A lo largo de la historia de las sociedades industriales ha habido múltiples desarrollos tecnológicos que no han triunfado, que intentaron introducirse en la sociedad pero que fueron orillados. Cuando un nuevo desarrollo tecnológico incumple sus promesas, es decir, no proporciona todo el bienestar social que de él se espera, lo normal es que paulatinamente vaya apartándose hasta acabar desterrado. Tal ocurrió, por ejemplo, con el avión supersónico Concorde, que vio su final debido a su elevado precio y al accidente que sufrió el 25 de julio de 2000, el único en 27 años de servicio.
Sin embargo, con la energía nuclear esto no parece ser así. Se trata de una tecnología cara que ha sufrido varios accidentes graves y a pesar de los cuales sigue contando con apoyos y algunos agentes políticos y económicos se resisten manifiestamente a abandonarla. Se cumplen estos meses los aniversarios de los tres accidentes más graves acontecidos en centrales nucleares: 11 de marzo de 2011 en Fukushima (Japón), 29 de marzo de 1979 en Harrisburg (EEUU) y 26 de abril de 1986 en Chernobil (Ucrania). Además de estos se han producido algunos más con víctimas mortales y un sinnúmero de incidentes de gravedad diversa. Los tres grandes accidentes citados serían suficientes por sí mismos para calificar una actividad industrial de inaceptablemente peligrosa, sobre todo teniendo en cuenta que existen alternativas menos lesivas que la nuclear para producir electricidad. Además, el riesgo nuclear es inherentemente antidemocrático, porque unos pocos deciden sobre el riesgo que debe asumir el grueso de la población y se benefician de las actividades que genera ese riesgo.
Por si esto fuera poco, la energía nuclear no tiene resueltos algunos de sus problemas técnicos más importantes como la gestión de residuos radiactivos de alta, que serán peligrosos durante cientos de miles de años. Podemos mirar el caso concreto de España para darnos cuenta del calibre del problema técnico, social y económico que esto supone. Fue necesario crear ENRESA, una empresa ad hoc que depende del ministerio de industria, que se financió hasta 2005 con cargo al recibo de la luz y que hoy se financia con un canon que cobra a las centrales nucleares que el Tribunal de cuentas ha denunciado ya como insuficiente para garantizar la gestión hasta 2070 (fecha marcada por el último Plan General de Residuos). Por supuesto, cabe también preguntarse qué pasará después de ese año, pero el Tribunal no dice nada al respecto. Lo cierto es que desde 1985 hasta nuestros días, ENRESA ha buscado un emplazamiento para ubicar los residuos radiactivos, sin conseguir hasta ahora la construcción de una instalación centralizada, siquiera sea temporal.
En la actualidad esta empresa ha apostado por instalar el Almacén Transitorio Centralizado (ATC), un cementerio nuclear donde depositar temporalmente los residuos de alta de todas las centrales nucleares españolas en Villar de Cañas (Cuenca). Se trata de una zona no nuclear, que acabó en cuarto lugar en el ranking de candidatos para albergar tal instalación. Además, las pruebas geológicas realizadas mostraron que el terreno era “inadecuado”, y así lo calificó la consultora independiente URS. El terreno tiene tres graves inconvenientes: el acuífero es muy superficial, por lo que aflora inundando el emplazamiento cuando llueve y aumenta el riesgo de contaminación; pueden formarse dolinas o grandes oquedades que darían problemas a los cimientos; posee arcillas expansivas que se mueven y podrían incluso agrietar la instalación. A pesar de todo esto el Gobierno ha insistido e insiste en construir el ATC en Villar de Cañas. Y únicamente por motivos políticos. Es el empeño de Cospedal en construir este proyecto en su comunidad, bajo su rígido control político, lo que verdaderamente hace que sea Villar de Cañas el emplazamiento elegido.
