Crisis de reputación, más alertas, pero la misma rendición de cuentas en las universidades públicas tras su peor caso de corrupción

El caso Cifuentes preocupó en la Universidad y, sobre todo, alertó a la sociedad: una universidad pública estaba regalando títulos a personalidades y se desmoronaba una imagen social más o menos idílica de estos centros de estudios superiores. En el mundo académico muchos barruntaban que algo pasaba y no se sorprendieron tanto. Para los estudiantes fue indignante. Los centros universitarios, que prácticamente no habían sufrido la crisis reputacional que sí han pasado partidos, sindicatos, bancos o hasta la monarquía, se pusieron en la primera línea de la lupa social.

“¿Esto puede sucedernos a nosotros”?, vinieron a preguntarse muchos responsables de campus por España. Con todos los reparos que hay que tener cuando se habla de 50 universidades como si fuera una sola, la respuesta en la mayoría fue negativa, según coinciden varias fuentes universitarias conocedoras de la situación.

“Las demás tienden a pensar que esto fue un problema de la Rey Juan Carlos que a ellas no les podía pasar”, resume Manuel Ortega Cantero, responsable de Universidad de UGT y catedrático en la Universidad de Castilla La-Mancha.

Hubo una que sí tenía que hacer algo: la Rey Juan Carlos, claro. “La universidad ha aprovechado el flujo de revisión externa que ha tenido y ha realizado otras internas”, explica Manuel Gertrudix, vicerrector de Calidad Ética y Buen Gobierno de la URJC.

Si el asunto le preocupaba a la Administración, no lo ha evidenciado: en este año no ha habido un solo decreto o reglamento para avanzar en el control universitario o la vigilancia de la corrupción. Cuando todo sucedió, no hubo reacción oficial ni del Ministerio de Educación ni de la Consejería de Educación madrileña ni, hasta que la situación era insostenible, de la CRUE, que agrupa a los rectores, o la CRUMA, su homóloga madrileña.

La mayor presión hacia las universidades vino de la calle. De la sociedad civil en general, de los estudiantes en particular y de los alumnos de la URJC en concreto, que vieron cómo su esfuerzo y sus títulos perdían mucho valor de la noche a la mañana. Ellos fueron los que más se movieron para protestar en la calle, reclamar limpieza en sus centros y que alguien asumiera responsabilidades, algo que ocurrió con cuentagotas y “porque no les quedaba más remedio”, según explica Antonio Castro, portavoz de Cupuma (la Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid) y extrabajador en la UCM.

“Estaba montado para eso”

Varios rectores admitieron en su momento que el caso Cifuentes sí supuso un aviso. “Miramos nuestros másteres, nos preguntamos si era posible que nos pasara algo parecido”, admite el responsable de un centro de cierto tamaño que prefiere no dar su nombre. Se revisaron procesos y se llegó a la conclusión de que no.

“Nada ha cambiado este año. Lo que hacen lo hacen arrastrando los pies y cuando no les queda más remedio”, sostiene Castro. “No hay más que mirar el tiempo que ha pasado, los hechos que ha habido y qué ha pasado con ellos”, continúa Castro, que empieza a enumerar. “Cómo se organizan los posgrados; los institutos universitarios [como el de Álvarez Conde]; la representación de la comunidad universitaria en los órganos de Gobierno de la universidad. No ha pasado nada en ningún área”, elabora.

En la calle muchos descubrieron lo que los trabajadores universitarios ya conocen: que la universidad tiene pocos mecanismos de control. O, quizá más precisamente, que los que tiene no acaban de funcionar. En el caso Cifuentes se cambiaron notas, actas y se convalidaron asignaturas. Y no saltó ninguna alarma. Los equipos directivos de las universidades controlan sus centros y la tan citada “autonomía universitaria” supone una garantía de que ningún otro poder público interfiera en esa cúpula universitaria. Se pensó para dotar a las universidades de libertad y protegerlas de los manoseos políticos, algo que no sirvió en el caso Cifuentes, ya que consiguió justo lo contrario: esa opacidad protegió toda la trama.

