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ANÁLISIS

La regularización de extranjeros elevaría los ingresos públicos en 2.000 millones

Varios trabajadores retiran los restos de los invernaderos en Nijar.
15 de febrero de 2024 22:30 h

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El fuerte crecimiento de la población extranjera y, en particular, de los extranjeros no comunitarios, es uno de los rasgos más llamativos de la coyuntura actual. El novedoso Censo Anual de Población, que desglosa a los extranjeros por nacionalidad, indica que a principios de 2023 los extranjeros no comunitarios, cifrados en 4,4 millones de personas, crecían a una tasa anual del 14% que se reduce al 12,1% excluyendo a los ucranianos.

En el mismo sentido, la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE indica que en 2023 los trabajadores extranjeros no comunitarios han crecido un 14,7%.

Por su parte, las estadísticas de extranjeros del Observatorio Permanente de Inmigración (OPI) basadas en el Registro Central de personas extranjeras gestionado por la Policía Nacional muestran crecimientos también muy fuertes pero inferiores a los que arroja el Censo anual del INE. En particular, el número de extranjeros no comunitarios con documento de residencia, cifrado en 3,7 millones de personas a finales de 2022, crece a una tasa anual del 10,3%.

Los trabajadores extranjeros no comunitarios afiliados a la Seguridad Social han crecido en 2023 un 12%. Un ritmo también muy fuerte pero inferior al de los ocupados no comunitarios medido por la EPA de manera que la dimensión de la economía informal, sea cual sea, debe estar creciendo.

Extranjeros no comunitarios empadronados sin autorización de residencia

La comparación entre los datos de población extranjera de las estadísticas del INE y los del Registro Central de personas extranjeras no es fácil y puede conducir a interpretaciones erróneas. Afortunadamente, el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) ha presentado recientemente unos Indicadores migratorios por nacionalidad en España, que cuantifican, entre otros asuntos de interés, el número de extranjeros empadronados y que carecen de documentación de residencia. La comparación del OPI está referida al 1 de enero de 2022 debido a que las últimas cifras del Padrón se refieren a esta fecha. Pero la comparación puede actualizarse al 1 de enero de 2023 con el Censo anual de Población de esta fecha, que está basado esencialmente en el padrón municipal y presenta datos de extranjeros por nacionalidad.

El cuadro adjunto presenta un resumen de la comparación del OPI para el 31 de diciembre de 2021 y su actualización para la misma fecha de 2022.



En el bloque superior que resume el cuadro comparativo publicado por el OPI, que usa el Padrón, se han incluido los datos del Censo anual de igual fecha para ilustrar la práctica coincidencia con el Padrón.

El dato más llamativo es el millón de ciudadanos comunitarios - o de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) como Noruega y Suiza- que figuran con documento de residencia en España en el Registro Central y no están empadronados. Como se indica en la nota explicativa de los indicadores, los extranjeros de la Unión Europea (UE) y la AELC tienen derecho de residencia en España gracias al régimen de Libre Circulación aplicable aunque deben solicitar la documentación de residencia (certificado de registro). Como la no renovación de estos documentos no anula su vigencia puede ocurrir que personas de la UE con documento de residencia en vigor no estén residiendo en España y no figuren, por tanto, en el Padrón municipal gestionado por el INE. El Padrón tiene mecanismos de control y actualización específicos para estas personas de la UE que no tienen obligación de renovar cada dos años su inscripción padronal.

La inscripción en el Padrón municipal acredita que la persona extranjera vive habitualmente (más de la mitad del año) en un domicilio del municipio y es vecina del mismo aunque no posea documentación de residencia. El empadronamiento sirve al extranjero no comunitario para acreditar tiempo de residencia a efectos de la solicitud de la tarjeta de residencia y para adquirir derecho al uso de servicios sanitarios y a algunas ayudas sociales. Además, los extranjeros no comunitarios tienen la obligación de renovar cada dos años su inscripción en el Padrón. De acuerdo con el OPI, el 31 de diciembre de 2021 había casi 400 mil extranjeros no comunitarios empadronados y sin documentación de residencia, es decir, en situación irregular. Y el 31 de diciembre de 2022 el número de extranjeros no comunitarios censados como residentes y sin permiso de residencia se eleva a 520 mil personas, con un crecimiento anual del 30%.