Por si los inconvenientes reseñados fueran pocos, se acaba de producir el terremoto de Ossa de Montiel (Albacete) que se sintió en Villar de Cañas, hasta el extremo de dejar sin luz a esta localidad. Este terremoto junto a otros que se han producido anteriormente arrojan serias dudas sobre la consideración de baja sismicidad de la zona centro de la península. Y es que aunque siempre se ha considerado que La Mancha es una zona no sísmica, se han registrado varios terremotos en estos años que cuestionan esta afirmación y que muestran hasta qué punto es difícil hacer predicciones sobre los seísmos, que pueden empezar en zonas lejanas y afectar a una determinada instalación. Además de éste de Ossa de Montiel en Albacete, el 7 de junio de 2006 se produjo un seísmo de grado 4,1 en Escopete (Guadalajara), a 85 km de Villar de Cañas; en agosto de 2007 se produjo en Pedro Muñoz (Ciudad Real) un terremoto de grado 5,1, a 53 km de Villar de Cañas; y tenemos también el triste recuerdo del terremoto de Lorca (Murcia), en mayo de 2011, que produjo la muerte de 9 personas. No en vano todos los intentos de construir un cementerio nuclear para los residuos de alta, y también el de Villar de Cañas, han contado con una activa contestación social y política.
En fin, si la nuclear es una fuente de energía insegura que genera problemas técnicos y sociales, ¿por qué empeñarse en mantener las centrales en funcionamiento? Este es un ejemplo de que las discusiones técnicas no bastan para entender lo que pasa. Existe una poderosa industria con grandes intereses, que ha realizado grandes inversiones, y que presiona sobre el poder político. El inicio de la energía nuclear y su sostenimiento en algunos países está imbricado con la industria militar y el desarrollo de armas atómicas, puesto que la tecnología civil alimenta a la militar y viceversa, si bien este no es el caso de España. Es verdad que también existen grupos de personas que bienintencionadamente defienden esta tecnología, pero en estos casos estoy seguro que un buen debate racional podría bastar.
Al final, aunque la energía nuclear muestra una y otra vez sus problemas, no conseguimos eliminar las centrales nucleares. A pesar de que la mayoría de la población española muestra en las encuestas una y otra vez una opinión mayoritaria antinuclear, ningún gobierno se ha atrevido a dar los pasos para librarnos de este riesgo. No hay duda de que este es un ejemplo más del déficit democrático que padecemos.
A lo largo de la historia de las sociedades industriales ha habido múltiples desarrollos tecnológicos que no han triunfado, que intentaron introducirse en la sociedad pero que fueron orillados. Cuando un nuevo desarrollo tecnológico incumple sus promesas, es decir, no proporciona todo el bienestar social que de él se espera, lo normal es que paulatinamente vaya apartándose hasta acabar desterrado. Tal ocurrió, por ejemplo, con el avión supersónico Concorde, que vio su final debido a su elevado precio y al accidente que sufrió el 25 de julio de 2000, el único en 27 años de servicio.
Sin embargo, con la energía nuclear esto no parece ser así. Se trata de una tecnología cara que ha sufrido varios accidentes graves y a pesar de los cuales sigue contando con apoyos y algunos agentes políticos y económicos se resisten manifiestamente a abandonarla. Se cumplen estos meses los aniversarios de los tres accidentes más graves acontecidos en centrales nucleares: 11 de marzo de 2011 en Fukushima (Japón), 29 de marzo de 1979 en Harrisburg (EEUU) y 26 de abril de 1986 en Chernobil (Ucrania). Además de estos se han producido algunos más con víctimas mortales y un sinnúmero de incidentes de gravedad diversa. Los tres grandes accidentes citados serían suficientes por sí mismos para calificar una actividad industrial de inaceptablemente peligrosa, sobre todo teniendo en cuenta que existen alternativas menos lesivas que la nuclear para producir electricidad. Además, el riesgo nuclear es inherentemente antidemocrático, porque unos pocos deciden sobre el riesgo que debe asumir el grueso de la población y se benefician de las actividades que genera ese riesgo.