Ni rebelión ni terrorismo
Este artículo podría titularse '¿Dónde está el límite?'. Porque esa es la pregunta que se hace mucha gente en Catalunya y cada vez más en el resto de España. ¿Dónde está el límite en la escalada judicial para intentar desactivar el independentismo? Ni la opinión contraria de un centenar de catedráticos de Derecho Penal, ni la decisión de la justicia alemana, ni el criterio de las justicias belga, escocesa y suiza, ni las imágenes de televisión. Nada frena el intento de vincular un movimiento que ha demostrado siempre que es pacífico a la violencia.
¿Desde cuando protestar es terrorismo? Las movilizaciones protagonizadas por los CDR pueden ser cuestionables, molestas o incluso hay quien considera que perjudiciales para los intereses de los políticos procesados por una rebelión que no cometieron. Puede haber delitos. Pero no es terrorismo.
Es más, es una ofensa para aquellos que han sufrido de cerca el terrorismo. Robert Manrique, que fue víctima del atentado de ETA en Hipercor, lo resume así: “Comparar levantar las barreras de un peaje con el terrorismo me parece una locura, una exageración brutal”. Pero no hay límites. Hay quien entre la judicatura y algunos partidos parece echar de menos que en España haya desaparecido un movimiento independentista que sí que recurría a la violencia organizada, quien necesita identificar a bandas criminales que no existen en autos judiciales cargados de connotaciones políticas.
Los CDR son un movimiento horizontal, sin una cúpula, y no porque lo digan los independentistas. Quien lo reconoce es el ministro del Interior. No hay cúpula sino un cabreo entre amplios sectores, algunos procedentes del 15-M, otros afines al secesionismo, que han decidido llevar su indignación a la calle. Si han cometido un delito está claro que no es el de la rebelión y por supuesto no son terroristas.
La sensación de que se ha recuperado la doctrina del 'todo es ETA' da vértigo. Sirvió, por ejemplo, para cerrar el diario 'Egunkaria'. También entonces los jueces se basaron en informes de la Guardia Civil. Años después, la Audiencia Nacional reconoció que no se había acreditado “ni directa ni indirectamente” que este medio hubiese defendido los postulados de la banda terrorista.
Ahora la plantilla vasca se utiliza para buscar rebelión donde no la hay, abusar de la prisión preventiva y dibujar unas calles de Catalunya presas por la violencia. “En Europa se piensa que España es un Estado bananero”, relataba hace unos días el periodista John Carlin para resumir las conversaciones que tenía con sus colegas británicos. En una entrevista en Radio Euskadi ha denunciado la “grotesca desproporción entre lo que ha ocurrido en Catalunya y las penas que se están pidiendo a los políticos”.
¿Acaso Carlin es un peligroso secesionista? Tal vez a ojos del eurodiputado Esteban González Pons, por citar uno de los dirigentes del PP más activos en la cruzada contra las opiniones que disgustan al Gobierno español, es directamente un sedicioso. Seguro que si en España hubiese más voces como la de Carlin y menos como la de Jiménez Losantos nos iría mejor. Pero a Carlin le despidieron por molesto y a Losantos hay quien todavía lo toma en serio.