 La magnitud obtenida coincide con la estimación de FOESSA:

 “Según los últimos datos disponible aportados por Cáritas Diocesanas de toda España, en el año 2022 aproximadamente el 31% de la población acompañada a través de sus programas y recursos se encuentra en situación administrativa irregular (500.000 personas) y necesitan del apoyo de Cáritas un periodo medio que oscila entre 1 y 2 años. Esta cifra representa un incremento del 43% con respecto del dato estimado en el año 2019, que se situaba en torno a 350.000 personas”.

El estudio de FOESSA no sólo proporciona la dimensión de este colectivo sino que estudia el impacto de la irregularidad en sus condiciones de vida, en la situación laboral, el acceso a la vivienda y en la atención sanitaria.

Trabajadores extranjeros sin papeles

En el segundo semestre de 2023 la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE estima el número de trabajadores extranjeros en tres millones de personas. La Seguridad Social cifra el número de afiliados extranjeros en 2,7 millones de personas en el mismo periodo. Cabría estimar, entonces, en 300.000 personas el número de trabajadores extranjeros en situación irregular.

Pero esto sería incorrecto. El dato de afiliados que publica la Seguridad Social no se refiere realmente a personas afiliadas sino a afiliaciones ya que las personas con pluriempleo o pluriactividad figuran dos o más veces.

La Seguridad Social no publica el número de personas afiliadas pero las oficinas de estadística de algunas CCAA si lo hacen. En particular, el IDESCAT de Cataluña publica mensualmente el dato de afiliaciones y personas afiliadas por nacionalidad y en el segundo semestre de 2023 el número de personas afiliadas extranjeras se cifra en un 95% de las afiliaciones de extranjeros. Dicho de otro modo: el 5% de las afiliaciones de extranjeros corresponden a personas con pluriactividad.



Aplicando el ratio de Cataluña al total de afiliados extranjeros se obtienen 2,55 millones de personas extranjeras afiliadas.

Los extranjeros de países de la Unión Europea, el 29% del total, pueden trabajar libremente en España y, para este colectivo, la cifra de la EPA sólo difiere un 4,1% de la cifra de personas afiliadas.

Los únicos trabajadores extranjeros que pueden carecer de permiso de trabajo son los no comunitarios. En este caso, la medida de la EPA -en la que sólo se pregunta al entrevistado si ha trabajado de forma remunerada en la semana de referencia- supera en casi 430.000 personas el número de trabajadores extranjeros no comunitarios dados de alta en la Seguridad Social. Por tanto, el número de trabajadores extranjeros en situación irregular, sin derechos laborales y con salarios inferiores al mínimo legal, puede estimarse en torno a las 430.000 personas.

Con su regularización el número total de afiliados (afiliaciones) se incrementaría un 2% superando los 21 millones.

Como referencia cabe recordar que la regularización de finales de 2004 incorporó 565.000 trabajadores a la Seguridad Social.

El trabajo irregular por CCAA y actividad económica

Los trabajadores extranjeros no comunitarios (TXNC) representan el 10% de los ocupados españoles pero en algunas CCAA superan el 13% como en Murcia, Cataluña y Baleares, en donde se alcanza el 16%, y en otras no llega al 6%, como en Cantabria, Castilla-León, Galicia, Asturias y Extremadura en donde representan el 3,4%. Madrid, con un 12,6% se sitúa por encima de la media.