Durante meses, el asunto fue prácticamente monotema en los campus. Los estudiantes de la URJC opinan que la pérdida de valor de sus títulos es real y el daño ya está hecho. “Es inevitable”, sostiene Luis, estudiante de Derecho. “El cachondeo con los títulos va a durar. Iremos a hacer entrevistas de trabajo y cuando vean que tenemos un máster de la URJC, harán el típico comentario”, argumenta.

El rol de las agencias

Antoni Ras, miembro del Observatori del Sistema Universitario de Catalunya y exvicerrector de la Universidad Politécnica de Catalunya, coincide con la idea general de que a las universidades no les ha afectado demasiado la cuestión URJC (o no se han dado por aludidas), pero pone el foco en otro sitio donde sí ha habido más movimiento: las agencias de acreditación, encargadas de validar los títulos antes de que se ofrezcan y de revisar si cumplen los estándares de calidad seis años después de ponerse en marcha.

“Las agencias se han tomado el caso más en serio”, valora Ras. “Esto les habrá obligado a revisar sus procedimientos internos”. Porque al final son ellas las que dan el plácet a que un curso salga adelante, es su nombre el que está en la mira. “Pero el máster de Cifuentes es pre-ANECA [la agencia estatal]”, advierte Encina González, responsable de Universidad de CCOO. “Con los nuevos no creo que tengan estos problemas porque ya tienen que cumplir los nuevos criterios”.

Ortega Cantero, de UGT, disiente. “A la hora de plantear títulos es fácil cumplir los requisitos. Sigues unas fichas y lo consigues. El problema puede venir con la verificación pasados seis años, pero yo no he participado nunca en una que no haya pasado. Al menos en España”, explica.

“Además, sería un escándalo que tumbaran un título [seis años después de aprobarlo] con dos promociones ya graduadas”, corrobora Ras. “Por lo tanto, si anticipan que puede haber algún problema lo que hacen las universidades es cambiar el título lo suficiente como para que suponga empezar de cero”, añade.

Aún es pronto para decir si la revisión que han hecho las universidades de sus títulos ha tenido un efecto. Cuando saltó el caso Cifuentes el año pasado las inscripciones ya estaban en proceso, más cerca de cerrarse que de empezar, por lo que este curso los cambios que haya podido haber no se deben a eso a priori. Los cambios reales se han dado de cara al próximo año, y habrá que esperar para tener los datos definitivos.

Los cambios en la URJC

Gertrudix, vicerrector de la URJC, reivindica la labor que está realizando su Universidad como principal afectada. “Hemos revisado las estructuras y las infraestructuras”, explica. “Hemos elaborado un código ético que estamos difundiendo entre las escuelas y órganos de decisión. Hicimos una auditoría externa que ha revisado más de cien procedimientos internos, como la creación de títulos y los procesos administrativos que pasan los alumnos, si son eficaces y tienen las garantías necesarias. Tenemos en marcha un protocolo para la calificación de actas [en el caso Cifuentes se manipularon algunas] y una mayor trazabilidad en caso de que haya irregularidades. Se ha desarrollado el reglamento de la inspección de servicios”, enumera.

Si se han implementado novedades por el caso Cifuentes, lo cierto es que no ha habido de momento una rendición de cuentas por el mismo. Si bien se cerró el Instituto de Derecho Público, ningún trabajador ni profesor ha sido expedientado, todos se mantienen en sus puestos y las investigaciones internas sobre Cifuentes, Casado y Montón se cerraron y no se van a a hacer públicas. De momento, no se ha quitado el título a ninguno de los alumnos beneficiados por la trama. En la URJC aplazan sus decisiones a que la Justicia se pronuncie, aunque la justicia ahora solo investiga la falsificación de un acta, no cómo se obtuvieron los títulos durante años en la universidad pública.