La UE cierra el pacto migratorio que endurecerá las condiciones de recepción y asilo tras años de pelea

La UE tendrá unas nuevas reglas de migración y asilo. Tras años atascado desde que en septiembre de 2020 la Comisión Europea puso sobre la mesa una propuesta que ya de partida cedía ante los países que no quieren acoger refugiados, el Consejo de la UE, la Eurocámara y el gobierno comunitario han alcanzado un acuerdo para el nuevo Pacto de Migración y Asilo, que ahora deberán ratificar los 27 y los eurodiputados. El texto final se ha endurecido a lo largo de toda la negociación a medida que la extrema derecha ha ido avanzando a lo largo y ancho del continente. Lo que inicialmente era una línea roja (que en casos de crisis como las de 2015 hubiera cuotas de reparto obligatorias) desapareció a medida que en los gobiernos ha ido imponiéndose la mano dura contra la migración.

El acuerdo, alcanzado bajo la batuta de la presidencia española, que se lo había marcado como prioridad absoluta, está compuesto por cinco reglamentos que cubren todo el proceso migratorio: desde que las personas migrantes llegan a la frontera hasta que se otorga el asilo o se deniega. La intención es que ese proceso dure seis meses para una primera decisión y establece la posibilidad del rechazo en frontera.

El nuevo pacto migratorio dice adiós a la 'solidaridad' en el proceso de reubicación de refugiados que los gobiernos podrán eludir con el pago de 20.000 euros por cada persona rechazada (el objetivo es reubicar a 30.000 personas al año). El Parlamento Europeo, que quería el reparto obligatorio de cuotas al menos en las situaciones de crisis, ha cedido en aras de un acuerdo que todas las partes implicadas admiten que si no salía ahora, más adelante se pondría aún más difícil. En los casos en los que se declare una crisis de refugiados, como las de 2015, la Comisión Europea planteará medidas adicionales en las que la “reubicación será la prioridad”, según ha explicado el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. No obstante, el planteamiento de la Comisión Europea tendrá que ser avalado por el Consejo de la UE, donde están representados los gobiernos. Ese ha sido uno de los principales choques durante la negociación, ya que en los estados miembros ha crecido el rechazo a la reubicación obligatoria.

El texto también endurece las reglas para la concesión de asilo y las condiciones en las que las personas migrantes aguardarán hasta que se resuelvan los expedientes en las fronteras con una ampliación de los plazos de detención. En la recta final de la negociación, uno de los principales conflictos ha sido el tratamiento que recibirían los menores no acompañados en ese proceso, que permitirá, además, las deportaciones rápidas en frontera.

Las autoridades llevarán a cabo un procedimiento de control previo de entrada en las fronteras que incluye la identificación a través de huellas dactilares y también la recogida de datos faciales mediante sistemas biométricos. El proceso incluye a niños a partir de los seis años. También podrán llevar a cabo el registro de la persona si consideran que representa si “una amenaza para la seguridad, si la persona es violenta o va armada ilegalmente”, según recoge la Eurocámara en un comunicado. Ese proceso de 'screening' ha generado tensiones durante las conversaciones dado que los eurodiputados temían que se convierta en un coladero legal para el control discriminatorio dentro del territorio europeo.

“Nunca pensé, cuando llegué al Parlamento Europeo que tardaríamos diez años en decir: lo tenemos”, ha señalado en una rueda de prensa la presidenta, Roberta Metsola, sobre la negociación del asunto más divisivo en el seno de la UE. La dirigente del PPE ha reconocido que “no es un paquete perfecto y no da la solución a todos los problemas complejos”. “Pero es más de lo que teníamos previamente”, ha afirmado.

“El Pacto de Migración y Asilo es en sí un éxito en la medida en la que es un paso adelante respecto de la situación insatisfactoria e insostenible de la que venimos. A partir de su entrada en vigor, por fin contaremos con una respuesta europea al hecho migratorio y sus desafíos, especialmente ante situaciones de crisis”, ha expresado el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, que ha sido uno de los ponentes de la nueva normativa.

Los gobiernos llegaron a la negociación con la Comisión Europea y la Eurocámara con las posiciones más duras y muy poco margen de maniobra para la negociación. De hecho, fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que en el último momento algunos países han puesto cuesta arriba el acuerdo, especialmente Francia. La recta final del pacto europeo ha coincidido con la ley de inmigración que Emmanuel Macron ha terminado sacando adelante con la extrema derecha de Marine Le Pen, que endurece las condiciones del reagrupamiento familiar, recupera el delito de “estancia irregular” y limita el acceso a las ayudas públicas.

El Pacto de Migración y Asilo tendrá que ser aprobado por mayoría cualificada en el Consejo de la UE y también en el Parlamento, donde se da por descontado el respaldo del PPE, socialistas (S&D) y liberales (Renew). Los verdes (Green/EFA) ya han manifestado su rechazo: “El sistema propuesto no será viable, los procedimientos fronterizos y la detención supondrán costes humanos muy elevados y más cargas administrativas para las autoridades nacionales”. La presidenta del grupo, Terry Reintke, asegura que no ayudará a acabar con las pérdidas de vidas en el mar y ha vuelto a reclamar un misión de salvamento marítimo europea. También La Izquierda ha anticipado su rechazo al texto. “La Unión Europea ha aprobado un nuevo pacto de migración que elimina el derecho a asilo en Europa. Somos un pueblo de acogida, no de odio”, ha señalado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que hasta marcharse al Gobierno estuvo implicada en la negociación como eurodiputada de IU.

En las últimas semanas, cuando las negociaciones entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión se han intensificado con reuniones maratonianas que se han prolongado varios días, las organizaciones de la sociedad civil han hecho sonar las alarmas sobre el retroceso que las nuevas normas suponen para los derechos de las personas migrantes. “El Pacto de Migración, en su forma actual, abre la puerta a los abusos contra los derechos humanos, proporcionando un respaldo implícito y explícito de la UE a la privación arbitraria de libertad y a las graves violaciones de los derechos humanos que se han convertido en algo habitual en las fronteras de la UE o cerca de ellas”, advertía hace unos días Michele LeVoy, director de la Plataforma Internacional de Cooperación de los Migrantes Sin Papeles (PICUM, por sus siglas en inglés).

“Un sistema basado en procedimientos de detención está condenado al fracaso”, explicaba Andrés Conde, de Save the Children, justo antes de que los negociadores se sentaran de nuevo este lunes tras una doble sesión hace dos semanas. “Nos preocupa que aumente la posibilidad de detener a los niños y que se prolongue el tiempo de detención, con consecuencias en la salud mental”, agregaba Conde, que veía en las nuevas reglas “la reunificación familiar dificultada”.