Manuel Piñar, el juez “obcecado” con Juana Rivas que insultó a medio gobierno

El 30 de junio de 2024 fue el último día del juez Manuel Piñar Díaz como titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada. Colgó la toga de forma anticipada tras una controvertida carrera de casi tres décadas. Su jubilación “no fue recibida como una mala noticia” en determinados círculos judiciales de la ciudad andaluza, reconoce un abogado que lo ha tratado durante años, antes incluso de que su nombre saltara a la primera plana de los periódicos tras llevar a prisión a Juana Rivas por huir con sus hijos para no entregarlos a su padre, denunciado por maltrato.

La decisión de la Fiscalía italiana de acusar a Francesco Arcuri, expareja de Rivas, de maltratar a los hijos de ambos ha devuelto a la actualidad el nombre de un juez que acumula en su haber un historial de resoluciones polémicas, especialmente en casos relacionados con mujeres y violencia machista, y que tiene dos causas pendientes en los tribunales.

El magistrado firmó en 2018 la sentencia que condenó a Rivas a cinco años de cárcel, seis de pérdida de la patria potestad y 30.000 euros de multa por dos delitos de sustracción de menores. En esa resolución acusó a la madre de Maracena de “explotar el argumento del maltrato” o utilizar los medios de comunicación e incluso valoró el “equivocado” asesoramiento legal recibido por la mujer. Además, llegó a preguntarle durante la vista por qué había vuelto con Arcuri a pesar de haberlo denunciado años antes. 

En abril de 2021, el Tribunal Supremo revocó parte de la sentencia: redujo la pena a dos años y medio y la multa a 12.000 euros. Sin embargo, la firmeza de la resolución derivó en la entrada en prisión de la mujer. Medio año después, el Gobierno le concedió el indulto parcial y acortó la pena a 15 meses, lo que en la práctica y dado el tiempo que ya había cumplido, suponía su excarcelación.

Pero Piñar reapareció de nuevo. Rechazó que saliera de la cárcel con el argumento de que, como no se había arrepentido, “podría representar un grave peligro para sus hijos”, contra el criterio de la Fiscalía y de la Justicia italiana, que permitió a los menores pasar la Navidad en España con su madre.

Días después, Instituciones Penitenciarias le otorgó el tercer grado para que cumpliera la pena en su casa con pulsera telemática. En marzo de 2022, la Audiencia de Granada acabó revocando la decisión del juez Piñar y la mujer quedó en libertad cinco años después de huir con sus hijos para evitar ponerlos en manos del hombre al que, ahora, la Fiscalía italiana acusa de maltratarlos. Para entonces, su caso ya se había convertido en paradigma de una justicia patriarcal en la que todavía persisten los estereotipos de género. 

Antes de ese caso el juez ya acumulaba otras resoluciones polémicas. Por ejemplo, en una sentencia de 2011 aseguró que la Fiscalía impedía “la adecuada persecución de algunas falsas denuncias por falsas maltratadas” por “el excesivo celo ideológico” de proteger a la mujer. En realidad, las valoraciones personales de Piñar en sus sentencias se remontan a décadas atrás. En 1999, rebajó una indemnización a una mujer que había sufrido un accidente porque la cicatriz que le había quedado solo se veía “en situaciones íntimas” y porque “viendo la belleza y el atractivo de la persona” podría ser “un elemento de atracción física”.

“Obcecado” con Juana Rivas

Piñar accedió a la judicatura en 1997 por el llamado cuarto turno, por concurso de méritos y experiencia, sin pasar una oposición. Dicen quienes le conocen que ha cultivado durante años cierta fama de “justiciero”. Y que, especialmente con el asunto de Rivas, ha podido caer en la “obcecación”. No en vano sus comentarios en redes sociales evidencian su querencia por el desprecio a las políticas de igualdad y el feminismo. También ha mostrado sin tapujos su oposición al Gobierno de coalición, con descalificativos personales hacia varios miembros del Ejecutivo, como Pedro Sánchez o Fernando Grande-Marlaska, pero también hacia exministros como Irene Montero, José Luis Ábalos o el exvicepresidente Pablo Iglesias.

En esas publicaciones, el juez utilizó el término “bazofia feminazi” o ilustró con el comentario “comunismo feminazi” una información sobre un viaje de trabajo que la exministra de Igualdad Irene Montero realizó a Nueva York. En otro momento aseguró que existen “cientos de casos de falsas denuncias [de mujeres migrantes] buscando regularización”. O escribió “ladrones, corruptos y encima con orgullo. Herederos de José María el Tempranito [sic]” acompañado de una foto del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. 

En una de las publicaciones compartidas, publicada por otro usuario, mostró un fotomontaje de Sánchez con las manos manchadas de sangre, al que se le acusaba de ser “presidente gracias a estar de rodillas delante de los herederos de los asesinos” de Gregorio Ordóñez, asesinado en enero de 1995 por ETA. En otra, se llamaba “miserable” a Irene Montero y en otra se insinúa que es “gilipollas” por un informe del Instituto de la Mujer en el que se recoge que los hombres contaminan más que las mujeres. A ella y también a Iglesias les llamó “xorizos” en otro de sus post. 

El letrado de Rivas, Carlos Aránguez, consideró que eran publicaciones impropias de un juez y puso algunas de ellas en conocimiento del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces rechazó sancionar al juez en julio de 2023 al entender que no se había identificado como magistrado cuando escribió esos comentarios y que, por tanto, lo hizo “a título particular como mero ciudadano” y no como miembro de la judicatura. 

El abogado llevó esos mensajes a los tribunales como un posible delito de odio. En su declaración en el juzgado, el pasado febrero, negó haberlos publicado y se declaró víctima de una “persecución”. “No tengo nada que ver con esos comentarios que me atribuyen. No soy el autor. Denuncio en este acto una vulneración de importantes derechos fundamentales y una persecución marcada a nivel político. Esto recuerda a épocas pasadas”, afirmó ante el Juzgado de Instrucción 8 de Granada, según los vídeos de esa declaración publicados por laSexta. 

Durante el interrogatorio, el entonces juez también aludió a un artículo de opinión de Antonio Maestre publicado en elDiario.es titulado ‘Los jueces fachas que odian a Irene Montero’ para sustentar su tesis de que es víctima de una “persecución”. Sin embargo, en ese artículo no aparece citado ni él ni el resto de magistrados a los que aludió ante el juez (Manuel García Castellón, Concepción Espejel…). “Dice que somos filofascistas. Esto es elDiario.es, un diario que parece de izquierdas”, sostuvo Piñar para tratar de probar un señalamiento por parte de este diario. Aránguez afirma que la instrucción de esta causa está cerca de finalizar. Y recuerda que tiene además otra investigación abierta por un posible delito de falso testimonio en la que está citado a declarar el próximo 14 de enero.

En septiembre de 2024 sí fue sancionado por el CGPJ por otro asunto: enviar al diario ABC un comunicado en el que mencionaba datos sobre unos presuntos abusos a uno de los hijos menores de Rivas. Ese comunicado fue remitido al citado medio en diciembre de 2021, poco después de resistirse a aplicar el indulto aprobado por el Gobierno. En este caso, la autoridad disciplinaria del CGPJ lo consideró autor de una infracción grave por revelar datos sensibles de un menor “que nunca debieron ser revelados”. Le impuso una multa de 1.500 euros que Piñar recibió cuando ya está disfrutando de su jubilación.