Las mentiras de Soria y el derecho a la energía
No dimite José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, por sus empresas opacas en paraísos fiscales, ni por mentir, sino por haber sido pillado, y una vez expuestas sus vergüenzas a la luz pública, haber seguido mintiendo, poniendo así en ridículo a sus compañeros del Partido Popular.
Gracias a los ‘Papeles de Panamá’ Soria ha perdido el recurso más valioso y más escaso que hay en política: la confianza. No deja de ser sorprendente, que sean estas mentiras y no otras, las que hayan logrado la caída del ministro, porque ha habido muchas en la pasada legislatura, pero han sido mentiras relacionadas con un tema tan poco atractivo para la mayor parte de la población, como es la energía.
No logró la dimisión del ministro ese primer Real Decreto de 2012 que supuso la paralización del sector de las energías renovables y los primeros recortes retroactivos de esta larga legislatura. Tampoco logró su dimisión una reforma del sector eléctrico, que fue rechazada por el resto de partidos de la Cámara, y solo pudo ser aprobada gracias al rodillo de la mayoría absoluta del PP.
No se logró la dimisión de Soria cuando defendió los intereses de Repsol en Canarias, permitiendo las prospecciones petrolíferas, a pesar del rechazo de la población. Ni se ha pedido recientemente al enterarnos de que su hermano, por esos años, montaba una empresa comercializadora de petróleo en Londres.
No supuso su dimisión saber que no había datos objetivos para los recortes a las renovables y que los informes que encargó el ministro para justificar sus medidas, no llegaron hasta meses después de la aprobación del Real Decreto. Tampoco, cuando salieron a la calle más de 60.000 familias estafadas, por las políticas de Soria.
Tampoco se cesó al ministro ante la aprobación de su genuino impuesto al sol, la legislación más restrictiva a escala mundial de autoconsumo, de desincentiva el uso de renovables y que impone enormes trabas a las familias, pymes y ayuntamientos el usode estas energías limpias, baratas, accesibles,….
No lo consiguió el escándalo por la ágil indemnización de 1.350 millones de euros (más intereses), a Florentino Pérez por el proyecto Castor, el almacén de gas que construyó frente a las costas de Castellón y que, tras provocar cientos de seísmos, fue paralizado.
Y tampoco lo ha conseguido la bochornosa práctica de las puertas giratorias en empresas como Red Eléctrica de España, la empresa que tiene el monopolio de la mayor parte del transporte de electricidad en alta tensión, y a Enagás, que tiene gran parte del transporte de gas. Tampoco le ha afectado que Aznar continúe cobrando por sus labores en el consejo de administración de Endesa, la eléctrica de privatizó.
Pero, si ha habido un motivo por el que Soria debería haber dimitido hace tiempo y que ha pasado desapercibido, es su absoluto desprecio a las familias castigadas por la crisis y su inacción ante el problema de la pobreza energética.
Disponiendo de rigurosos estudios que llevan alertando desde 2012 sobre el avance de la pobreza energética en nuestro país, sabiendo que millones de familias son incapaces de afrontar los gastos de los suministros energéticos, sabiendo que la vida se detiene cuando te cortan la luz o el gas, y que miles de personas mueren al año por la pobreza energética, Soria no ha aprobado en los 4 años de legislatura ninguna medida para ayudar a estas familias.
Y claro, la pobreza energética ha seguido creciendo: según el estudio publicado la pasada semana por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), el 11,1% de hogares españoles (5,1 millones de ciudadanos) se declara “incapaz” de mantener su vivienda a una temperatura adecuada y un 22% de la población (2´6 millones de ciudadanos) dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas.
El ministro ha manteniendo un mal llamado bono social de electricidad injusto que hace que las familias numerosas independientemente de su renta tengan un 25% de descuento en la factura de la luz y que las familias sin ingresos o con bajos ingresos estén excluidas de esta ayuda.
No sólo no ha hecho nada bueno en este sentido, sino que votó en contra de la Propuesta de Ley contra la Pobreza Energética que presentó en el Congreso la Izquierda Plural. Y en contra de que se auditaran los costes del sector eléctrico que ponen en cuestión la legitimidad del déficit de tarifa.
Y para que quedara claro de quién es la competencia de energía, y por tanto la responsabilidad de tomar medidas contra la pobreza energética, el Gobierno impugnó al Tribunal Constitucional la ‘Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética’ aprobada por unanimidad en el Parlamento Catalán, que venía de una Iniciativa Legislativa Popular.
Soria deja una herencia política que en el mejor de los casos va a costar décadas enmendar. Deja ruina, desconfianza y mucho dolor en millones de familias vulnerables por las que no se ha preocupado en absoluto. Y también deja mucha frustración y rabia en las personas y organizaciones que hemos estado estos años luchando para visibilizar la pobreza energética y lograr que entrara la agenda política.
Es responsabilidad de Soria la ruina de las familias que invirtieron en renovables, el cierre de cientos de pequeñas y medianas empresas de energía y la marcha de cientos de jóvenes y no tan jóvenes que decidieron orientar sus carreras profesionales hacia algo tan hermoso como es el cambio de modelo energético. Es más, debido a la incertidumbre que ha generado Soria, emprender la necesaria transición energética nos va a costar mucho más.
Por otro lado, es mérito del ministro Soria haber logrado asegurar los beneficios de las empresas del oligopolio eléctrico y que, a pesar del descenso de la demanda de consumo, hayan podido capear el temporal de la crisis con gran parte de sus centrales paradas.
El hecho de que el ministro Soria haya priorizado el pago del déficit de tarifa, por encima del acceso a los suministros básicos por parte de la población, debe hacernos reflexionar no sólo sobre las prioridades políticas del Partido Popular, sino sobre los mecanismos que le han permitido hacer estas políticas.
Siendo el suelo de votantes del Partido Popular de hormigón armado, impermeable a la corrupción o la falta de ética, el resto de la sociedad española debemos exigir un cambio en la manera de hacer política energética.
Necesitamos un Pacto de Estado que asegure el derecho a la energía a toda la población, y que, tal y como hacen países como Alemania, Francia o Dinamarca afronte con seriedad la transición energética a un modelo eficiente, sostenible y renovable. Un pacto que implique el diálogo con todas las fuerzas sociales, políticas y económicas (no sólo con el oligopolio) para construir un modelo energético que priorice las necesidades de las personas y la generación de empleo.
Es evidente que para ello necesitamos políticos y políticas, en lugar de pasarse a sus filas, sean capaces de enfrentarse a los poderosos intereses del oligopolio energético, que se encuentran íntimamente ligados a los grandes poderes económicos de este país.
La prioridad es clara: construir mecanismos de transparencia, participación y control real de la política energética por parte de la ciudadanía. Ha caído el ministro Soria, y es una buena noticia, pero seguimos sin tener el control sobre nuestro recibo de la luz. Y haya o no elecciones, haya o no cambio de gobierno, nadie nos va a regalar el derecho a la energía.
