El PP pacta in extremis con la izquierda y no derogará la ley balear de Memoria, como le imponía Vox

El PP acaba de dar por roto cualquier tipo de relación con Vox en Balears y se abstendrá en el debate de derogación de la Ley de memoria democrática tras alcanzar in extremis un acuerdo con los grupos de izquierda. A cambio, tanto PSIB-PSOE como los ecosoberanistas de Més per Mallorca y Més per Menorca se han comprometido a dar su apoyo a la supresión de las 34 enmiendas que la extrema derecha presentó al Decreto Ley autonómico de simplificación administrativa, y que los conservadores incorporaron hace dos semanas por error, retrotrayendo con estas medidas la legislación balear a décadas atrás en materia medioambiental y de normalización de la lengua catalana.

La votación iba a llevarse a cabo en el pleno de este martes, pero finalmente ha sido retirada del orden del día y se incluirá en la sesión de la próxima semana, en la que también prevé validarse el decreto dirigido a subsanar las enmiendas que el PP apoyó por equivocación. La ruptura de los acuerdos con Vox sí ha marcado el desarrollo del pleno.

A las puertas de la Cámara, mientras tanto, se concentraban cerca de doscientas personas que inicialmente habían sido convocadas por la Plataforma per la Memoria Democràtica para decir “no” a la derogación de la normativa y defender “la memoria, la justicia y la reparación” frente a “las políticas involucionistas de PP y Vox”. Tras conocer que el PP finalmente no apoyará la derogación, los participantes han celebrado el posicionamiento de los conservadores, aunque han lamentado que se utilice la memoria histórica “como moneda de cambio”, como ha puesto de manifiesto, en declaraciones a elDiario.es, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver.

Hasta el momento, los populares habían mostrado su firme respaldo a la eliminación de la Ley de memoria democrática, aprobada durante la primera legislatura del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol (2015-2019). Su supresión fue incluida en el pacto alcanzado al inicio del actual mandato por PP y Vox, compuesto por hasta 110 medidas. A cambio de aceptar la eliminación de esta normativa, los de Santiago Abascal se comprometían a abstenerse en la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.

El pasado mes de junio, Plataforma per la Memoria Democràtica exigió, mediante una carta dirigida a los conservadores, su consideración hacia “las más de 2.000 víctimas asesinadas” por el fascismo en Balears, “las más de 10.000 víctimas encerradas en prisión” durante el periodo de la Guerra Civil y la dictadura franquista, las que “sufrieron condenas y sentencias a muerte manifiestamente injustas”, las que fueron “ejecutadas extrajudicialmente” y las que “sufrieron desapariciones forzadas”, además de tener presente “el sufrimiento que están ocasionando de nuevo a sus familias”.

“Cojan sus nombres y háganlos suyos como personas que nos precedieron en la lucha por la democracia demostrando así que son un partido democrático; posiciónense al lado de las víctimas, defiendan, con la no toma en consideración de la derogación a petición de la extrema derecha de una Ley que sólo ha otorgado derechos y beneficios, que la memoria no es una cuestión de partidos políticos sino de derechos humanos”, imploraban desde el colectivo memorialista. Preguntado este martes por el hecho de haber cambiado su posura, el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha manifestado que la supresión de esta normativa “nunca ha sido una prioridad para el PP”.

En concreto, la derogación fue promovida mediante una Proposición impulsada por Vox en línea de lo efectuado por la extrema derecha en otras Comunidades Autónomas en las que gobierna junto al PP. Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo se convirtió en uno de los compromisos clave que sellaron las derechas y su objetivo pasa por sustituirlas por leyes que han llamado “de concordia”.

En Balears, entre los alegatos que el partido expone en el documento presentado en la Cámara, recrimina que la Ley “atenta contra la igualdad de todos los españoles”, dado que, a su juicio, “vulnera el artículo 14 [de la Constitución] que sirve de llave para los derechos fundamentales”. “Esta ley procede a discriminar y apartar a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas, como por ejemplo el bando en el que lucharon”, señalan los de Santiago Abascal, a pesar de que esa parte a la que aluden gozó durante una dictadura de casi 40 años de honores, reconocimientos y cuantiosas pensiones públicas.

La Ley de Memoria y Reconocimientos Democráticos que pretende derogar Vox establece que dado que la democracia es “una conquista de la ciudadanía”, hay que “conocer de dónde venimos, conmemorar esta conquista, difundir sus valores y preservarla ante las amenazas de totalitarismo” que todavía la acechan. Así, la ley pretende el “reconocimiento y la garantía de los derechos a la reparación, a la verdad y a la justicia de todas las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista”. La norma, además, supone no solo la condena de la dictadura franquista sino que rechaza también cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático. “Solo desde esta premisa democrática podemos restablecer la memoria de las víctimas”, afirma la ley.

Le Senne rompe el retrato de Aurora Picornell

Cabe recordar que, el pasado 18 de junio, la Cámara tomó en consideración la Proposición de Ley de Vox en un pleno que se desarrolló con gran tensión política después de que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), rompiese el retrato de la republicana Aurora Picornell y las conocidas como 'rojas del Molinar', fusiladas por los franquistas la noche de reyes de 1937. Los hechos provocaron una oleada de indignación dentro y fuera de Balears y llevaron a los grupos de izquierdas (PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podem) a instar la destitución de Le Senne, dirimida en un pleno extraordinario en el que el PP se abstuvo para facilitar su continuidad al frente de la Cámara. “Les animo a pasar página, todos nos hemos comportado este martes de forma muy civilizada y me gustaría que siguiéramos así”, expuso Le Senne, segunda autoridad de Balears, quien sí se encuentra imputado por un presunto delito de odio a raíz de aquel episodio. 

Entre otros hitos, la Ley de memoria democrática balear ha posibilitado delimitar la consideración de víctimas -organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o LGTBI, víctimas de bombardeos, bebés robados, etc.- con el objetivo de identificarlas a través de un Censo de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Bajo el amparo de esta normativa también se ha declarado la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones de las causas penales, civiles y administrativas dictadas por razones políticas en las islas.

En esta línea, la normativa ha dado cobijo a la puesta en marcha una Oficina de Atención Directa para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y sus familiares. También es una iniciativa pionera en España. Del mismo modo, se ha creado una nueva figura de protección en Balears: los Espacios e itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos. También ha permitido declarar el 29 de octubre como fecha simbólica de recuerdo y reivindicación de los valores democráticos y la lucha por la libertad, así como confeccionar un censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas que han tenido que ser retirados por las instituciones públicas.