Aragón y Madrid lideran las regiones que más recortan sus rentas contra la pobreza tras el ingreso mínimo vital

2022 fue el año del mazazo de la inflación, de la crisis por la guerra en Ucrania, de la escalada brutal de los precios de los alimentos y de la energía. Un año en el que muchas personas se empezaron a nombrar como “pobres” en un momento en el que el bolsillo no paraba de encoger. Ese año, la gran mayoría de las comunidades autónomos siguieron reduciendo su gasto en rentas mínimas de inserción para la población en riesgo de pobreza, práctica que se repite desde el lanzamiento por el Estado del IMV en 2020. Las que más recortan sus ayudas desde entonces, con porcentajes por encima del 80%, son Aragón y Madrid.

Así lo destaca este viernes la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en su informe anual de seguimiento de las rentas mínimas autonómicas a partir de los datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales al respecto. Desde 2020, el gasto en las rentas mínimas autonómicas ha mermado más de un 12%, quebrando “la tendencia al alza que se registraba desde 2011”, denuncian los especialistas en servicios sociales.

Las que más han desplomado su gasto en esta política básica contra la pobreza son Aragón y la Comunidad de Madrid, con recortes del 84,5% y 81%, respectivamente desde 2020. Si miramos al último año, la evolución entre 2021 y 2022, las dos son también las protagonistas de la reducciones de gasto ejecutado: un 67% en el caso de Aragón, gobernada entonces por Javier Lambán (PSOE) y casi un 58% en el caso de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP).

Aunque no todas las comunidades autónomas actúan igual. Por el lado contrario, hay una minoría de regiones que han aumentado su gasto en esta política autonómica contra la pobreza. Son cuatro: las lideran Canarias (+127%), gobernada entonces por el ministro Ángel Víctor Torres, y Baleares (87%), por Francina Armengol, ambos del PSOE, seguidas a más distancia por Catalunya (23%, dirigida por ERC) y la Comunitat Valenciana (11%), también gestionada por el PSOE en 2022.

Aunque el lanzamiento del ingreso mínimo vital (IMV) supuso una inversión del Estado para garantizar un mínimo homogéneo de renta garantizada en todo el país, desde el Gobierno emplazaron a las comunidades autónomas a adaptar sus rentas mínimas para complementar este mínimo. Ya fuera alcanzando a más beneficiarios que quedan fuera del IMV o aumentando las cuantías, por ejemplo.

Hay que recordar que el IMV no cubre a toda la población en pobreza en España, sino a una pequeña parte, y que hay sectores especialmente vulnerables, como las personas sin hogar, que no están apenas percibiendo esta prestación.

El informe del Ministerio de Derechos sociales refleja que sólo 10 comunidades autónomas aportan datos del porcentaje de titulares de rentas mínimas que se encuentran sin hogar, “obteniéndose un 1,81% de personas sin hogar respecto del total de sus titulares”. Extremadura tiene la tasa más alta del 15%, muy cerca de la Región de Murcia, con un 14,7%, seguida de La Rioja con un 7,7%. “Destacan a continuación Región Foral de Navarra (4,21%), Comunidad de Madrid (3,66%) y Cataluña (2,58%). El resto de comunidades autónomas se encuentra por debajo del 2%”, recoge el estudio.

España mantiene altos datos de pobreza

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales alerta de que, como han “denunciado reiteradamente, muchas Comunidades destinaron su 'ahorro' en el presupuesto de sus rentas mínimas a otras cuestiones fuera de los servicios sociales”. Es decir, que no ha repercutido de manera indirecta en otras políticas de acompañamiento o ayuda a las personas en riesgo de pobreza.

Los recortes se producen en un país, España, que –aunque está mejorando– aún se encuentra en las primeras posiciones de la UE en población pobre. Sobre todo en pobreza infantil, como denuncian organizaciones como Unicef y Save The Children, pero también del conjunto de la población, con uno de cada cinco personas que viven con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.

Algunos datos sobre qué implica esta situación: un 2022 aumentó el porcentaje de hogares que no pueden permitirse “una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días”, del 4,9% al 5,4%. También el de hogares que no pueden afrontar gastos imprevistos, que escaló dos puntos, hasta el 35,5%. Es decir, más de uno de cada tres hogares en España. La pobreza energética, de gente que no puede aclimatar sus casas al frío o al calor, escaló a máximos históricos, del 17%.

Es decir, que los gobiernos de las comunidades autónomas tienen un gran colectivo de personas vulnerables a las que deberían atender, gracias a las competencias transferidas en protección social, pero en cambio están mermando su inversión en rentas mínimas. Además, aunque el IMV se ha desplegado especialmente en hogares con niños, Save The Children advertía el mes pasado de que continúa habiendo muchas “barreras” para percibir la ayuda.

Esta situación se refleja en la escasa cobertura de estas prestaciones respecto al total de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, retrata el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Destaca, por su ínfima cobertura, Castilla-La Mancha, cuya renta mínima alcanza apenas al 1% de población en riesgo de pobreza. El Ministerio de Derechos Sociales destaca en su informe que la comunidad gobernada por Emiliano García-Page (PSOE) dejó a sus ciudadanos con una “única prestación de renta mínima: el Ingreso Mínimo Vital”, sin permitir solicitudes a la renta autonómica, pendiente de una nueva regulación.

Madrid, como una de las regiones que más recorta en su renta mínima, se sitúa entre las comunidades que menos cubren a su población en pobreza: un 2%, al igual que Andalucía y Murcia.

Por el lado contrario, destacan Navarra y Euskadi, las regiones que tradicionalmente más protección social han desplegado en rentas mínimas, que cubren algo más de la mitad de su población en pobreza: al 53% y 52%. Son también las dos comunidades con menores índices de pobreza del país, con un 11% de población en el caso de Navarra y un 12% en el de Euskadi.