Un grupo de juristas recurrirá la ley de protección de datos para evitar que los partidos hagan perfiles ideológicos ante el 28A
España se someterá a sus terceras elecciones generales en tres años el próximo 28 de abril. Pero los comicios convocados por Pedro Sánchez no serán como los anteriores. El pasado noviembre los partidos acordaron cambiar las reglas de juego: se autorizaron a rastrear Internet en busca de información ideológica de los ciudadanos para enviarles mensajes electorales personalizados a través de WhatsApp o las redes sociales sin consentimiento previo. La legislación europea prohíbe esta práctica a cualquier empresa u organización, pero los partidos políticos españoles idearon una excepción que les cubriera solo a ellos basada en un supuesto “interés público”. Un grupo de juristas expertos en protección de datos pretende impedir que esas prácticas sean legales el 28A.
Según ha podido saber eldiario.es, abogados especializados en Internet y organizaciones de defensa de los derechos digitales preparan una reclamación ante el Defensor del Pueblo para que este presente un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida. Entienden que la legalización del perfilado político de los ciudadanos y la creación de bases de datos con información ideológica viola la Carta Magna, por lo que intentarán que este órgano interceda ante el Tribunal Constitucional para lograr su anulación.
Solo el presidente del Gobierno, los de las comunidades autónomas o un grupo de 50 diputados o 50 senadores pueden presentar recursos de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal. El filtro para el resto de la sociedad es el Defensor del Pueblo, la otra institución que puede hacerlo, que puede hacer suyas las reclamaciones que reciba y defenderlas ante el Constitucional.
“Estamos trabajando con abogados especialistas en protección de datos y con expertos constitucionalistas, porque es un tema complejo”, revela Borja Adsuara, el jurista que promueve la iniciativa. Según ha podido saber este medio, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Asociación de Internautas ya han dado el sí, mientras que otras organizaciones representativas de la abogacía española están valorando sumarse a la iniciativa. “No queremos que esto parezca una pataleta, sino demostrar que los especialistas estamos indignados con este tema”, explica.
Muchos de estos especialistas fueron los que alertaron en un primer momento sobre el riesgo que entraña la medida, camuflada como disposición final tercera de la Ley de Protección de Datos, que a su vez modifica la Ley de Régimen Electoral General. Lo denunciaron como “la legalización del Cambridge Analytica español”.
Si finalmente el Defensor del Pueblo tramita su recurso, la institución no se encontrará en el Tribunal con Unidos Podemos. Tras haberla apoyado durante todo su recorrido parlamentario, el grupo rechazó ratificar la ley en la votación definitiva del Senado y anunció que interpondría un recurso de inconstitucionalidad contra ella si llegaba a aprobarse. El voto a favor de PP, PSOE y Ciudadanos provocó que así fuera. No obstante, el partido no presentará finalmente recurso alguno, informa Aitor Riveiro, y optará por derribarla a través de trámite parlamentario en la siguiente legislatura.
Plazo hasta el 6 de marzo
A la espera de que la reclamación de los abogados expertos en protección de datos se consolide, el Defensor del Pueblo ya ha recibido otra reclamación contra la misma ley, como adelantó El Confidencial y ha podido confirmar eldiario.es. La presentó la Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE). “Nos veíamos obligados a dar este paso —explica a este medio un portavoz de la asociación— pero nos preocupa la lentitud de la justicia, que puede provocar que empiecen a generarse esas bases de datos ideológicos y una serie de protocolos y actividades para recogerlos. Si esto no se para ya, en tres años va a ser muy difícil de desmontar”, advierten.
La cuenta atrás para impedir que los partidos puedan elaborar perfiles políticos de los ciudadanos y mandarles mensajes en función de sus intereses (o sus miedos) durante la campaña para las elecciones del 28 de abril comenzó el 6 de diciembre. El día de la Constitución se publicó en el BOE la Ley de Protección de Datos y comenzó la cuenta de tres meses para presentar recursos de inconstitucionalidad.
El Defensor del Pueblo aguardará al 6 de marzo, la fecha límite, para decidir si presenta el recurso. Su estrategia habitual es agotar los plazos a la espera de que puedan llegar más recursos contra la ley. “Nunca tomamos la decisión antes porque podría llegarnos otra solicitud, que podría hacernos ver argumentos por otro lado”, exponen fuentes de la institución.
“Máximas garantías”
El grupo que redactó la medida que ha dado pie a la polémica fue el PSOE. En una entrevista con este medio, el diputado socialista Artemi Rallo defendió que esta se incluyó con objetivo de “dotar de las máximas garantías” a una práctica que, probablemente, los partidos y las agencias de marketing político a su servicio ya están realizando. En cualquier caso, Rallo recalcó que “la ley no permite crear bases de datos basadas en ideología de los ciudadanos ni el spam político masivo”.
“Eso de autorizar con garantías... una vez que lo autorizas, ¿quién se cree que los partidos no lo van a explotar?”, inquiere Borja Adsuara. “Lo que hay que hacer no es autorizarlo, sino perseguirlo y multar al que lo haga. Esa es la mejor garantía”, recalca.
