia que no han asumido solo como un fracaso los afectados, también sus familiares, especialmente sus madres que se sienten culpables por haberse tomado la medicación.

“Todo lo que supone revivir nuestra infancia les duele. Han pasado por varias etapas. Nacemos, se les cae el mundo encima. Luego cuando creces, ven que llevas una vida autónoma y se relajan. Cuando les decimos que puede ser por la talidomida, vuelven a darle vueltas”, apunta Castillo. Por su parte, Bioque cuenta que su primer recuerdo al llegar al colegio eran las dudas de su madre planteadas a sus tíos: “Hay que ver hasta dónde puede llegar, si puede hacer esto o no puede”.

Estos tres entrevistados reconocen que son casos excepcionales dentro de su asociación, los tres han tenido una carrera laboral y son independientes. Desde AVITE, denuncian que en España las víctimas se han quedado en el olvido y no han recibido ninguna compensación. Aseguran que en Alemania la pensión máxima mensual de los afectados es de 7.000 euros. “Puede parecer una barbaridad pero son personas que no tienen ni brazos ni piernas, no es una cifra tan alta si piensas que necesitan una persona que le ayude los 365 días del año”, responde Basterrechea.

24 afectados reconocidos

En España solo 24 afectados obtuvieron la declaración oficial de víctimas de la talidomida, Basterrechea es uno de ellos. En el verano de 2010, el 5 de agosto, se aprobó el Real Decreto 1006/2010 que reguló el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas en España durante el periodo 1960-1965. Esta normativa recogía indemnizaciones entre 30.000 euros y 100.000 euros dependiendo del grado de discapacidad que tuviese reconocido el demandante. Aunque solo concedieron una veintena de ayudas, porque las solicitudes tuvieron como fecha tope el 30 de septiembre del mismo año.

Los afectados critican que la posibilidad de obtener el reconocimiento oficial solo estuviese operativo durante un par de meses y que desde 2010 no se les haya vuelto a dar esta posibilidad. También sobre el hecho de que el caso prescribiese.

“Es muy ambiguo, no dicen desde qué fecha prescribe. No aclaran si teníamos que haber denunciado cuando nacimos, cuando éramos mayores de edad, cuando supimos que podíamos ser afectados o cuando teníamos realmente un papel oficial que lo certificaba”, protesta Castillo. Una vez que las vías judiciales han acabado, los afectados recurren a los políticos para que el Congreso reconozca la responsabilidad “directa del Estado y la farmacéutica”.

“En el caso español es mucho más grave porque mantuvieron el medicamento en el mercado mucho más tiempo que en Europa, hasta 1985”, recuerda el vicepresidente de AVITE. Aunque el único Real Decreto que ha regulado el reconocimiento oficial limita el suministro de la talidomida a 1965, en la legislatura pasada se aprobó una proposición no de ley, impulsada por Ciudadanos, en la que la Cámara Alta instaba al Ejecutivo a reabrir esa normativa y ampliar el periodo a 1985.

Los asociados de AVITE aseguran que saber que hay más gente pasando una situación parecida les anima a “seguir luchando” y a “salir adelante”. Esta organización se ha convertido en un espacio en el que comparten experiencias vitales, sobre todo de su infancia.

Entre ellas, destacan las operaciones quirúrgicas que les han propuesto. “Con seis años me sugirieron operarme el brazo derecho, me dijeron que me lo podían poner más bonito pero no lo iba a poder mover. Yo solo dije que no porque acababa de descubrir un truco para hacerme una coleta porque no me llega la mano arriba, y comencé a apañarme con un trozo de media”, finaliza Castillo.