El Tribunal de Cuentas Europeo vapulea a Bruselas por su falta de control sobre los biocombustibles
La Comisión Europea no ha garantizado que el biocombustible consumido en la Unión cumpliera con los requisitos legales exigidos para calificarlo como “sostenible”, según un severo informe elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo. Ese sello abre las puertas a las subvenciones oficiales y permite a los estados incluir el uso de este producto a la hora de cumplir con las reducciones obligatorias de emisiones de gases de efecto invernadero.
Los auditores han vapuleado la manera en la que el Ejecutivo comunitario ha supervisado el combustible a base de palma, soja, colza o aceite reciclado: “No se garantizó el cumplimiento de los requisitos medioambientales”, ni se tuvo en cuenta “el efecto de los cambios en el uso del suelo” y realizó una “escasa verificación sobre el origen de los desechos y residuos utilizados para la producción de biocarburantes”, sentencia el tribunal.
Los combustibles orgánicos (como el biodiésel o el bioetanol) se han utilizado para rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero ya que lanzan menos CO al quemarse. Pero su producción ha conllevado otros problemas medioambientales y sociales. Al fabricarse a base de vegetales alimenticios, su cultivo ha quitado suelo a la producción de alimentos. La obtención masiva ha conllevado la deforestación y transformación de suelos con alto valor para multiplicar las plantaciones. El cultivo a gran escala ha incrementado el uso de mano de obra sin derechos laborales.
Por eso, la Unión Europea especificó que el biocombustible consumido en el continente debía contar con una certificación de sostenibilidad. Un sello de calidad. Para ello, la Comisión ha reconocido una batería de sistemas de certificación que auditan todo el proceso: desde el agricultor a la venta final, pasando por la fabricación del combustible a partir de la materia prima.
Bosques primarios, humedales, patizales
Entre los criterios que tienen que vigilarse se cuentan que el uso de ese combustible derive en una rebaja del 35% de emisiones, que la materia prima no proceda de “bosques primarios, zonas boscosas, zonas protegidas o pastizales con una rica biodiversidad”. Tampoco es válido que hayan crecido en suelo de humedales o turberas. Además, los vegetales cultivados en la UE “respetarán las condiciones definidas en la Política Agraria Común”.
Hasta diciembre de 2015 había 19 de estos denominados “reconocimientos voluntarios” que en su mayoría son “entidades privadas” desarrolladas por “operadores económicos” o “productores de combustible”, detalla el informe oficial. También hay sistemas sostenidos por entidades públicas.
Lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas es fiscalizar cómo la CE controla la certificación final. En su análisis, explica que, antes de conceder el permiso para funcionar a esos sistemas de control, “no verificó si [los auditores] comprobaban que los productores de materias primas para biocarburantes (agricultores) cumplían las condiciones y requisitos medioambientales” impuestos por la normativa. De hecho, tres de los cuatro sistemas estudiados más detalladamente no disponían de mecanismos para ello. Los auditores no han dado los nombres de los servicios de certificación.
Más suelo para expandir las plantaciones
De igual manera, el informe subraya que no existe una comprobación sobre las consecuencias del cambio en el uso del suelo para aumentar el volumen de cultivos.
Los datos recopilados por la propia Comisión Europea han reflejado que satisfacer la demanda de biodiésel ha supuesto convertir 2,1 millones de hectáreas en plantaciones, “la mitad de ellas a expensas de humedales y bosque tropical” en el sudeste asiático. Sin ir más lejos, España –que no es una potencia regional en biocombustibles– importa más del 60% de estos cultivos de Indonesia y Malasia, según el recuento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El 80% del comercio es de palma y soja.
La normativa no obliga específicamente a estudiar este efecto en la conversión de tierra en plantaciones, pero sí está comprobado que este fenómeno es una fuente tan grande de emisiones de gases de efecto invernadero que, a la larga, convierte al biodiésel obtenido en más contaminante que la gasolina.
Un análisis de datos realizado por la organización Transport&Enviroment calculó que el carburante basado en el aceite de palma y de soja de cultivos masivos dobla las emisiones globales de CO2 a la atmósfera respecto al petróleo.
Cristina Mestre, encargada de biocombustibles de la ONG, cuenta a eldiario.es que el informe “no hace más que confirmar los argumentos en contra de algunos de estos productos”. Y añade que “la debilidad de los sistemas de certificación a los que le faltan consideraciones como los efectos ligados al cambio indirecto del uso del suelo o problemas sociales derivados de conflictos en las tierras, hace fácil imaginar que lo que entra en Europa no es tan sostenible como lo pintan”.
Mestre se refiere a la conclusión del tribunal, que indica que la falta de control sobre el origen real de la materia prima: la palma, la soja, la colza... implica que no se pueda certificar que no provenga de explotaciones foco de conflictos por la “tenencia de la tierra, el trabajo forzado o infantil o las malas condiciones de trabajo de los agricultores”. El sello de sostenibilidad utilizado en Europa no garantiza que el producto llega libre de esos lastres.
