Críticas de vecinos y memorialistas al traslado de Franco a Mingorrubio: “inseguridad” y “gastos sin sentido” en un cementerio público
Cuando el dictador argentino Jorge Rafael Videla falleció en 2013, hordas de vecinos de la localidad en la que planeaba enterrarle su familia, Mercedes, se manifestaron para impedirlo. Lo consiguieron. Finalmente los restos de Videla, que lideró un golpe de Estado en 1976 y gobernó Argentina hasta 1981, yacen en una tumba ubicada en un cementerio privado de las afueras de Buenos Aires en cuya lápida no pone su nombre sino 'Familia Olmos'. El paradero de su sepultura siguió siendo un misterio hasta que una investigación periodística lo reveló en 2015.
No parece que el traslado del cadáver de Francisco Franco al cementerio público de Mingorrubio vaya a acabar de manera parecida. Aunque algunos vecinos de la localidad, a 17 kilómetros de la Puerta del Sol, sí se han quejado y organizado contra el traslado. La Asociación Vecinal El Pardo En Común, distrito al que pertenece el complejo, lanzaron un comunicado rechazando que “nuestro barrio sea el nuevo epicentro de la peregrinación de los nostálgicos del franquismo”. Les preocupan, especialmente, los 20 de noviembre y otras fechas clave.
A pesar de que la vicepresidenta Carmen Calvo dijo, al hacer el anuncio, que el dictador dejaba un mausoleo para ir a un cementerio privado, el de Mingorrubio es público, de titularidad municipal. El panteón también es de titularidad pública: era de Patrimonio Nacional, pero en abril pasó a ser del Estado por Real Decreto.
En Mingorrubio hay ya enterradas otras figuras ilustres del régimen, como Carmen Polo o Luis Carrero Blanco. El hecho de que ahora se sume a Francisco Franco perjudica “la lucha que han llevado a cabo todos contra el estigma” que arrastra el barrio, sostienen desde El Pardo en Común. La localidad era el lugar donde se ubicaba el Palacio en el que vivía el dictador y se construyó como colonia para militares.
Sin embargo, no van a convocar movilizaciones de aquí al día 25, fecha límite para la ejecución, según ha anunciado el gobierno, porque entienden que “hay que respetar la sentencia judicial” y porque consideran que “con el comunicado ya expresamos la opinión de una buena parte de los y las vecinas”. Porque El Pardo en Común, que está vinculada al municipalismo, no representa a toda la comunidad, que reúne distintas sensibilidades. La Asociación de Vecinos de El Pardo declina posicionarse. “No vamos a opinar sobre el tema de Franco”, zanjan a eldiario.es, recordando que tienen muchas necesidades “relacionadas con la limpieza o la sanidad que a este gobierno parecen no interesar”.
El panteón lo ha acondicionado el Estado
Desde los Servicios Funerarios de Madrid, empresa que pertenece al Ayuntamiento y que gestiona los 14 cementerios públicos de la capital, cuentan que no han recibido ninguna notificación oficial del Gobierno para poner en marcha un operativo. Fuentes de la entidad definen el de El Pardo como un cementerio “muy tranquilo” que no suele registrar incidencias. “La gestión que aplicamos es exactamente la misma que en los otros 13”.
Su número de trabajadores oscila entre un mínimo de uno, en horario de 10:00 a 17:00, y los que se requieran por distintas necesidades, desde funerales hasta labores de jardinería. Sí reconocen que a partir de que se anunció que este sería el destino del cuerpo del dictador, la seguridad ha sido reforzada por la Administración Central. La Policía Nacional ha llegado a permanecer en las inmediaciones durante las 24 horas.
A esos recursos extra hay que sumarles, procedentes del erario público: los 3.738,90 euros que costará, según un informe de Patrimonio Nacional, la retirada de los huesos de la fosa del Valle de los Caídos; los 11.700 euros del traslado a Mingorrubio, que según reveló Newtral llevará a cabo una empresa privada de la que no dan el nombre “por motivos de seguridad”; y el acondicionamiento del panteón en el que finalmente reposarán los restos de Franco: las obras comenzaron en mayo mediante un “contrato menor” que está por tanto por debajo de los 15.000 euros, supo entonces Público.
“Si a alguien se le muere un familiar, no paga el Estado”
El presidente de la Asociación de Vecinos de El Pardo En Común cree que, en todo caso, “los habitantes de El Pardo estaríamos mucho más seguros si no tuviéramos enterrado a un dictador y genocida a escasos metros de casa”. “Condenar a un barrio que sufrió la represión salvaje de los aliados de Franco rompería la convivencia”, añaden. Porque esperan que no los haya, pero entienden que “puede haber repercusiones y conflictos de todo tipo” alrededor de la nueva tumba.
Desde la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Bonifacio Sánchez califica esta nueva ubicación y sus necesidades logísticas de “sinsentido”. “Que paguemos entre todos el coste que conlleva el traslado, acondicionamiento y la seguridad de Mingorrubio, más allá de que vaya a tener que ser constante o en fechas puntuales, se sale de todo parámetro de comportamiento normal de una sociedad democrática. Estamos pagando todo eso por un genocida, con tanta gente como tenemos a pie de fosa esperando encontrar a sus seres queridos para las que el Estado no ha aparecido”, lamenta Sánchez.
¿Qué hubiese sido lo ideal, entonces? “Entregarle el cuerpo a la familia y que hagan lo que crean conveniente, pero que no se encargue el Estado. Como hace todo el mundo cuando se le muere un familiar: pagar ellos el tanatorio y todo el procedimiento establecido”, responde Sánchez. Todo eso teniendo en cuenta que sacar a Franco del Valle les parece “una buena medida”, aunque también creen que “debería ser la puerta de entrada para abordar en serio el pasado reciente de nuestro país y hacer pedagogía: si se le enterró con honores el 23 de noviembre de 1975 y fue publicidad para todo el mundo, que ahora se contrarreste y el Estado explique bien por qué se le saca”.
