La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha pedido la “supresión temporal” de los cambios en los contratos de los investigadores predoctorales (licenciados que están haciendo la tesis y trabajan para la universidad) que llevó a cabo el Gobierno sin avisar a los afectados y con efecto retroactivo.
Las universidades españolas apuntan, a través de un comunicado de sus responsables, que “la controversia y dudas creadas ante el cambio de código de los contratos predoctorales” justifican suprimir las medidas tomadas por el Ejecutivo.
Los rectores sugieren además “la convocatoria urgente de una Comisión Mixta integrada por representantes de las universidades, de los organismos públicos de investigación, de los jóvenes investigadores, de los agentes sociales y de los Ministerios implicados, con el objetivo de diseñar las mejores condiciones para el desarrollo de la carrera investigadora”.
Los cambios en los contratos de estos investigadores han generado muchas protestas en la comunidad investigadora y fuertes críticas de parte de los sindicatos y algunos expertos laboralistas, que consideran ilegal esta modificación por haberse hecho en las prórrogas de un contrato inicial que decía otra cosa.
Este jueves el Ministerio de Empleo pedía, de hecho, a la Conferencia de Rectores que acreditase que los contratos predoctorales tienen una duración de más de dos años para que los afectados pudieran acceder a las tarjetas sanitarias europeas. Fue precisamente la denegación de la tarjeta sanitaria comunitaria a algunos investigadores lo que les puso en alerta de las modificaciones en sus contratos, de las que no fueron avisados y que se ha hecho además con efecto retroactivo en su vida laboral.
El Ministerio dirigido por Fátima Báñez ha solicitado también a las universidades que especifiquen tras hablar con los representantes sindicales qué código creen que se adecúa mejor a estos contratos, para los que en su día no se creó un código de la Seguridad Social específico, el origen de toda esta incertidumbre.
En cualquier caso, Empleo ha insistido este jueves en que, excluyendo la cuestión de la tarjeta sanitaria, el cambio de códigos no implica ninguna merma en los derechos laborales de los jóvenes investigadores becados.
Tras las peticiones del Gobierno a las universidades, los rectores recomiendan la supresión temporal de las modificaciones en los contratos y una reunión urgente para hallar una solución.