Izquierda Plural rechazará la tasa Google con una enmienda en el Congreso
Tras mantener varias reuniones con distintos colectivos, los diputados de los partidos que forman el grupo parlamentario de la Izquierda Plural en el Congreso, en este caso coordinados por Chesús Yuste, han acordado finalmente presentar una enmienda de supresión del apartado 2 del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, que regula lo que se ha conocido como tasa Google o canon AEDE. La nueva ley otorga a las empresas editoras el derecho a ser compensadas económicamente por los agregadores de noticias en internet. Este proyecto de ley se encuentra en tramitación actualmente en el Congreso y el plazo de enmiendas expira el martes 1 de julio.
Chesús Yuste, diputado de Chunta Aragonesista (CHA) explica a eldiario.es que llevan meses reuniéndose con “todo el mundo”, empezando por AEDE, la Asociación de Diarios Españoles (privada) que será la encargada de recaudar esta tasa. También con el Foro de Organización de Periodistas, la Coalición Prointernet, (que agrupa a varias asociaciones de editores digitales y medios) y también las agencias de gestión de los derechos de autor.
Yuste dice que tenían la sensación de que la posición de su grupo no había quedado del todo clara, en parte porque el tema no ha sido bien cubierto por los grandes medios, y por eso ven necesario hacer más explícito el rechazo a esta ley, concretamente al apartado 2 del artículo 32. La enmienda responde al argumento de que “resulta dudoso que reproducir titulares de noticias periodísticas, ya disponibles en otras páginas web, con el correspondiente enlace a la web original, pueda considerarse contrario a los derechos de autor, tal como dictaminó la reciente sentencia Svensson del Tribunal de Justicia de la UE en el caso C466/12”.
También mencionan que “independientemente de que pueda resultar muy popular para la imagen del Gobierno cobrar derechos de autor a Google News o Yahoo News, multinacionales que apenas pagan impuestos a la Hacienda española, no parece acertado establecer esta denominada «tasa Google» o «canon AEDE» que se podría terminar cobrando a plataformas de participación comunitaria en Internet como Twitter, Facebook o Menéame por esa costumbre ciudadana de nuestro tiempo consistente en difundir y compartir titulares de prensa con el enlace correspondiente en las redes sociales, algo que forma parte de la cultura P2P, fundamental en la sociedad del conocimiento.”
¿Por qué el Gobierno sigue adelante con esta ley? Yuste comenta que “el Gobierno aparentemente se ha querido apuntar un tanto yendo en contra de compañías que no tributan en España pero creo que no sólo no le ha salido, sino que además ha sacado una ley que puede poner en riesgo algo que valoramos mucho y que es la existencia de plataformas comunitarias donde pueden compartirse ideas”.
Por lo cual, desde Izquierda Plural animan “al Gobierno a centrarse en lo importante: una redacción del artículo 25 que permita exigir a las empresas prestadoras de servicios de internet y de servicios en internet el pago de la compensación equitativa por copia privada, en lugar de que recaiga sobre todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado. Y por supuesto, que se esfuerce en cobrar impuestos a los gigantes tecnológicos antes citados por el negocio que realizan en España.”
El rechazo del grupo de la Izquierda Plural se suma así al de otros colectivos. Editores digitales, medios (entre los que se encuentra eldiario.es) y empresas se han manifestado contrarios a una tasa que tiene el carácter de “derecho irrenunciable” y que obligaría a empresas nacionales como Menéame, a cerrar en España, poniendo además en riesgo el derecho a cita con el que es posible hacer periodismo.
También CCOO y UGT manifestaron su oposición y preocupación por una ley que mueve un 4% del PIB y cuya modificación se ha llevado adelante sin el consenso de todos los sectores. El consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por su parte, ha emitido un informe en el que “cuestiona que los servicios de agregación de contenidos deban ofrecer una ”compensación equitativa“ a los editores de publicaciones periódicas o de sitios web de información”.