Si aplicamos el mismo criterio del 95% para estimar las personas afiliadas a partir de las afiliaciones en cada CCAA se concluye que el 80% de los trabajadores extranjeros no comunitarios en situación irregular (TXNCSI) se localiza en cinco comunidades: Cataluña, Valencia, Madrid, Andalucía y Canarias. Esta última destaca por el alto porcentaje de ocupados extranjeros no comunitarios no afiliados a la Seguridad Social.

Al estudiar las actividades en que se concentran los trabajadores extranjeros no comunitarios nos encontramos que la EPA sólo publica datos por nacionalidad a nivel de gran sector económico (agricultura, industria, construcción y servicios), de manera que hay que acudir a las estadísticas de afiliaciones, con mayor detalle de actividades, para saber en que trabajan los extranjeros no comunitarios.



Los afiliados extranjeros no comunitarios representan el 8,7% de los afiliados. La diferencia con el 10% registrado por la EPA, que abarca el trabajo irregular, ilustra la dificultad de estos trabajadores para entrar en la economía formal.

La actividad con mayor proporción de afiliados extranjeros no comunitarios es la de los empleados de hogar con más de una tercera parte de extranjeros no comunitarios que, en más de un 90% son mujeres. Este colectivo, que se ocupa también del cuidado de las personas mayores, es probablemente el más conocido y apreciado por la envejecida sociedad española.

La segunda actividad, a mucha distancia, es la hostelería, con casi un 19% de afiliados extranjeros no comunitarios, seguida de cerca por las actividades agrarias con un 17,4% de extranjeros no comunitarios.

En la construcción trabajan 172.000 afiliados extranjeros no comunitarios, uno de cada 8 afiliados del sector. Según la EPA trabajan en este sector 255.000 extranjeros no comunitarios así que si aplicamos el criterio del 95% para traducir las afiliaciones en personas afiliadas cabría estimar en unos 90.000 trabajadores los extranjeros no comunitarios en situación irregular en la construcción.

En las actividades de la sección N de la CNAE el 10,7% de los afiliados son extranjeros no comunitarios. Este alto porcentaje se debe a la limpieza industrial, de edificios y la jardinería que concentran el 43% de los afiliados de la sección N. En estas actividades el 60% de los trabajadores son mujeres. También se encuadran en esta sección los riders o repartidores.

Finalmente, en los Otros servicios que integran la sección S de la CNAE, también más del 10% de los afiliados son extranjeros no comunitarios. En este caso se debe a la presencia de los servicios de lavandería y peluquería con un 70% de mujeres.

Efecto de la regularización en los ingresos públicos

Usando el salario mínimo anual de 2023 (15.120 euros) y un 30% como tipo de cotización (4.536 euros), la regularización de estos trabajadores incrementaría las cotizaciones en un mínimo de 1.940 millones de euros en 2024 elevando en un 1% los ingresos por cotizaciones sociales.

Estos nuevos trabajadores afiliados, con una masa salarial en torno a 6.500 millones euros, no estarían obligados, en general, a presentar declaración de IRPF pero sus empleadores ingresarían en Hacienda un 2,5% en concepto de retenciones sobre salarios a juzgar por la estadística de Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias.

Los 2.000 millones de euros de ingresos públicos que se obtendrían representan dos tercios de los esperados para 2023 de los gravámenes extraordinarios sobre la banca y las empresas energéticas.

Además, este proceso de regularización proveería de los derechos básicos a estos trabajadores, de los que ahora están desprovistos. No solo de los más obvios, como son la protección social (desempleo y pensiones) o laboral (cumplimiento de la legislación sobre salarios, jornada, etc), sino también de condiciones que cualquier ciudadano considera normales, como comprarse un coche o alquilar una vivienda por agencia. Naturalmente, la regularización tendría también un impacto positivo en estos mercados.

Finalmente, en relación con el posible efecto llamada de esta regularización conviene recordar que no se produjo en la regularización de finales de 2004, de mayor magnitud, como puede verse en un estudio de 2020 de la BSE (Barcelona School of Economics).

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