El voto de los discapacitados intelectuales se va abriendo camino en Europa, donde la creciente sensibilidad por la situación de estas personas se empieza a traducir en iniciativas legales para permitirles el sufragio.
A unos meses de los comicios europeos de mayo de 2019 en varias capitales europeas hay movimientos para reconocer el derecho de los discapacitados intelectuales a acudir a las urnas en los diferentes procesos electorales.
A finales de octubre pasado el Gobierno francés anunció que dará el derecho de voto a 300.000 personas privadas de ello por estar bajo tutela por padecer alguna discapacidad psíquica y para ello va a modificar el Código Electoral, aunque la reforma no estará disponible hasta los comicios municipales de 2020.
Se une así al caso de España, donde en septiembre pasado la Comisión Constitucional del Congreso inició los trámites para conceder el voto a unas 100.000 personas con discapacidad intelectual, con la intención de que la medida esté en vigor en mayo próximo, para las municipales y europeas, ya que los principales partidos parlamentarios respaldan la iniciativa.
El caso de una española que lucha en los tribunales por obtener el derecho al voto ha llevado a instituciones europeas a pronunciarse en su favor.
En concreto, en julio, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, respaldó públicamente a María del Mar Caamaño, madre de una joven con retraso cognitivo que no puede votar por una sentencia del Supremo español, que consideró que la chica carecía del conocimiento suficiente del derecho electoral.
“En una democracia moderna ningún elector debe explicar por qué vota a tal partido o candidato”, dijo Mijatovic, para quien retirar el voto “perpetúa la exclusión y el estigma y priva a la sociedad de cargos que la representan en toda su diversidad”.
En Italia, las personas con discapacidades intelectuales tienen derecho a votar, aunque la Asociación de Personas Down ha lamentado en distintas ocasiones que con frecuencia no lo hacen por falta de información y, además, ha pedido al Gobierno que permita por ley que puedan estar acompañadas cuando entran en las cabinas electorales para elegir su papeleta e introducirla en el sobre, ya que actualmente solo pueden entrar solos.
En Alemania hay cerca de 81.000 personas con discapacidad intelectual que no tienen derecho a voto ni en las s generales ni en las europeas aunque sí en los comicios regionales en algunos de los dieciséis estados federados.
Dentro de la actual coalición de Gobierno, el Partido Socialdemócrata ha propuesto buscar una salida para lo que considera una discriminación indebida que, además, va contra la convención sobre los derechos de los discapacitados de la ONU.
Los otros partidos de la gran coalición, la Unión Cristianodemócrata de la canciller Angela Merkel y la Unión Socialcristiana creen que también hay que allanar el camino al derecho a voto de ese colectivo.
En Bélgica, los discapacitados intelectuales mayores de 18 años pueden votar, salvo que estén internados o hayan sido expresamente declarados incapaces de votar por un juez.
No obstante, varias asociaciones animan a través de campañas a que los discapacitados intelectuales ejerzan de manera efectiva ese derecho personalmente y no por procuración, es decir, delegando su voto en otra persona.
En Austria el derecho a voto es inclusivo y abarca a todos los discapacitados, incluidos los intelectuales, explicó a Efe el director de la sección de Asuntos Electorales del Ministerio del Interior, Robert Stein.
“En principio no hay limitación. La única exigencia es que, en caso de que el elector no esté en condiciones de escribir o emitir por si mismo el voto, pueda nombrar ante la autoridad electoral a una persona que lo represente”, precisó el experto.
En Hungría la ley electoral de 2013 dice que los tribunales deben determinar si un discapacitado intelectual puede o no votar en las elecciones: “El tribunal puede excluir a esos mayores de edad cuya capacidad de consentimiento exigida para practicar el derecho a votar” es reducida o nula, “debido a su estado psíquico, discapacidad intelectual o adicciones”, decreta la ley.
Cerca de 50.000 húngaros están afectados por esa situación y por el momento el Gobierno conservador de Viktor Orbán no tiene planes de modificar la normativa.
En Portugal, los discapacitados intelectuales pueden votar siempre que aseguren tras una evaluación médica que son conscientes de la acción que están realizando al emitir su voto.
Dicha evaluación se realiza en los centros de salud, donde se les entrega un documento que certifica su capacidad para votar y que deben presentar en las mesas de votación.